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Oeste santafesino

La degolló delante de su hija de 12 años como final de historia de violencia: preso hasta el juicio

Mariel Zimmermann fue atacada con un cuchillo en el interior de su casa. La fiscalía contó que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género. El agresor luego se entregó en la comisaría de la localidad de Humberto Primo


Mariel Alejandra Zimmermann tenía 52 años y fue asesinada en su casa de la localidad de Humberto Primo frente a su hija de 12 años en octubre del 2022. Por el femicidio fue detenida su pareja, de 56 años, quien quedó en prisión preventiva y ahora la Cámara Penal confirmó la medida cautelar de encierro impuesta por el juez de la instrucción penal preparatoria.

El femicidio ocurrió en los primeros minutos del 26 de octubre del 2022 en la casa familiar que compartía Mariel Alejandra con su agresor identificado como Cirilo Eduardo Bravo, ubicada en Güemes al 100 de Humberto Primo.

“Luego de una discusión, el hombre investigado tomó un cuchillo y, con la intención de matar a su cónyuge, la agredió de manera violenta”, dijo el fiscal Martín Castellano y agregó “le realizó un corte del lado derecho del cuello”.

Toda la secuencia fue presenciada por la hija menor de edad del matrimonio. El fiscal dijo que “no se trató de un acto aislado, sino que fue el corolario de distintos episodios de violencia de género previos desplegados por el imputado” y agregó que “los antecedentes implicaron sometimiento y maltrato de la víctima, con un permanente menoscabo y desprecio de su dignidad como mujer”. En tal sentido, resaltó que “el imputado cometió el delito en un claro contexto de violencia de género”.

El sospechoso tomó a su hija y la llevó hasta la casa de un familiar y luego se presentó en la comisaría 7° del lugar donde quedó detenido y se secuestró la moto Honda Wave 110 centímetros cúbicos que usaba para movilizarse.

Tras su declaración el cuerpo de Mariel Alejandra fue encontrado en su casa, los agentes de la Agrupación Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V la trasladaron hacia la morgue del hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde se realizó una autopsia.

Bravo fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer y mediando violencia de género. Quedó en prisión preventiva, medida cautelar que fue confirmada por el camarista de Rafaela, Sergio Alvira.

La Defensa había solicitado medidas alternativas no privativas de la libertad para el imputado y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria. No obstante, el camarista no hizo lugar al requerimiento y mantuvo la cautelar por el plazo de ley, tal como se venía cumpliendo a pedido de la Fiscalía, contó la fuente fiscal..

Castellano valoró la confirmación de lo resuelto en primera instancia. Señaló que “el camarista entendió que se puede afirmar con el grado de probabilidad que esta instancia requiere que el acusado cometió el hecho que se le imputa”, y agregó que “también contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y los riesgos procesales están vigentes”.

Por otra parte, el funcionario del MPA añadió que “en su resolución, el magistrado destacó que en la audiencia en la que se trató la cautelar se desplegaron evidencias sólidas que no fueron contradichas por la defensa”, recordó la fuente.

Asimismo, indicó que “el camarista consideró que, si bien el imputado se presentó en una comisaría luego del femicidio, nada implica que, a sabiendas de la magnitud y las consecuencias del hecho que presuntamente cometió, no pueda cambiar de parecer y desvincularse del proceso o efectuar actos de entorpecimiento en la investigación”.

A su vez, “el juez de segunda instancia destacó que se trata de un caso de violencia de género, por lo que no cautelar correctamente el proceso judicial nos ubicaría en una situación que colisionará con los compromisos internacionales de investigación eficaz y debida diligencia asumidos por el Estado en la materia”, remarcó Castellano.

En cuanto al pedido de detención domiciliaria, el fiscal mencionó que “fue por supuestas cuestiones de salud”. Al respecto, subrayó que “no se demostró que el imputado tenga patologías que no puedan ser tratadas en un establecimiento penitenciario, que no esté en condiciones de ser hospitalizado bajo custodia, ni que padezca una enfermedad terminal o sea una persona discapacitada”.

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