“La conmoción en el productor es la misma que con la 125”, describió el director de Cuyo de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. El dirigente, que además integra la conducción de la entidad ruralista a nivel nacional –es secretario de Finanzas– describió así a El Ciudadano el proyecto del gobierno nacional de crear un impuesto al consumo del vino del 10 por ciento, como parte de la reforma tributaria. Y además de repudiar la medida reveló no sólo que no estaban anoticiados –“Esperábamos todo lo contrario”, dijo– sino que al enterarse por boca del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, supieron también que la idea original era del doble, el 20%, y bajó a la mitad por ruego del mandatario radical.
Ayer, desde un amplio arco de sectores hicieron fila para castigar el capítulo referido al vino –y también al de las bebidas gaseosas– de la iniciativa oficial, pese a lo cual fue ratificado por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. “Cualquiera de estas empresas que se quejan –dijo el economista en dirección a las bodegas– tendrá una baja sustancial en otros impuestos. Es muy difícil que cualquiera de estas empresas esté peor, porque estamos bajando la estructura de costos”.
“No entiende nada de las economías regionales”, le espetó la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, una de las voces de mayor peso contrarias a la iniciativa, quien, como radical, forma parte de la alianza Cambiemos, y además es ingeniera agrónoma.
En esa línea, la declaración de Federación Agraria se inscribió entre las más duras, con lo que implica comparar con la 125 el capítulo del vino de la reforma tributaria, que también aumenta el gravamen en la misma proporción del 10% a la sidra, y trepa al 17% para los espumantes.
“Esta medida, en la carga impositiva y en la situación que tiene la vitivinicultura, comparativamente es como el impacto de la 125 para la soja en 2008. No resiste más presión y sería un gran error hacerlo”, advirtió Achetoni. Pero a la par admitió que el sentido es el inverso: mientras la medida que imponía las retenciones móviles –que disparó una rebelión de cuatro meses contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008– afectaba por definición a los sectores exportadores –no era un impuesto–, la que pretende la gestión del presidente Mauricio Macri afecta específicamente al mercado interno.
El dirigente rural especificó también que los eslabones medios de la cadena vitivinícola de ningún modo van a absorber el impacto de la alícuota: o bien lo incorporarán al precio final –explicó Achetoni– generando consecuencias en el consumo –como precios más altos y retracción– o bien mantendrán valores trasladando el sobrecosto al primer eslabón, el de los productores, afectando así el empleo.
Para dar dimensión, el dirigente federado explicó a este diario que al menos el 70% de la producción vitivinícola se orienta al mercado interno, que “sólo 3 ó 4 grandes” actores controlan la mayor parte de las exportaciones. En esa línea, advirtió que los que más sentirán el impacto son “los pequeños productores no integrados”, es decir los que no tienen capacidad para llegar desde la uva a los productos terminados, y venden su producción a los bodegueros. En situación análoga, las bodegas pequeñas que no tienen plantaciones propias también quedarán contra las cuerdas en un sector que promedia en tributos el 40% del precio final de un vino. “Al ser un producto elaborado, se pagan un sinnúmero de impuestos: sobre la etiqueta, sobre el corcho, sobre la botella, sobre la caja de embalaje, un montón de cosas que complejizan todo”, explicó Achetoni.
En ese marco, la comparación con la 125 no es un dato menor, sino que exhibe fuerte rechazo, a la par que anticipa resistencia a la medida, en una provincia que fue uno de los baluartes del oficialismo en las recientes elecciones. Y también expresa una valoración insuficiente de la intercesión del gobierno mendocino. “Estamos hablando ya con otras entidades para hacer los lobbies necesarios, tanto en el gobierno de las provincias vitivinícolas como entre los legisladores, para que esta ley, cuando llegue a tratamiento, en este punto no avance”, concluyó el dirigente de Federación Agraria.
“No entienden de cultura, trabajo y esfuerzo”
“La producción vitivinícola emplea una gran cantidad de mano de obra y genera arraigo. Pero parece que las planillas de Excel no entienden de cultura, de trabajo, ni de esfuerzo”, chicaneó un documento de Federación Agraria en obvia alusión a los funcionarios económicos de Buenos Aires.
El texto advierte que la idea de fijar una alícuota al consumo de vino, “sería un golpe de gracia para muchos productores de la región”, y remarca: “Somos un sector que ya viene muy golpeado por años de malas políticas y contingencias climáticas, como granizo, heladas o excesos de lluvias”.
En respuesta, el ministro de Hacienda Dujovne se plantó: “¿Es justo que la cerveza tenga impuestos y el vino no?”, se preguntó, y explicó que la decisión sobre el vino es porque se lo considera una bebida “no saludable”.
También se expresó ayer el titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Ángel Leotta, quien dijo que el sector intentará resistir y acudirá al Congreso. “Nos vamos a oponer a cualquier impuesto que recaiga sobre el vino, porque la nuestra es una bebida diferente a las otras. Y las autoridades que no lo entienden lo tendrán que asumir”, dijo el empresario.
Por su parte, el titular de la Unión Vitivinícola Argentina, José Zuccardi, apeló a las provincias: “Los gobernadores tendrán que pelear”, marcó.
La vicegobernadora mendocina arrancó en punta: acusó al ministro Dujovne de “arruinar años de trabajo público-privado en el posicionamiento del vino argentino dentro del mercado”, y advirtió que el gravamen afectará a los consumidores y a los pequeños productores: “Habrá concentración de bodegas”, pronosticó.
Gaseosas: 7 mil empleos en riesgo
Las empresas productoras de bebidas sin alcohol denunciaron ayer que la suba de la presión impositiva impulsada por el gobierno nacional es “distorsiva” y advirtieron que podría generar una sangría de 7 mil empleos en toda la cadena del sector.
Así lo advirtió la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa), al cuestionar el reciente anuncio de modificación de las alícuotas del impuesto interno a las bebidas sin alcohol con azúcar agregada.
Con la misma argumentación que respecto al vino, la sidra y los espumantes, el ministro Dujovne, defendió ayer el anuncio de la suba de las alícuotas para las bebidas azucaradas –del actual entre 4% y 8% hasta el 17%– en el marco de la reforma tributaria, ya que se trata de bebidas consideradas como “no saludables” para la población, y acarrean tanto costos para los consumidores como para la sociedad, porque demandan un mayor gasto en Salud Pública.
“Un impuesto de estas características resulta distorsivo y discriminatorio, ya que penaliza sólo a una categoría en particular, sin considerar otros productos que contribuyen significativamente a la ingesta diaria de azúcar”, respondió la Cámara. Y marcó que los desafíos de Salud Pública, en cambio, “requieren un abordaje integral y coordinado”.
Emblemas nacionales
“Se han hecho convenios con el Ipcva, con el Inym y el INV para promocionar la carne, el mate y el vino como emblemas argentinos. Y esto es totalmente contradictorio”, se quejó Achetoni. El dirigente de Federación Agraria dio cuenta así de lo inesperado que resultó para su sector la idea de gravar al vino, ya que, según afirmó tanto el gobierno de Mendoza como el nacional, impulsaron las exposiciones y la marca país que constituyó el Instituto Nacional de Vitivinicultura con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y con el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
