La discusión sobre la facultad de detención de la Fiscalía y el control judicial de este tipo de medidas se discutió el viernes en una audiencia de Cámara. En junio pasado, un grupo de personas que se manifestaba en la puerta de la Unidad Fiscal de Homicidios fue detenida luego de una serie de disturbios que, según la investigación fiscal, incluyeron amenazas y daño. Ello derivó en la presentación de un habeas corpus por parte del Servicio Público de la Defensa en favor de los arrestados, que fue rechazado in límine. Varias horas después, los manifestantes recuperaron la libertad aunque la Defensa Pública decidió apelar la decisión al entender que debe existir un control judicial sobre esta prerrogativa que la ley otorga al órgano acusador. El planteo fue desechado por el vocal Guillermo Llaudet quien respaldó la decisión del juez de primera instancia al entender que hubo un conflicto, que no se desconocen los motivos de las aprehensiones, y detalló que la medida fue monitoreada por un fiscal. El camarista concluyó que en este caso puntual no se dieron los requisitos legales para la procedencia del habeas corpus.
El 10 de junio pasado un grupo de manifestantes se reunió frente a la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos con el fin de reclamar el esclarecimiento de 5 hechos de homicidio, la mayoría de ellos con miembros de las fuerzas de seguridad como sospechosos. La protesta fue subiendo de tono, hubo cortes de calle y quema de neumáticos, por lo que el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la investigación de los crímenes, decidió no continuar con la atención de familiares. Si bien una parte del grupo se retiró, las personas que acompañaban a la familia de Dante Fiori –asesinado el 16 de abril por un policía de la PDI en un presunto hecho de robo que la familia niega– se mantuvieron en el lugar.
Ante la negativa del grupo protestante de retirarse sin la entrevista con el fiscal la situación se agravó y un operativo policial, al mando de un alto jefe de la fuerza, derivó en la detención de 17 personas, entre ellas mujeres embarazadas, menores y un vecino que decidió filmar el procedimiento.
El Servicio Público de la Defensa presentó un habeas corpus a favor de los manifestantes que fue rechazado in limine por el juez Carlos Curto y si bien el grupo recuperó la libertad varias horas después, quedó vinculados a una investigación por daños y amenazas. La Defensa Pública apeló la decisión de Curto y el viernes se realizó una audiencia presidida por el camarista Guillermo Llaudet. Con la presencia de la totalidad de los miembros de la Unidad Fiscal de Homicidios en la sala, el fiscal regional, Jorge Baclini, defendió la postura de los suyos junto a los fiscales Miguel Moreno y Álvaro Campos, mientras que el defensor general Gabriel Ganón arremetió contra la forma en la que se utilizó la facultad que confiere la norma. Sostuvo que si bien los accionantes recuperaron la libertad a las horas, no fue claro si se trató de una aprehensión o una detención. No se aclaró los motivos de la decisión, ni quién dio la orden. El funcionario sostuvo que la legalidad de la detención debe ser revisada y resaltó la importancia del contralor judicial para evitar arbitrariedades.
Por su parte, la Fiscalía defendió la facultad que le concede la ley, sostuvo que al recuperar la libertad la acción se volvió abstracta y reivindicó la existencia de un legajo fiscal en marcha donde se investigan los delitos de daños y amenazas. Posteriormente, se brindaron 4 testimonios. Hablaron de lo vivido dos empleados de la fiscalía y dos de las personas detenidas, entre ellas un vecino que pasó por el lugar cuando comenzaron los arrestos, decidió filmar la situación y marchó preso.
Luego de escuchar las exposiciones, Llaudet se tomó un cuarto intermedio para resolver. A su retorno, decidió confirmar la decisión apelada. El vocal sostuvo que la decisión no implica una negativa al control judicial y detalló que en el caso no se dieron los presupuestos legales para su admisibilidad. Entendió como un “eufemismo” el fundamento de que se desconocían los motivos de la detención y relató la existencia de un conflicto donde un órgano del Estado era cuestionado y también perturbado. Concluyó con la referencia a un legajo fiscal abierto donde continuará la discusión.
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