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Golpe al bolsillo

La Corte revocó la cautelar que suspendía tarifazo eléctrico

Por unanimidad, los jueces consideraron que demandantes carecen de legitimación para representar a usuarios afectados; el máximo tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo, pero otorgó vigencia a los aumentos.


Por fallas en el procedimiento judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ayer la medida cautelar que mantenía frenado el aumento en las tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires y otorgó así luz verde para concretar los aumentos, al menos hasta que resuelva la cuestión de fondo, sobre la que ayer no se expidió.

Por unanimidad, el máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti falló en contraposición a lo aconsejado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien se había pronunciado por avalar un fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata que frenó los aumentos.

En su decisión, la Corte consideró que los demandantes carecen de legitimación para representar al colectivo de usuarios afectados por la suba de aumentos en toda la provincia de Buenos Aires.

La demanda que inició el amparo fue presentada por un grupo de diputados bonaerenses, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Partido Justicialista bonaerense.

En la provincia, mientras tanto, la EPE ya aclaró que los aumentos estaban vigentes, pese a la decisión de la titular del juzgado en lo Civil y Comercial de Distrito N° 16, Sylvia Pozzi, que había ordenado retrotraer las tarifas al mes de enero. La decisión de la Corte de ayer no hace más que reafirmar, al menos por el momento, la vigencia de los aumentos.

Otro rechazo

El tribunal también rechazó el reclamo judicial iniciado por el Club Social y Deportivo 12 de octubre, más allá de que los demandantes dijeron no actuar en representación de toda la sociedad.

Con una fuerte crítica, la Corte le reprochó a la jueza de San Martín Martina Forns haber girado el fallo a la Corte sin que lo pidiera ninguna de las partes.

Para los jueces, Forns no interpretó el fallo Halabi, en el cual se estableció cuándo se trata de procesos colectivos o no.

En ese sentido, la Corte le pide a la jueza que “verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”.

La resolución también fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Por eso, la Corte sólo se expidió en virtud del caso iniciado en La Plata, si bien hubo otros fallos que semanas atrás frenaron los aumentos, pero todavía no llegaron al máximo tribunal de la Nación.

Gils Carbó, en contra

Pocas horas antes de este fallo, Gils Carbó se pronunció a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendió el aumento.

“En esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes podría ser alterado, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados a la medida cautelar”, dijo la procuradora.

“Lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”, sostuvo Gils Carbó en un dictamen que no es vinculante, y con el cual esta vez no coincidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Gas: se mantiene aumento de 500% para pymes y comercios

El gobierno nacional comenzó a presentar ayer el nuevo esquema tarifario para el servicio del gas que presentará en la audiencia pública del viernes 16 en una serie de encuentros con dirigentes de distintas fuerzas políticas, sindicatos y defensores del pueblo. En medio del clima febril de reuniones y debates por tarifas de gas, el gobierno debió salir a aclarar que el aumento para comercios e industrias se mantendrá con tope del 500 por ciento, como se había informado inicialmente, tras una confusión generada por una errónea declaración del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

El nuevo cuadro tarifario –con una suba de 203 por ciento promedio para usuarios residenciales– contemplaría los criterios de “gradualidad” y “previsibilidad” que reclamó el fallo de la Corte Suprema al declarar nulos los aumentos de abril, según afirmaron los funcionarios nacionales que encabezaron las reuniones desarrolladas en la Casa de Gobierno y el Ministerio de Energía.

Ayer por la mañana, los funcionarios estuvieron reunidos con los sindicatos ligados al sector energético, los legisladores de Cambiemos, legisladores de la oposición y con los defensores del pueblo de todo el país. Hoy será el turno, por separado, de los representantes de las empresas productores, transportistas y distribuidores de gas y miembros del Foro Empresario. Mañana será el turno de las asociaciones de consumidores.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, explicó que el nuevo cuadro tarifario beneficiará “al 40 por ciento de los pobres que hoy no tiene acceso a redes” y precisó que “en meses fríos, julio o agosto, el 37 por ciento de los hogares pagará menos de 250 pesos mensuales” al ratificar que el objetivo del gobierno es “disminuir subsidios y generar condiciones para que más gente tenga acceso a gas natural”.

La nueva propuesta del gobierno contempla un incremento del 203 por ciento promedio, a partir del primero de octubre, para los usuarios residenciales sobre las tarifas vigentes desde agosto de 2014 y prevé incrementos semestrales inferiores al 10 por ciento, a partir del 1º de abril, como parte de un cronograma que culminará en octubre de 2019 con el objetivo de subsidio cero.

Por otra parte, Aranguren reafirmó que “los planes de las empresas transportistas y distribuidoras para que más hogares tengan acceso, que haya energía y no se corte el abastecimiento de gas a las industrias en invierno, se conocerán en una segunda audiencia, en la segunda quincena de octubre, con la revisión tarifaria integral”.

Las revisión de la propuesta oficial mantiene el tope del 500 por ciento para los usuarios comerciales y productivos –contemplada en la resolución 129/2016– y que no fue cuestionado por el fallo de la Corte, pero cuya vigencia fue puesta en duda durante el día por el senador de Cambiemos Federico Pinedo, hasta que el propio Aranguren debió salir a aclarar que la medida se mantenía vigente.

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