Policiales

La causa por el “Robo del Milenio” sigue paralizada

Las diferencias de criterios entre la fiscal y el juez de instrucción se incrementaron en los últimos tiempos, por lo que aún no indagaron a ninguno de los 16 sospechosos.

La causa por el denominado “Robo del Milenio”, cometido en marzo pasado en el Banco Macro de Congreso, continúa paralizada, ahora, en un juzgado de menores y sin que ninguno de los 16 sospechosos mencionados por la fiscal del caso hayan sido indagado.

Fuentes judiciales informaron que las diferencias de criterios entre la fiscal Viviana Fein y el juez de instrucción original de la causa, Mauricio Zamudio, se incrementaron en los últimos tiempos. También, explicaron que de esta manera, hasta el momento no se realizaron allanamientos, detenciones ni se recuperó un sólo billete de los más de 10 millones de dólares del botín.

Voceros consultados indicaron que Zamudio rechazó ya en dos oportunidades los pedidos de 11 detenciones y 16 allanamientos planteados por la fiscal Fein e incluso desestimó la apelación que ésta hizo ante la Cámara del Crimen por estar mal formulada.

Desde el Juzgado de Instrucción 21 de Zamudio explicaron que el principal problema y la diferencia de criterios radica en que los escritos de la fiscalía no están fundamentados, no alcanza la prueba y ni siquiera están descritas como se deben las imputaciones y roles de cada uno de los sospechosos en el hecho.

Por su parte, desde la fiscalía de Fein se sostiene que pruebas más sólidas se hubiesen encontrado si el juez hubiera ordenado en su momento los allanamientos solicitados.

Asimismo, las fuentes precisaron que el último día antes de iniciada la feria judicial de julio último, Zamudio se declaró incompetente y giró todo el expediente al Juzgado de Menores número 2, a cargo de la jueza Silvia Mercedes Sassano.

Es que entre los 16 imputados acusados por la fiscal, uno de ellos (cuya identidad se preserva por cuestiones legales), es un menor de edad. Se trata de un adolescente que usaba uno de los teléfonos celulares que, según la investigación, se utilizaron la noche del robo, pero que para la policía no tuvo un rol protagónico en el golpe, sino más bien una participación secundaria en la adquisición de los celulares empleados por la banda.

“Es otra de las chicanas que hay entre la fiscal y el juez en esta causa. Es una locura que un expediente como éste sea manejado por un juzgado de menores que está acostumbrado a tratar otras cuestiones propias de su fuero y no una investigación criminal compleja como ésta”, dijo uno de los abogados que participan como parte en la causa.

Entre los imputados por la fiscal Fein se encuentra quien se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría quinta, con jurisdicción en la zona del banco, el subcomisario Marcelo Amarilla, y su chofer, el cabo Jacobo Omar Mikic.

Según la hipótesis de la fiscalía, Amarilla y Mikic están acusados de haber “liberado la zona” mientras se ejecutaba el asalto, ya que ambos policías quedaron filmados por cámaras de seguridad cercanas en una playa de estacionamiento ubicada en Riobamba y Sarmiento, a metros del banco y durante el horario en el que se desarrollaba el robo.

El subcomisario Amarilla, quien a raíz de esta imputación fue pasado a disponibilidad preventiva, se compró una casa a los pocos días del robo y la fiscal sospecha que lo hizo con dinero que pudo haberle entregado la banda.

El abogado de Amarilla, Leonardo Rombolá, aseguró que su cliente y su esposa, Graciela Calcavecchia, también imputada en la causa, “son absolutamente inocentes”.

“Esa noche Amarilla, Mikic y sus esposas fueron a cenar a un restaurante cercano y pasaron la noche allí por ese motivo. Además, puede probar que los 150 mil pesos que pagó por la cuestionada propiedad en Merlo los tenía en su cuenta mucho antes que el robo”, dijo Rombolá.

Otras fuentes de la investigación indicaron que Amarilla y su chofer estuvieron en el garaje más tiempo que el que se necesita para ir a cenar y que en una de las imágenes se ve cómo otro sospechoso en la causa le entrega a los policías una bolsa de consorcio donde para la fiscal podría haber dinero.

Otros acusados en el expediente para los que Fein solicitó allanamientos y eventuales detenciones son los hermanos Daniel Enrique y Eduardo Marcelo Ripa y sus esposas, las hermanas Alicia y Alejandra Rodríguez Medina, quienes viven frente al garaje donde fueron filmados los policías. Las hermanas son hijas de Hilario Rodríguez Chicha, propietario de una empresa de construcciones a nombre de la cual estaban varios de los celulares supuestamente utilizados por la banda.

Los cruces telefónicos vinculan como sospechoso a Luis Oscar González López, alias el “Mono López”, miembro de la facción de la barra brava de Boca liderada por el uruguayo Richard William Luluz Fernández.

Para los investigadores de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, la banda tiene cuatro patas: los ideólogos, los que aportaron la logística, los boqueteros que lo ejecutaron y los policías que liberaron la zona.

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