Los cuatro ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación estarán este jueves en Rosario para participar, junto a integrantes del Consejo de la la Magistratura y jueces federales de todo el país, de un debate sobre la problemática del narcotráfico, cuya vinculación con la violencia se expone en los 105 asesinatos cometidos en la región en lo que va del año. El foro, organizado por la Asociación de Jueces Federales, tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario entre las 11 y las 13.30. En ese marco, por fuera de la problemática convocante, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, culturales y políticas se concentrarán en Córdoba y Moreno para repudiar al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Dentro de la Facultad, será precisamente Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura –el organismo que decide el nombramiento y la remoción de jueces– el encargado de la apertura, acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
El encuentro de jueces, camaristas, consejeros y miembros del máximo tribunal se realizará bajo la consigna: “El juzgamiento del narcotráfico”, y la selección de la sede procura dar una señal de apoyo a la Justicia federal rosarina. “Estamos muy preocupados”, marcó el secretario General de Ajufe, el juez federal Ariel Lijo, en referencia a lo que ocurre en Rosario. “La Justicia federal no puede ser ajena al tema del narcotráfico, ser espectadora o simplemente comentarista de lo que pasa”, advirtió.
Lijo explicó que la elección de la ciudad “no es casual” y que el encuentro procura, entre otros objetivos, “apoyar a los jueces”.
“En Rosario existe la violencia asociada al narcotráfico, que es un flagelo para la gente, y el Poder Judicial debe generar respuestas y propuestas para superarlo, no sólo juzgar los casos que nos llegan”, sostuvo el juez.
Tras la apertura del encuentro habrá un panel sobre “Investigación y juzgamiento del narcotráfico”, a cargo de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aníbal Pineda; el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros; la jueza Karina Perilli, de un tribunal Oral Penal Económico, y Miguel Guerrero, juez federal de la localidad de Eldorado (Misiones).
En el anuncio del encuentro, los organizadores destacaron como “el principal problema que atraviesa Rosario desde hace una década” a la violencia vinculada al tráfico y comercio de drogas y la ferocidad de “las organizaciones criminales que disputan ese mercado ilegal”. Y citaron datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, que marcan que de los 97 homicidios cometidos en Rosario entre enero y abril pasados, “el 84,6% fueron cometidos con armas de fuego; el 20,5% tuvo como víctimas a chicos de entre 15 y 19 años; y el 61,9% tuvo como contexto las disputas entre organizaciones criminales por porciones de mercado de la economía ilegal”.
De la actividad participarán el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y los tres senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada, Dionisio Scarpín y Marcelo Lewandowski.
Es que uno de los temas que se hablarán es el refuerzo de la Justicia federal en Rosario, que cuenta con sólo dos juzgados en materia penal, cuyos jueces –Vera Barros y Marcelo Bailaque– subrogan a la vez juzgados de San Nicolás y Santa Fe.
Y de los tres Tribunales Orales Federales que existen en la ciudad, y que se encargan de los juicios orales y las sentencias del narcotráfico, uno no tiene ningún juez nombrado.
Además la Cámara Federal de Apelaciones, que cuenta con dos salas de tres miembros cada una, está con dos vacantes por jubilación que no fueron cubiertas.
Con esos datos, el lunes el gobernador Perotti se reunió con legisladores nacionales por Santa Fe de todos los partidos para organizar una presentación conjunta con el fin de “impulsar la creación de juzgados y fiscalías federales en la provincia”, y cubrir las vacantes existentes.
Junto con Mendoza, Santa Fe es la otra provincia en la que debería implementarse el sistema acusatorio –establecido en la reforma del Código Procesal Penal Federal para simplificar todo el sistema– en la Justicia federal, que hoy sólo se aplica en Salta y Jujuy.
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