El Concejo Municipal declaró la emergencia social y alimentaria en la ciudad de Santa Fe por un término de dos años. Durante ese lapso, la Municipalidad podrá “adoptar medidas económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga” para realizar tareas de asistencia social.
La ordenanza fue votada por unanimidad. Desde el oficialismo, el concejal Carlos Suárez (UCR-Cambiemos) dijo que “hay un claro orden de responsabilidades; primero nacional, luego provincial y por último local” y destacó que la normativa “es una clara manifestación política” y que “era necesaria hacer esta manifestación para que las organizaciones sociales tengan fortaleza”.
La declaración de emergencia social y alimentaria fue impulsada desde el PJ, que es oposición en la ciudad pero tiene mayoría en el Concejo. Fue luego de varios meses de reclamos de las organizaciones sociales y territoriales para que haya una presencia más activa del municipio y asistencia económica en los barrios carenciados de la ciudad.
A través de la ordenanza –similar a la que aprobó el Concejo rosarino en septiembre pasado–, los ediles santafesinos le solicitaron a la Municipalidad gestionar ante la provincia y la Nación el refuerzo de la asistencia alimentaria en comedores y merenderos comunitarios. Se conformará además un registro de organizaciones sociales, una mesa de diálogo y un programa de empleo local.
En el texto votado por los concejales se sostiene que “la Municipalidad de Santa Fe deberá adoptar medidas, tanto por sí misma como mediante la asistencia y la cooperación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores vulnerados y vulnerables y, en especial, de niños, niñas y adolescentes”.
El Concejo le encomendó al municipio “que adopte medidas urgentes con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. A tales fines podrá convocar con carácter consultivo a la Mesa de Diálogo Social y Económico y disponer de reasignaciones presupuestarias, previa autorización del cuerpo”.
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