La CGT volvió a marcar distancias con el gobierno nacional, al emitir un comunicado de repudio a “la represión” contra ex soldados que reclaman ser reconocidos como veteranos de Guerra de Malvinas y se preguntó “si algo está cambiando en la Argentina”. Con la firma de su secretario general, Hugo Moyano, el tono del texto difundido por la central obrera ratifica que la tensión entre Moyano y el gobierno nacional continúa, ya que en la carta incluso se compara el accionar del Ejecutivo nacional en el episodio frente a los ex convictos movilizados con el del gobierno porteño de Mauricio Macri frente a los manteros.
“La CGT repudia la represión de que fueran víctima los veteranos de la Guerra de Malvinas que permanecieron movilizados en el Continente, quienes reclamaban por lo que consideran legítimos derechos que los asisten por la legislación internacional”, comienza el comunicado de la CGT, que también firma su secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato.
“Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires reprimiendo indigentes a través de la Ucep o a los manteros de Florida con la Policía Metropolitana”, agregó el texto. Y recordó que a “las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los derechos humanos y con las políticas implementadas por el gobierno nacional desde el año 2003”.
“Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los derechos humanos que pretendemos siga siendo una política de Estado”, advirtió.
Por último, la central obrera hizo un llamado “a las autoridades responsables para que retomen el ejercicio del diálogo social como fórmula de encauzar cualquier tipo de conflicto y despejen las dudas despertadas por estas acciones respecto a un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales en defensa de sus legítimos derechos”.
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