Martin Lucero (*)
Casi todos los partidos políticos ponen la educación como uno de sus ejes de campaña por su importancia como derecho personal y colectivo, su trascendencia comunitaria y lo ineludible del arraigo histórico que tiene en nuestra cultura como herramienta de ascenso social.
Nadie se priva de hablar de “calidad educativa”, de “priorizar los aprendizajes”, de “poner en el centro a los alumnos y alumnas” y, por supuesto, de “jerarquizar la tarea de la docencia”.
Podríamos hacer un decálogo de lugares comunes en los que toda “plataforma de campaña”, que se precie de tal, va a “caer”.
Los debates previos a las elecciones no aportan mucho. Las declaraciones de los candidatos o candidatas reiteran vocablos como elevar, evaluar, contener, invertir, respetar; e intercalan problemáticas tales como reformas educativas, contenidos, infraestructura y la relación con el personal docente.
El conflicto empieza cuando se hace efectiva la gestión. Las complicaciones que se presentan en el manejo del Estado y la administración de la “cosa pública” hacen que las políticas que no tengan un diseño sólido y consistente, naufraguen tan rápido como se recita un slogan.
El problema es que las promesas no se olvidan con tanta celeridad.
El pasado 12 de Julio 2023 –en plena campaña electoral para las Paso– el actual Gobernador (electo cinco días después) prometía, en una entrevista pública, la continuidad de las paritarias docentes y de la cláusula gatillo.
Las paritarias comenzaron el 31 de julio 2023 y la oferta se aprobó el 10 de agosto con una inflación del 6,3 por ciento el mes anterior. Como siempre sucede en todas las propuestas salariales el acta fue debatida, votada y aceptada por las bases de los sindicatos. Vale recordar que la aceptación fue por margen muy estrecho en todos los gremios.
Sostener que los “sindicatos sabían que el acuerdo era de difícil cumplimiento” es una afirmación sin sustento y muy objetable, no solo porque el actual Gobernador era un defensor de la “cláusula gatillo” cuando aún era candidato (¿Cómo podría prometer algo que era de difícil cumplimiento?) sino porque, además, la obligación es del Estado que “ofrece”, no de la docencia que “acepta el ofrecimiento”.
Subestimar las decisiones gremiales tomadas de manera democrática es ofensivo.
No se escucharon en su momento objeciones de Maximiliano Pullaro y del resto de los candidatos a los acuerdos paritarios suscriptos por el gobernador saliente.
Incluso, ya en funciones, pagó el aguinaldo y el sueldo de diciembre (los primeros días de enero) de acuerdo al decreto que homologa la paritaria, sin cuestionamientos a la norma.
El 4 de enero 2024 se convocó a los sindicatos docentes a la paritaria. No hubo discusión salarial porque las partes coincidieron en que era necesario saber el monto de la cláusula gatillo de diciembre, de acuerdo a los índices de la inflación, para que el sueldo sea, como es lógico, el piso de la discusión del salario 2024.
Sin mayores acciones, el 24 de enero, en la segunda reunión de paritarias, el gobierno “notificó” que no se iba a pagar la diferencia salarial por la situación económica de la provincia, desconociendo cualquier acuerdo previo. El falso silogismo expuesto fue que, como “no hay plata”, no hay deuda.
Este es el eje central del conflicto actual. Si la provincia no tiene fondos, lo correcto es reconocer la deuda y, por ejemplo, hacer una propuesta de pago de lo adeudado.
Salvo en las obligaciones naturales, que no es el caso, no existe en el mundo jurídico la eliminación de la deuda de manera unilateral porque la parte que tiene que pagar no tiene dinero.
Por el contrario, la gente “de a pie”, cuando no paga, sufre intimaciones, embargos, inhibiciones o remates.
Muchas veces de parte del propio Estado que no “borra” deudas por impuestos a gente que no puede pagar.
El “no hay plata” no aplica cuando es el ciudadano el que debe. El razonamiento es tan elemental que hace inentendible cómo el gobierno de Santa Fe, a menos de dos meses de asumir, lleva a todos los gremios docentes a un conflicto evitable.
La base de una negociación es la buena fe, entendida como la voluntad de las partes de cumplir los acuerdos alcanzados. Los incumplimientos debilitan la confianza, entorpecen las negociaciones y le quitan valor al ámbito paritario.
Nadie desconoce la complejidad de la situación económica de nuestro país. En una mesa de negociación es una facultad del gobierno conformar su propuesta salarial de acuerdo a lo que estime razonable.
La historia paritaria ofrece ejemplos de todo tipo: aumentos porcentuales anuales, aumentos por tramos, blanqueos, sumas fijas, sumas no remunerativas, bonos, complementos salariales, compensaciones por materiales o vestimenta, actualizaciones automáticas por inflación, actualizaciones pautadas en meses específicos para compensar inflación acumulada, y hasta hubo propuestas de cláusula gatillo actualizada por inflación pero efectiva hasta el tope de recaudación.
Sin dudas, pueden existir muchas formulaciones más. Siempre hay una salida a futuro. Nunca es borrando para atrás.
En la paritaria docente, las partes son dos: el Estado y los sindicatos; con independencia de quienes eventualmente conduzcan.
Es por eso que cuando la gente pierde la confianza en la paritaria no lo hace sobre las personas: deja de confiar en las instituciones.
Nunca en la provincia de Santa Fe un gobierno desconoció la firma de un acuerdo salarial.
Si Maximiliano Pullaro, el quinto gobernador que pasa por la Casa Gris desde la vigencia de la Ley de Paritarias docentes sancionada bajo el Gobierno de Hermes Binner, lo hiciera, sería una mácula que lo alejaría por siempre del legado de su mentor, el gobernador Miguel Lifstchiz.
No se puede poner en tela de juicio su legitimidad electoral ni su firme voluntad que lo ha llevado a ser víctima de incontables amenazas contra su persona y su familia por enfrentar la delincuencia, lo que merece el repudio y la solidaridad de toda la población.
Pero esa legitimidad electoral también debe ser refrendada con el cumplimiento de las promesas de campaña, con la coherencia entre el decir y el hacer.
Sin duda, muchos docentes confiaron en sus promesas respecto de la vigencia cláusula gatillo y de que los sueldos le ganarían a la inflación. No es justo defraudarlos a tan poco tiempo de asumir.
Las conducciones de los sindicatos docentes expresan una representación cuyo mandato es defender los derechos laborales del sector.
El mandato del Gobernador no es distinto: es a lo que se comprometió al momento de pedir el voto.
Es por eso que hay una sola respuesta posible para salir del conflicto: cumplir con la deuda. Porque más allá de cuál firma conste al pie de un decreto, el valor de la palabra sigue siendo la mayor obligación de los gobernantes.
Pullaro asumió el compromiso con la docencia, es su deuda. Es hora de honrarla.
(*) Secretario general del Sindicato de Docentes Particulares Rosario (Sadop)
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