El 18 de enero de 2015, el entonces titular de la Unidad Fiscal Amia, Alberto Nisman, yacía muerto en el baño de su departamento porteño de las torres Le Parc, Puerto Madero. A un año del hecho, la investigación no cuenta con una hipótesis firme sobre si se trató de suicido u homicidio y sólo hay personas investigadas por sucesos colaterales.
La investigación cambió de manos hace pocos meses, pero los interrogantes aún no tuvieron respuesta. Pese a que se realizaron innumerables estudios forenses y peritajes, aún no hay una hipótesis firme sobre el caso, más allá de que la querella a cargo de la jueza federal de San Isidro y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, insiste en que se trató de un magnicidio.
Desde el hallazgo sin vida del cuerpo de Nisman, la fiscal Viviana Fein tuvo siempre delegada la causa y se inclinó por la hipótesis del suicidio. Hace pocas semanas la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini asumió la conducción del expediente.
La única imputación que hizo Fein en nueve meses de investigación fue hacia el empleado informático Diego Lagomarsino, por haber sido la persona que confesó haberle prestado el arma calibre 22 a Nisman involucrada en su muerte, pero no por homicidio.
Cuando la investigación cambió de manos, la jueza citó a indagatoria a dos agentes de Policía Federal que tenían a cargo la custodia de Nisman: ambos están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque demoraron en ingresar al departamento del fiscal tras varios llamados que éste no respondía.
Junto a las indagatorias, otra de las varias medidas que tomó la jueza al hacerse cargo del caso es volver a citar a Antonio “Jaime” Stiuso, ex director general de la Secretaría de Inteligencia echado por el kirchnerismo del organismo en diciembre de 2014 y quien tenía trato frecuente con Nisman por colaborar con éste en la investigación del atentado a la Amia.
Stiuso, en oportunidad de declarar ante Fein, dijo que no había tomado contacto con Nisman los últimos días antes de su muerte y que incluso no le atendió el teléfono en las horas previas, cuando el fiscal lo llamó.
Según los resultados del trabajo que llevó adelante durante todos estos meses la Fiscalía, no hay pruebas de que haya habido otra persona además de Nisman aquella noche en el departamento.
En una junta médica, los doce peritos oficiales junto al experto aportado por la defensa de Lagomarsino coincidieron en que el horario de la muerte de Nisman data del mismo domingo, en tanto que para la querella podría extenderse incluso hasta el sábado a la tarde.
Esta última hipótesis podría complicar al técnico informático, puesto que estuvo en el departamento el sábado por la tarde-noche, cuando le llevó el arma a Nisman.
Por el horario, la querella insiste en que ya había perdido rigidez cadavérica el cuerpo, en tanto que para los peritos oficiales aún la tenía, por eso el horario de muerte data del mismo día del hallazgo.
Otro de los puntos de controversia es la posición en que quedó el cadáver al caer el piso, que según la querella fue producto de haber sido obligado a arrodillarse y recibir un disparo en la cabeza, y los golpes que tenía el cuerpo, que para los expertos oficiales no son producto de un acto de defensa sino por la caída libre.
La otra duda que surge en la causa es la ausencia de pólvora en la mano de Nisman, lo que indicaría una señal de que él no gatilló el calibre 22, aunque los expertos analizan que este tipo de arma en ocasiones no suele dejar rastros.
La causa por ahora no tiene imputado alguno y no sólo se evalúa un homicidio o un suicidio sino también que este último haya sido instigado.
Nisman fue encontrado sin vida cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia; y bajo serias sospechas por su manejo patrimonial, a tal punto de que una investigación por lavado de dinero posterior a su muerte descubrió que tenía una cuenta en los Estados Unidos con 600 mil dólares.
Amia: los sucesores de Nisman siguen detrás de la “pista iraní”
La investigación por el caso Amia luego de la muerte de Alberto Nisman quedó en poder de un grupo de fiscales que avanza sobre la “pista iraní”, mientras intenta recuperar información clave en manos de la ex Side.
La muerte de Nisman precipitó un vacío en la conducción en la investigación y la Procuración General de la Nación designó a un grupo de fiscales para hacerse cargo del expediente sobre el atentado a la mutual judía realizado el 18 de julio de 1994.
Los elegidos por la titular del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó, fueron Juan Murray como coordinador del equipo integrado por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, aunque este último renunció luego de chisporroteos con sus colegas.
La “pista iraní” que venía trazando Nisman sigue en pie puesto que –según las fuentes judiciales consultadas por la agencia NA– los nuevos fiscales continuaron con la misma línea y revisando aquellas pruebas que quedaron pendientes.
A ello se suma el análisis de una gran cantidad de documentación que estaba en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y que fue desclasificada por el gobierno kirchnerista.
Toda esa documentación que implica miles de documentos, escuchas y otras pruebas, está siendo analizada y se suma a las que ya se conocían. En lo inmediato, se intenta dar con prueba que habría quedado en poder del ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, el hombre designado a principios de 2000 para colaborar con Nisman en la causa Amia.
Stiuso fue echado por el kirchnerismo en diciembre de 2014 y luego fue denunciado por el gobierno porque habría ocultado información del caso Amia, por eso la Unidad Fiscal intenta tomarle declaración para saber si se guardó algo.
Con ese fin hasta se solicitó la intervención de Interpol, aunque por el momento no hubo avances para repatriar a Stiuso, quien se supone está viviendo en Estados Unidos.
Mientras tanto, el pedido de captura internacional a funcionarios iraníes acusados de perpetrar el atentado sigue firme, aunque desde hace años no hubo avances y este año se derrumbó formalmente el cuestionado memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán.
El tratado había sido promovido por el kirchnerismo y declarado inconstitucional por la Justicia: ese fallo quedó firme, pues cuando cambió el gobierno se dejó de insistir en apelaciones para revertir su validez.
Por otra parte, hace meses comenzó el juicio por las irregularidades y el encubrimiento en la investigación del atentado: el ex presidente Carlos Menem; el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano, entre muchos otros, están sentados en el banquillo acusados de desviar la investigación del ataque terrorista.
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