Los integrantes de la Cooperativa La Toma, ex trabajadores de la cadena de supermercados Tigre que desarrollan tareas comerciales, productivas, solidarias y culturales en las instalaciones de calle Tucumán al 1300, fueron recibidos este lunes en el Concejo Municipal para exponer su situación, su voluntad de dejar atrás la lucha contra las presentaciones judiciales que pretenden el desalojo del lugar y convertirse, al cabo de 20 años de resistencia y supervivencia, en un emprendimiento múltiple encuadrado legalmente. La concurrencia al Palacio Vasallo fue consecuencia del pedido de informes de un edil a la Municipalidad respecto a las actividades desarrolladas en el local céntrico, bajo sospecha de irregularidades y en línea con las iniciativas para sacarlos de allí.
La reunión fue al mediodía en el Anexo Alfredo Palacios del Concejo, durante la reunión semanal de la comisión de Planeamiento. Allí estaba la presidenta del cuerpo, María Fernanda Gigliani (bloque Iniciativa Popular), Jesica Pellegrini (Ciudad Futura-FSP), el autor del pedido de informes de la discordia, Agapito Blanco, y su compañero de bancada de Cambiemos Roy López Molina. También asistieron Verónica Irizar (Socialista), Fabrizio Fiatti (Creo) y Alejandro Rosselló (Juntos por el Cambio).
El presidente del Comité de Lucha de La Toma, Carlos Ghioldi, fue acompañado por numerosas organizaciones sociales y políticas que respaldan a la cooperativa. Entre otros, había representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) de Rosario, la CTA de los Trabajadores, los sindicatos de Correo y de Cadetes, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“Hace 20 años tomamos el lugar, pensamos que era por tres meses” tras el cierre de la sucursal de la cadena Tigre, recordó Ghioldi agregando que en el mismo edificio, antes, funcionaba uno de los Supercoop de El Hogar Obrero.
“Queremos poner todo en regla, pero que se levante la orden de desalojo y denuncia por usurpación”, insistió el referente. Y recalcó la voluntad de continuar en acuerdo con todas las normativas: “En 10 minutos regularizamos todo”.
Ghioldi les pidió a los concejales que “hagan un esfuerzo” e intercedan ante la Justicia para que cesen los trámites de desalojo. Recordó que “hace dos años, el titular del Juzgado Civil y Comercial 14, Marcelo Quaglia, intentó hacerlo, pero un puñado de fondos carroñeros se opuso”.
El representante de La Toma interpeló a los ediles sobre las voluntades políticas para preservar el espacio y las fuentes de trabajo: mencionó las propuestas que hicieran en distintos momentos el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el ex ministro de Justicia, Juan Lewis, y el entonces rector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Maiorana. Y agregó los apoyos del Concejo, la Legislatura provincial y hasta el Congreso nacional a La Toma. y reclacó que hasta la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación en la gestión del mismo espacio político que el concejal Blanco, Carolina Stanley, estuvo en el lugar.
“Queremos dejar de ser una lucha y ser un establecimiento, pero no nos dejan”, resumió Ghioldi. Y se refirió a uno de los cuestionamientos de Blanco en su pedido de informes al Palacio de Los Leones: “La propia Municipalidad nos pidió un lugar para que los cartoneros puedan acopiar y una vez por semana viene un camión destartalado y los junta”, dijo sobre el particular.
También marcó que el lugar está a disposición de instituciones, siempre de manera gratuita, y en tal sentido, consignó lo realizado respecto a la desmanicomialización de los residentes en el Hospital Agudo Ávila, que van a trabajar a la sede de Tucumán al 1300, o la galería de arte para egresados que allí montó la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. “Nuestro proyecto es de fraternidad, solidaridad entre seres humanos, no tiene fines de lucro”, apeló Ghioldi a la sensibilidad de los ediles.
Bancas divididas
Blanco respondió a los integrantes de La Toma: “No es a ustedes la pregunta, sino a la Municipalidad” y desgranó una lista de objeciones sobre las actividades que se desarrollan en el edificio céntrico, con dudas sobre su habilitación: si las actividades de reciclaje están acordes a las disposiciones vigentes para la zona, si existen medidas de seguridad contra incendios y si hay planes de evacuación.
La concejala Irizar expresó su “sorpresa” por la presentación de “un pedido de informes por una actividad que funciona hace 20 años, es una experiencia social y cooperativa, que el Estado local ha apoyado desde que existe”. Y recordó que el Concejo “siempre se los ha apoyado para que no los desalojen” y sugirió la realización de reuniones con integrantes del Departamento Ejecutivo para abordar los temas planteados.
Pellegrini fue más allá y sostuvo que “no es ingenuo el pedido de informes” para destacar las actividades que “se desarrollan desde hace 20 años”.
En el mismo sentido hablaron el concejal Fiatti y la concejala Gigliani, quien interpeló a Blanco: “Si bien un pedido de informes no se le niega a nadie, en este caso es la excepción”, dijo. “Nos sentimos parte de La Toma”, enfatizó, y en coincidencia con el mismo criterio expuesto por Irizar aludió a una declaración para reafirmar el compromiso con el espacio de calle Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos, la que plantearía sobre tablas para la sesión del próximo jueves.
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