CEPA*
El préstamo Stand-By aprobado a la Argentina fue el más grande de la historia del organismo. Incluso considerando sólo los desembolsos efectivamente realizados, los montos girados superan al segundo puesto en el ranking de países en la historia de préstamos del Fondo. Si se hubiesen cumplido todos los desembolsos del acuerdo ajustado en octubre de 2018 que totalizaban aproximadamente 57 mil millones de dólares, se hubiese superado la mitad de lo que el FMI desembolsó durante la pandemia a 85 países.
Si se consideran solo los efectivos desembolsos, 44 mil millones de dólares por el FMI en Argentina, para rescatar al gobierno de Mauricio Macri de su propio modelo económico, se supera el total otorgado a todos los países que se encuentran fuera de la órbita del hemisferio occidental (según las categorías regionales del FMI) en pandemia. Es decir, el compromiso monetario del FMI con la continuidad del gobierno de Cambiemos es superior al compromiso del organismo con otros 64 países para hacer frente a la crisis desatada por el covid.
El programa del año 2018 tuvo el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Este país no sólo cuenta con un asiento propio en el Fondo, sino que además posee poder de veto en el organismo ya que con su voto puede impedir que se alcance el 85% necesario de consenso. El acuerdo de Estados Unidos es, entonces, una llave fundamental para la renegociación. Ningún otro país del Directorio Ejecutivo supera el 6,5% de los votos, siendo la mayoría de ellos compartidos por varios países.
De respetarse la fórmula de actualización para la representación en el organismo acordada en el año 2008, Estados Unidos debería perder el poder de veto al quedar su cuota por debajo del 15% necesario para bloquear las decisiones con mayoría agravada. Los países europeos también perderían votos, que serían distribuidos en China y países del sudeste asiático. De aceptarse esta reformulación, a China le alcanzaría llegar a un acuerdo con 1 o 2 socios minoritarios para obtener poder de veto y desafiar la conducción tradicional del organismo.
Acuerdo plagado de incumplimientos
Entre los incumplimientos del acuerdo se pueden mencionar la no constancia de actos administrativos, el incumplimiento del art. 61 de la Ley de Administración Financiera Argentina, la ausencia de constancia del dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos. Los desembolsos se utilizaron para financiar la salida de capitales, a contramano de lo que el propio estatuto del FMI establece.
La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso “a” indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sin embargo el equivalente de los recursos recibidos del organismo se destinó a financiar la formación de activos externos.
Existió un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas. O, dicho de otra manera, existían políticas alternativas que tienen el mismo potencial para resolver los problemas de la balanza de pagos, pero con un grado mucho menor de endeudamiento, y, en definitiva, menor costo en divisas, aún dentro de los parámetros de políticas permitidas por el organismo.
Entre enero de 2018 y diciembre de 2019, los desembolsos sumaron 44.867 millones de dólares, mientras que la formación de activos externos ascendió a 54.099 millones.
En línea con este análisis, fue el propio expresidente Mauricio Macri quien afirmó de manera pública, en noviembre de 2021, haber solicitado y usado los dólares del FMI para dárselos a bancos comerciales que querían irse del país.
La deuda pública bruta como porcentaje del PBI tuvo un comportamiento explosivo en 2018, pasando del 57,1% en 2017 al 86,2%. Este incremento lo explican principalmente la caída del producto, los desembolsos del FMI y la variación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que el 76,4% se encontraba denominado en moneda extranjera. Pero lo interesante es observar que, a pesar de las recurrentes correcciones al alza en las revisiones del FMI, la sustentabilidad de la deuda igualmente permaneció caracterizada como “sustentable, pero con baja probabilidad”.
Se incumplió el criterio referido a que el país miembro deba tener una perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito en un plazo y monto que permita el repago de los fondos obtenidos por el organismo. La evolución del índice de Riesgo País, termómetro de la capacidad de endeudamiento soberano muestra que, desde el inicio del programa en 2018 hasta el fin de 2019, se cuadruplicó.
Otra vez la misma piedra
El criterio referido a que el programa propuesto por el país miembro debe poseer una perspectiva de éxito lo suficientemente fuerte no sólo en términos técnicos, sino también en términos de capacidad institucional y política para llevarlo a cabo tampoco fue cumplido. El mecanismo para avalar el consenso político se relacionó con la firma de un acuerdo de diez puntos con un sector del peronismo.
Pero el acuerdo se limitó a una pequeña porción del espacio opositor y ni siquiera se firmó. Adicionalmente, se ignoraron las declaraciones y planteos del principal espacio opositor que reclamó “que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso”.
A contramano de lo que actualmente demanda el organismo, aquel acuerdo nunca llegó al Congreso.
El Directorio del organismo internacional no veló por la preservación de los recursos ponderando razones de índole política. Resulta al menos curioso que quienes no pudieron respetar sus propios estatutos tengan la injerencia que tuvieron (y tienen) sobre la macroeconomía argentina.
Se ignoraron todas las recomendaciones de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI.
Ya en 2004 la Oficina de Evaluación Independiente, responsable de auditar el organismo había identificado los mismos problemas que en el acuerdo de 2018.Estos son los textuales de aquel documento de 2004: “El Directorio Ejecutivo no cumplió cabalmente con su responsabilidad en materia de seguimiento y no analizó las posibles ventajas y desventajas de distintas opciones. En cierta medida, todo esto parece reflejar el hecho de que algunas decisiones clave fueron tomadas al margen del Directorio y que la gerencia consideró que algunos temas críticos eran demasiado delicados para debatir abiertamente sobre ellos en sesiones plenarias del Directorio”.
Otra vez, la misma piedra.
Inclusive en 2020 un nuevo informe de la OEI repitió las críticas en torno al desmantelamiento de los controles cambiarios y la desregulación financiera, pero nunca asumieron la responsabilidad.
La revisión de los desembolsos se realizó con una clara finalidad política de financiar la campaña electoral de Cambiemos.
El diseño del cronograma de desembolsos, ya desde junio 2018, estuvo orientado a blindar electoralmente a Cambiemos y no a resolver los problemas de fondo de la balanza de pagos. La reconfiguración del cronograma a tan sólo 3 meses de la firma, en septiembre 2018, demostró este objetivo, determinando que casi el 90% de los pagos se realizara antes de las elecciones primarias de junio de 2019.
Así lo manifestó Mauricio Claver-Carone, quien ocupaba la silla correspondiente al gobierno de Estados Unidos en el directorio del FMI. Y en la misma dirección han declarado otros participantes del acuerdo. El acuerdo tuvo la finalidad de intervenir en la política local, blindando al gobierno de Mauricio Macri de los costos de sus propias políticas y desfinanciando al gobierno siguiente. La estructura de repago firmada en el acuerdo de 2018 fue siempre, bajo cualquier punto de vista, impagable para el país.
Para el año en curso, correspondía abonar al FMI un total de USD 5.072,31 millones (considerando capital e intereses), representando el 45% del total de los vencimientos del año. En 2022 dicho importe alcanza el total de USD 18.901,66 millones y en el año 2023 USD 19.144,56 millones.
*Centro de Economía Política Argentina
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