Ana Laura Píccolo
La construcción de una planta de saneamiento para que Rosario pueda tratar sus efluentes cloacales e industriales antes de volcarlos en crudo al río Paraná, y así evitar riesgos para la salud y el ambiente, es el eje de una causa civil que tramita hace cinco años ante la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri.
La semana pasada se realizó la primera audiencia de conciliación, una instancia clave ya que las partes pueden alcanzar un acuerdo en materia ambiental que, por tratar cuestiones de orden público, requiere ser homologado ante un juez. Aunque nada de eso ocurrió.
Tanto la empresa de servicios públicos Aguas Santafesina SA (ASSA) como el Estado provincial (uno de sus mayores accionistas) mencionaron que están trabajando en un proyecto de colaboración mutua para la construcción de una planta de saneamiento, pero no lo presentaron.
Esa fue la respuesta que recibió la Asociación Civil Cuenca Río Paraná al iniciar la audiencia de conciliación invitando a los demandados a que formalicen un plan concreto de ejecución de obra y puesta en funcionamiento de la planta, dentro de un plazo razonable.
Fracasada esa instancia conciliatoria la audiencia continuó su curso rumbo a lo que promete ser un largo proceso judicial que ya lleva cinco años. La próxima etapa es definir pruebas, pericias y testimoniales que faltan realizar, un punto neurálgico en la causa que ya desató fuertes controversias entre partes.
En especial porque los directivos de Aguas Santafesinas SA pusieron en duda que el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento pueda producir algún tipo de contaminación en el río Paraná que implique riesgos para la salud pública o el ambiente.
Para ello, los abogados de ASSA desestimaron la pericia que realizó en fuero penal la Policía Federal Argentina, a pedido del fiscal federal Claudio Kishimoto, que arrojó cifras escandalosas de sustancias infecciosas en la zona de vuelco, y pidieron que se hagan nuevos estudios.
Aguas Santafesinas pone en duda que el vuelco de efluentes cloacales contamine el río Paraná
La propuesta fue que se tomen muestras periódicas durante 12 meses para ser analizadas estadísticamente, planteo que la jueza Aramberri ya avaló en una resolución anterior duramente resistida por la ONG actora, que cuestionó que haya aceptado un estudio científico que determine “si el río Paraná permite la purificación en forma natural de los líquidos sanitarios sin tratamiento”. Adujeron que es “ambientalmente inadmisible utilizar el río para eliminar el efecto contaminante de los efluentes cloacales, muchos de ellos no degradables”.
“Vemos que no hay una celeridad en el proceso judicial y van a producir pruebas innecesarias siendo que a esta altura ya debería estar decidiéndose el final de la causa. Porque hay que recordar que el único objeto de esta demanda es que se construya una planta para tratar los efluentes. Y esa necesidad de saneamiento ya está reconocida por el Estado provincial y por Aguas Santafesinas. Por eso entendemos que el proceso ya debe definirse con una sentencia definitiva, porque no estamos demandando otra cosa que la construcción de una planta de tratamiento, no demandamos sumas de dinero por indemnización, ni reparación de ningún daño ambiental”, dijo el abogado Fabián Maggi de Cuenca Río Paraná.
En ese sentido reclamó que no se está aplicando el principio preventivo o el precautorio, siendo que el escenario de riesgo ambiental es “indiscutible” y los resultados de las pericias oficiales son “categóricos”. Entre las cifras que figuran en el fuero penal mencionan el vuelco de 350 millones de litros de efluentes cloacales por día al río Paraná y análisis de laboratorio tomados en la zona de vuelco que detectaron valores elevadísimos de sustancias infecciosas como Escherichia coli, además de metales pesados considerados residuos peligrosos.
“Creemos que ya tiene que haber un sentencia definitiva porque tanto el Estado provincial como Aguas Santafesinas reconocen que se debe construir una planta de saneamiento y lo único que falta es que se ponga una fecha cierta y se cumpla con ese cronograma”, repitió Maggi y resaltó que se necesita un compromiso formal porque en las últimas décadas hubo varias promesas que nunca cumplieron.
“Esta no es la primera vez que Aguas Santafesinas y la Provincia dicen que están trabajando en un proyecto y después no lo construyen. Ese es nuestro temor, porque ahora hay una presión de la sociedad con esta demanda y argumentan que lo están proyectando pero no se quieren comprometer a decir cuándo, dónde y cómo”, agregó Maggi.
“Entonces, si los extremos fundamentales que invoca la demanda ya están reconocidos por los demandados, no tiene sentido que el proceso judicial continúe innecesariamente trabajando con pericias que implican pérdida de tiempo y de recursos económicos para determinar si contaminan mucho o poco. Desde el momento que ASSA y la Provincia reconocen que están trabajando en un proyecto de saneamiento es porque ellos mismos saben que esos efluentes son contaminantes, más allá de cualquier negativa que formulen irresponsablemente”, esgrimió el abogado.
“Creemos que el Poder judicial debería dictar una sentencia que ponga un plazo razonable para la ejecución y funcionamiento de la planta. Es absurdo estar discutiendo si el vuelco de cientos de millones de litros diarios de efluentes sin tratamiento al río Paraná determinan un riesgo ambiental y en la salud de la población”, concluyó Maggi quien citó una ley del año 1890 que lo prohíbe expresamente y recordó que “ante un peligro de daño grave o irreversible, la eventual ausencia de información o de certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente”.
Directivos de Aguas Santafesinas se negaron a declarar en una causa por contaminación
Comentarios