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La causa del juez “colgado” saca chispas con la EPE

El sospechado Saurín acusó de mentiroso a operario de la empresa, que a su vez denuncia parcialidad corporativa.

Truco, retruco y vale cuatro. El partido que juega la Empresa Provincial de la Energía (EPE) contra el juez Rubén Saurín, sospechado de robar energía eléctrica, está llegando a su final. La semana pasada, la defensa del juez de Instrucción de la capital santafesina denunció por presunto falso testimonio a los operarios de la EPE que habían detectado una conexión clandestina en la lujosa casa del magistrado, ubicada en el residencial barrio de Guadalupe a pocos metros de la laguna Setúbal. El juez que lleva la causa, Darío Sánchez, hizo lugar a uno de los pedidos. Ayer la EPE redobló la apuesta: presentó una denuncia contra Saurín por presunto fraude procesal y recusó a Sánchez por considerar que no es imparcial y que actúa de modo corporativo a favor de su colega.

El caso de Saurín resume los cruces entre el Ejecutivo y la Justicia de la provincia. Incluso el gobernador Hermes Binner y su ministro de Justicia, Héctor Superti, intervinieron, a principios de mayo, para rechazar por decreto la jubilación del magistrado, con el argumento de que primero debían resolverse tanto el jury de enjuiciamiento como la causa penal por el supuesto hurto de energía.

La semana pasada, el juez laboral Carlos Guillermo Garibay dictó un fallo para ordenar a la provincia que acepte la renuncia de Saurín, cuyo trámite de jubilación está resuelto desde 2006. Ni bien se conoció ese dictamen, la defensa de Saurín comenzó el contraataque y denunció por falso testimonio a los operarios de la EPE que en marzo de 2009 hicieron las inspecciones en las que detectaron las irregularidades.

Saurín contrató como abogado al penalista Néstor Oroño, conocido en la ciudad de Santa Fe por defender a represores de la última dictadura acusados de crímenes de lesa humanidad  y a ex funcionarios provinciales  involucrados en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la inundación de 2003. Oroño denunció que la inspección realizada en el domicilio de su defendido estuvo viciada. La fiscal Graciela Parma consideró que había elementos suficientes para aceptar el planteo, y ordenó una investigación sobre la actuación de los trabajadores de la EPE. El juez de Instrucción Darío Sánchez tomó declaración a los operarios que habían hecho la inspección en la casa de su colega, y uno de ellos terminó sospechado de haber mentido.

La dirección de la EPE, que se constituyó como querellante en la causa, recogió el guante y presentó ayer una denuncia contra Saurín por presunto fraude procesal. Pidió que sea llamado a indagatoria y, además, recusaron a Sánchez por considerar que actúa en forma parcial a favor de su colega. Desde la EPE ratificaron que siguen dispuestos a aportar las pruebas necesarias para demostrar que el control realizado en la casa de Saurín fue correcto, y defendieron la actuación de los operarios que labraron el acta de fraude 4.117-442, caratulada como “conexión directa clandestina”.

Entre otros elementos, la EPE presentará fotos, copias del acta de procedimiento y cables retirados del domicilio del juez. Y reiterarán el pedido para que se hagan peritajes del medidor de energía, lo que consideran clave para resolver la causa.

Raúl García, gerente de Asuntos Jurídicos de la EPE, explicó: “Recusamos al juez Sánchez por considerar que ha manifestado parcialidad en el desarrollo del proceso incurriendo, incluso, en el prejuzgamiento”. El funcionario opinó que la empresa “no tenía el mismo trato” de parte de Sánchez que la defensa de Saurín. “Al no confiar en su imparcialidad, lo recusamos”, dijo. Uno de los asesores de la oficina que conduce García, Claudio Puccineli, comentó: “Jamás en 20 años de profesión vi una actuación de un juez que defienda con tanto esmero los intereses de la defensa, porque normalmente actúa en favor de la persecución penal”, que en este caso es la empresa de energía. “Vemos que ahora los que están en la picota son trabajadores que hicieron lo que correspondía”, agregaron; por ello pidieron que se indague en forma urgente a Saurín. Pese a que tiene fueros, el magistrado igual puede ser llamado a esa instancia “porque la indagatoria es un acto de defensa material”, explicó Puccineli. “Lo que no se puede hacer es detenerlo o juzgarlo”, indicó.

El abogado de Saurín también habló ayer. Argumentó los motivos por los que denunció a los operarios de la EPE: “Habían sostenido una versión coincidente; sostuvieron que habían desconectado un cable irregular y que retiraron el medidor. Nosotros retiramos ese cable que dejaron los empleados , con escribano público, y lo presentamos en la causa. Estos empleados vuelven a declarar a pedido de la EPE y, sorpresivamente, uno de ellos extrae un cable diciendo que él lo había retirado, que lo había mantenido en su poder y que lo iba a sumar a la causa. Cuando declaró el otro, se contradijo: señaló que ese cable había sido retirado y depositado en la sección de control de la EPE. Es llamativo que la empresa, 15 meses después, alegue tener un cable que no presentó oportunamente. La maniobra es pueril y burda”, opinó Oroño.

Esta denuncia disparó la reacción judicial de la EPE y movió a sus directivos a salir en férrea defensa de sus subalternos. “Quieren matar al mensajero”, dijo Puccinelli. Y agregó respaldarán la actuación del empleado sospechado de falso testimonio porque “su legajo es intachable”.

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