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La desaparición del “Estado piramidal”

Por: Eduardo Mondino.

Cristina no percibe la necesidad de la legitimación social de sus acciones.
Cristina no percibe la necesidad de la legitimación social de sus acciones.

Sin duda, lo más difícil de aceptar por los hombres son los cambios, fundamentalmente aquellos no inducidos por su accionar. En política esto suele ser más traumático, porque está vinculado al ejercicio del poder y sus reglas.

 A nuestras jóvenes democracias latinoamericanas las fuimos construyendo dentro de los parámetros que cada pueblo, por su historia, idiosincrasia y cultura, entendió que debía transitar en búsqueda de su consolidación. Pero mientras esto ocurría, en el mundo se producían cambios sustanciales acordes con nuevos requerimientos de la sociedad moderna.

 El hombre en la actualidad está atravesado por los fenómenos de la comunicación y la tecnología que modificaron centralmente los canales de opinión e información de los ciudadanos, creando nuevas pautas culturales y de convivencia social, cuyas bases hoy son la diversidad y la fragmentación. Esto implica, literalmente, que se debe modificar la forma de relacionarse desde el poder con la ciudadanía. Ha concluido hace tiempo el “Estado piramidal”, aun desde la legalidad que otorga un gobierno elegido democráticamente por la voluntad popular.

 La toma de decisiones importantes desde la cúspide del poder sin acuerdos, sin consultas, sin información previa ni debate es objetada y lo será cada vez más por la comunidad desde un nuevo concepto: la legitimidad social de las acciones de gobierno.

 Error grave.

 Decidir o decretar desde el poder y dar por hecho que el cuerpo social lo acepte mansamente es un grave error conceptual de este tiempo político y social. No en vano se profundiza en el mundo la utilización de nuevos instrumentos de participación ciudadana, previos a la toma de decisiones: audiencia pública, iniciativa popular, consulta popular, referéndum, plebiscito, etcétera, temáticos o generales según sean las circunstancias.

 A los ciudadanos hoy no les interesa ser protagonistas únicamente en un proceso electoral. Aspiran a que su opinión tenga valor de manera permanente, no sólo cuando deben elegir hombres o mujeres para que los representen en distintos ámbitos de poder, sino también cuando los elegidos toman decisiones que afectan sus derechos. Ésa es la composición de la sociedad de hoy, que me atrevo a considerar una “sociedad de conflicto”, por lo cual conducir una comunidad que por distintas razones tiene el conflicto latente, requiere partir de un principio fundamental: los Estados modernos y sus gobernantes nunca deben ser parte del conflicto, para no desnaturalizar su autoridad pública.

 Creo que en estos días tenemos una prueba más que elocuente del fin del “Estado piramidal” en nuestro país. El DNU del Bicentenario es una muestra cabal de ese final; este gobierno produjo desde sus comienzos un sistemático ejercicio del poder desde ese vetusto y viejo método, sin percibir la necesidad de la legitimación social, pero el periplo recorrido por este famoso DNU lo pone de manifiesto en toda su dimensión.

 Hasta su derogación y reemplazo por otros decretos son la ratificación de una metodología absolutamente carente de cualquier principio moderno de acuerdos y consensos mínimos en una democracia del siglo XXI. Seguir transitando desde el poder político con un método terminado en las prácticas políticas modernas desde lo teórico y desde lo fáctico es un acto de claudicación política ante la adversidad.

 En estos tiempos de procesos dinámicos, cambiantes, donde las mutaciones son una constante, la adaptación a esos cambios, la capacidad de rectificar rumbos, los diálogos, acuerdos y aun los disensos concertados desde la pluralidad de ideas, son los únicos mecanismos para ejercer el poder y sostener el principio de autoridad. La pérdida de autoridad y poder es la obstinación en sostener posiciones intransigentes y contrarias a los cambios y a la demanda social.

División.

El día que la presidenta Cristina de Kirchner inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso, anunció un DNU en el palacio de las leyes y, con un repaso exhaustivo con datos y cifras de los logros de su gestión y la de su marido, marcó la división entre “lo real y lo mediático”. Lo hizo casi a modo de reproche y enojo hacia los legisladores, medios de comunicación, jueces y, diría más, hacia la sociedad que, a su entender, debería idolatrarlos. Vaya uno a saber por qué eso no ocurre. Más bien, ¿no debería interrogarse ella misma sobre por qué sucede lo contrario?

Del otro lado del Río de la Plata asumía José Mujica la presidencia del Uruguay, hablando de la unidad, de los acuerdos, del consenso, de la concertación, del diálogo social, de la diversidad de ideas. Habló de un Estado moderno, democrático, participativo, simplemente de una Nación que hace tiempo decidió dejar atrás el viejo modelo del “Estado piramidal”, al que lamentablemente la presidenta se abraza cada día más.

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