El Ciudadano
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional a pagar alrededor de 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación, en un fallo que genera expectativa en la provincia, que tiene ganada una demanda donde se analiza la misma cuestión de fondo del fallo de este martes.
En realidad, la actual sentencia es consecuencia de la dictada por la Corte el 24 de noviembre de 2015, cuando consideró el planteo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, y declaró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Ansés) e Ingresos Públicos (Afip).
En aquella oportunidad, la Corte había intimado a las partes para que en 30 días informaran sobre posibles acuerdos relacionados con la cuantía y el plazo de cumplimiento de la sentencia, pero “ese propósito –recordó en el fallo de hoy– no se ha alcanzado”.
Para el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, el fallo de este martes “define algo que en 2015 la Corte entendía que lo podían acordar entre las partes”, que es la actualización de los montos de la deuda y la propuesta de pago.
Santa Fe negoció sin éxito con la Nación durante toda la gestión macrista y ahora Saglione cree que “el fallo sienta un precedente ineludible porque la cuestión de fondo es exactamente la misma”, con lo que “seguramente” en los próximos meses podría haber un fallo similar para la provincia.
La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El presidente del máximo tribunal de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir, porque antes de integrar la Corte actuó como abogado de Santa Fe.
Hace tres meses, con la firma de los mismos jueces, la Corte ordenó devolverle a la provincia de La Pampa una suma multimillonaria también por retenciones de coparticipación mal descontadas por el Estado nacional.
En el juicio promovido por Santa Fe, San Luis y Córdoba, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia.
Entre 2006 y 2015, hubo retenciones del 15 por ciento que fueron derivadas a la Ansés y del 1,9 por ciento para la Afip. La Corte impidió el cobro desde 2015 y mandó devolver lo detraído a las provincias litigantes.
Días antes del cambio de gobierno, que se produjo el 10 de diciembre de 2015, la presidenta Cristina Fernández dictó un decreto para anular el 15 por ciento que las provincias cedían a la Ansés, lo que generaba un gasto extra de unos 130.000 millones de pesos.
El cálculo de la deuda
San Luis pretendía aplicar a la liquidación calculando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina más la capitalización de intereses.
Sostuvo que la suma a cobrar debía ser equivalente al financiamiento de las obras públicas que no pudo realizar por carecer de esos fondos y que cualquier otra tasa permitiría un “enriquecimiento sin causa” del Estado nacional.
El gobierno ofreció primero un 6% anual y luego, la “tasa pasiva” que publica el Banco Central de la República Argentina, postura que aceptó la Corte.
Finalmente, la Corte “aprobó” la liquidación practicada por el Estado nacional y distribuyó “en el orden causado” las costas del juicio por “cobro de pesos”.
Con expectativa
Saglione aspira a que el monto que defina la Corte para Santa Fe se calcule con la tasa activa, pero aún considerando que podría ser igual al fallo de ayer, que se calculó con tasa pasiva, cree que el monto será muy superior a lo ofrecido por la Nación.
A valores históricos, la deuda con Santa Fe es de 23 mil millones de pesos. El gobierno provincial actualizó ese monto en 100 mil millones.
A fines de noviembre del año pasado, el gobernador volvió a reclamar ante la Corte que se cumpla la segunda parte del fallo de noviembre de 2015 que ordena cesar los descuentos a favor de la Ansés y la Afip y acordar, entre ambos gobiernos, la restitución de lo detraído entre 2006 y 2015.
La presentación la hicieron por escrito el gobernador y el fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, ante el máximo tribunal de la Nación. A través de ese escrito, Santa Fe dio por terminada la negociación política con el gobierno de Mauricio Macri y deja en manos de la Justicia la resolución de un pleito que lleva más de tres años sin ningún avance.
“Me siento defraudado por el gobierno nacional porque confié cuando la Corte sacó este fallo histórico. Fue la primera vez que la Corte le dio la razón a una provincia en un reclamo contra la Nación”, reconoció en aquel momento Lifschitz.
“Lamentablemente, la buena voluntad que siempre manifestaron los funcionarios nacionales de cumplir con el fallo nunca se reflejó en lo concreto. Hubo demasiadas dilaciones”, agregó el gobernador.
Historia de un fracaso
Las negociaciones entre la Nación y la provincia casi no avanzaron en los primeros dos años de gestión. Recién a fines de 2017, cuando se firmó el primer Pacto Fiscal, Santa Fe logró incluir una cláusula que establecía que ambas partes debían llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo de 2018.
Ese plazo tampoco se cumplió, pero en abril hubo una primera oferta de la Nación –que fue rechazada por la provincia– que proponía saldar la deuda con bonos a 12 años por 31 mil millones de pesos y compensar a Santa Fe con el financiamiento de obras públicas, cosa que tampoco quedó expresada en el presupuesto 2019.
A valores históricos, los montos descontados por la Nación suman unos 23 mil millones de pesos. Una primera actualización realizada por la provincia a mediados de 2017 redondeaba la suma en 54 mil millones de pesos (entre efectivo y bonos). Ahora, por la inflación y la devaluación, Santa Fe exige 100 mil millones de pesos.
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