La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó que un albañil sin recursos económicos sea patrocinado por un defensor público en una causa de violencia institucional, que le causó lesiones de por vida en una pierna y dejó en la mira a un comisario de la localidad de Frontera acusado de tentativa de homicidio. El caso tomó estado público a mediados del año pasado, luego de que trascendieran otras tres denuncias de abusos policiales en esa ciudad contra jóvenes de barrios marginales. En menos de dos meses, un muchacho fue “crucificado” a metros de la seccional, un discapacitado sometido a vejámenes y torturas y un menor de 15 años baleado en el torso. El defensor público provincial, Gabriel Ganón, tildó el fallo de “retrógrado e inconstitucional” y dijo que el nuevo revés judicial no hace más que “profundizar las garantías de impunidad que los agentes policiales y penitenciarios ya tienen en Santa Fe”.
El 19 de abril de 2014, Gerardo M., un albañil de 26 años, estaba sentado en la puerta de su casa del humilde barrio Acapulco, cuando fue blanco de escopetazos a quemarropa. Según se ventiló en audiencias públicas, el tirador fue Flores, el comisario de Frontera, quien un día después volvió a la casa del muchacho a ofrecerle 15 mil pesos para que no lo denuncie, cifra irrisoria para el joven que quedó imposibilitado de volver a trabajar de albañil: perdió un dedo de la mano y la movilidad de una pierna que se le partió en varios pedazos. El comisario, imputado en otras causas similares, fue acusado de tentativa de homicidio y lesiones gravísima (ver aparte).
Como en la mayoría de los casos de abusos policiales sobre sectores vulnerables, las víctimas son presentadas como delincuentes y amenazadas con más plomo para que no denuncien a los uniformados. En este caso, el albañil consiguió ser asesorado en la Defensoría Pública, y se presentó como querellante con el patrocinio de Ganón y la defensora Regional, Ariana Quiroga. Los jueces de 1º y 2º Instancia de Rafaela declararon inadmisible la solicitud al considerar que sus defensores “carecen de legitimación para ejercer el patrocinio legal”. Y para no menoscabar sus derechos de acceso a la Justicia dictaminaron que acuda al Centro de Asistencia judicial (CAJ), que depende del Ministerio de Justicia de Santa Fe, en la ciudad de Tostado.
Pero el planteo del albañil llegó a la Corte con varios argumentos: en principio aclaró que los defensores públicos están para brindar asistencia a “cualquier persona que el Estado haya puesto en peligro” lo que comprende víctimas de hechos con apariencia delictiva que podrían haber sido cometidos por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones; además aduce la falta de dinero para pagar un abogado particular, para viajar a Tostado donde se encuentra el CAJ más cercano, institución en la que manifiesta desconfianza porque decide “discrecionalmente los casos en los que participa”, y que si estima que no asuma el rol de querellante, no puede hacerlo. También explica que ninguna norma procesal ni constitucional prohíbe la intervención de un Defensor público para brindar servicios de asistencia técnico penal a quien pretende otro rol en el proceso penal y sostiene que la doctrina jurisprudencial de la Corte santafesina invocada en el fallo no resulta aplicable por ser anterior a la entrada en funciones del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Por último concluye que negar la intervención resulta absurdo y violatorio de la igualdad de armas y de los derechos humanos que le asisten a su persona.
Los planteos no le resultaron admisibles a la Corte, que rechazó el recurso.
A contramano
Mientras, en provincia de Buenos Aires el Senado acaba de darle media sanción a un proyecto de ley que vuelve obligatorio que la Defensa Pública asuma casos de violencia institucional; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, acaba de firmar un convenio con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, en el que asumen que las víctimas de violencia institucional cuentan con un servicio de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito para seguir el rumbo de las causas en los tribunales.
En territorio santafesino, las víctimas de apremios ilegales, torturas, desaparición forzosa de personas o ejecuciones sumarias por parte de fuerzas de seguridad, no pueden ser representadas por defensores públicos, aunque no tengan dinero.
“No se puede tener un derecho peor sólo por haber nacido en otro lugar. No puede ser que una persona víctima de violencia institucional en Santa Fe esté en inferioridad de condiciones sólo por haber nacido en su territorio”, argumentó Ganón en oposición al fallo de la Corte.
Frontera y la violencia policial
Frontera es una localidad santafesina ubicada al límite de Córdoba. La aparición de un “crucificado” el año pasado puso la atención del país entero en esa población que en un mes y medio sumó cuatro denuncias de sórdidos abusos policiales. Víctor Robledo, de 27 años y con algunos antecedentes penales, apareció el 22 de mayo encintado en un palo, con signos de tortura y un cartel de “no robarás” a ocho calles de la seccional 6a, donde se presume lo detuvieron, pero del lado de la ciudad cordobesa de San Francisco. Nueve policías fueron acusados por ese crimen, entre ellos Carlos Flores, jefe de la seccional. El comisario estuvo también mencionado como autor de una tentativa de homicidio en la que un chico de 15 años recibió un disparo por la espalda, el 18 de abril. Al día siguiente fue señalado por testigos de ser quien le ocasionó lesiones gravísimas al albañil Gerardo M. con dos escopetazos a quemarropa, y luego acusado también de intentar “callarlo” con dinero.
Quedó en la mira también por un caso de torturas del que salió indemne contra un joven discapacitado por el que fue condenado a cinco años de prisión Gabriel Gerbaldo, un policía que firmó un juicio abreviado. Fue el 14 de abril de 2014 cuando un chico analfabeto, pobre y que iba a una escuela especial fue torturado dentro de la dependencia policial delante de otros dos detenidos, uno menor. Al chico, que lo esposaron desnudo en una reja, le arrojaron 15 baldazos de agua helada, lo obligaron a comer su propia materia fecal, desparramarle las heces en el rostro al menor, y beber la orina de un policía.
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