La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cerró definitivamente la causa contra la fiscal sanlorenciana Melisa Serana. La causa, que ya había sido desestimada en otras instancias judiciales, subió a la Corte, que ahora cerró la causa. “Terminó lo que nunca debió empezar. La Corte santafecina cerró definitivamente el caso. Una persecución penal al margen de la ley, un baldón para el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Algo que no debería repetirse”, dijo en las redes sociales el abogado de la fiscal, Gustavo Feldman.
Todo empezó con la investigación por juego clandestino contra el ahora condenado Leonardo Peiti abrió una investigación secundaria cuando se conoció que el empresario tenía vinculaciones en la Fiscalía Regional Rosario, en donde obtenía información y protección a cambio de abultadas sumas de dinero. Quedaron en la mira el entonces fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini. Con este último la fiscal Melisa Serena mantuvo una conversación y sus pares Matías Edery y Luis Schiappa Pietra la acusaron de que en esa charla obtuvo información que la obligaba a iniciar una investigación y no informó a sus superiores. La funcionaria del MPA quedó a un paso del juicio oral pero una revisión de Cámara, a cargo de la jueza Bibiana Alonso, determinó el archivo fiscal al entender que la escasa evidencia no alcanza para llevar el caso a debate.
El origen de la investigación en contra de Serena fue una escucha telefónica de febrero del 2020, cuando mantuvo una conversación con Ugolini. Durante la charla el empleado judicial le dijo que “para tocar” al senador Armando “Pipi” Traferri había que pasar por el entonces fiscal Ponce Asahad y por el ex jefe de los fiscales rosarinos, en referencia a Serjal. Y ella hizo una referencia al peligro que implicaba para el MPA investigar al senador, quién luego quedó vinculado a la pesquisa por juego ilegal aunque no está imputado por la inmunidad de sus fueros.
Serena enfrentó una investigación disciplinaria y una imputación. En diciembre del 2022 Justicia admitió el señalamiento fiscal y se allanó el camino al juicio oral y público, además rechazaron una recusación planteada por la defensa de la fiscal de San Lorenzo, “por temor de parcialidad”.
Los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman habían dicho que el tribunal compuesto por los jueces Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni era el mismo que había presidido la audiencia preliminar de Nelson “Coqui” Ugolini, y habían admitido la acusación por lo que habían adelantado opinión ya que ese señalamiento fiscal tiene la misma base fáctica que el que se llevaba adelante contra Serena. Además, entre otras cuestiones procesales la defensa de Serena había pedido el sobreseimiento al entender que no había cometido un delito. En cuanto a este punto el tribunal hizo una pormenorizada explicación del objeto de la audiencia preliminar.
El tribunal explicó que tiene que haber una certeza negativa para dictar el sobreseimiento y a partir de allí evaluó el caso puntual. En esta oportunidad la evidencia se centró en una conversación telefónica que la funcionaria mantuvo con el empleado Ugolini. Para la acusación, Serena incurrió en dos delitos que fueron no haber iniciado una investigación tras conocer la información transmitida por Ugolini, y no haber cumplido con el deber de dar aviso a sus superiores de la conducta de un empleado que aparecía al menos irregular, mientras que para la defensa no había comisión de hecho ilícito.
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