La causa Díaz Bessone (ex Feced) sumó ayer una nueva querellante: María Inés Luchetti de Bettanín se presentó en los Tribunales federales dispuesta a brindar su testimonio en el juicio oral que investiga el accionar de la patota liderada por el difunto comandante de Gendarmería Agustín Feced, con epicentro en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía, un centro clandestino de detención que funcionó en la actual sede local de la Gobernación, en Dorrego y San Lorenzo, durante los primeros años de la dictadura. Luchetti padeció el terrorismo de Estado junto a su esposo Leonardo Bettanín, diputado nacional del PJ y periodista, asesinado por las fuerzas represivas.
Luchetti es una de las tantas víctimas que sufrió el encierro en la ex Jefatura de Policía, por donde se estima que pasaron alrededor de dos mil detenidos. Su testimonio, ya brindado para la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984, compromete al actual cura párroco de Casilda, Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario en los años de plomo (ver aparte).
El Juzgado Federal Nº4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, recibió días atrás la solicitud de parte de los fiscales Mario Gambacorta y Gonzalo Stara para que se cite a indagatoria al cura Zitelli, a partir del posible vínculo del ex capellán de la Policía local durante la dictadura con la patota de Feced. En rigor, Luchetti, ex detenida en el SI, declaró ante la Conadep que Zitelli le dijo durante su cautiverio que “usar la picana está bien porque estamos en guerra, y es un método para obtener información política”.
Luchetti se incorporó como querellante a la ex causa Feced y es patrocinada las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Jésica Pellegrini. El juicio Díaz Bessone se reiniciará el próximo lunes después de una nueva postergación resuelta por el tribunal a comienzos de esta semana a raíz del estado de salud del ex policía José Scorteccini, uno de los seis represores imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad.
La familia Bettanín fue diezmada por la dictadura genocida. El 2 de enero de 1977 policías fuertemente armados irrumpieron en la casa de la familia Bettanín, en barrio Gráfico, en la zona oeste de Rosario. Allí estaban reunidos para festejar el Año Nuevo junto a su marido Leonardo, sus hijas Mariana de 3 años y Carolina de 1, su suegra Elba Juana Ferraro de Bettanín, su cuñada Cristina Bettanín y su marido Jaime Colmenares; también Roque Maggio, Clotilde Tozzi y las dos pequeñas hijas de ambos.
En aquel momento María Inés Luchetti estaba embarazada de nueve meses. Según su propio relato, los policías les ordenaron que salieran. A Leonardo, su marido, lo acribillaron a balazos al salir de su casa y se llevaron a María Inés, a las cuatro niñas, a su suegra Elba Ferraro y a Cristina Bettanín, quien falleció en el trayecto.
“Fuimos llevados en primer lugar a la comisaría 17ª donde el propio Agustín Feced, quien fuera jefe de la Policía de Rosario en aquel momento, comenzó a interrogarnos a mi suegra y a mí delante de las niñas. Como nuestras respuestas no lo satisfacían, amenazó con continuar el interrogatorio con la picana eléctrica”, contó Luchetti. Y agregó: “Previo paso por la comisaría de Menores, donde nos obligaron a dejar las niñas, nos llevaron al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía”.
Para las abogadas querellantes, del propio testimonio de Luchetti surge “las terribles condiciones en que dio a luz a su hija en la Asistencia Pública, permanentemente esposada a la cama y con personal con armas largas apuntándola”.
“Antes de salir en libertad, el propio Feced me comunicó oficialmente la muerte de mi marido y de mi cuñada, también de Clotilde Tozzi y Roque Maggio, pero no mencionó a mi cuñado, Jaime Colmenares. Mi esposo y su hermana fueron enterrados como NN en el cementerio La Piedad por las fuerzas policiales”, sostuvo María Inés Luchetti, que llegado su turno volverá a brindar testimonio sobre los horrores de la dictadura, esta vez en el marco del juicio por la causa Díaz Bessone.
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