País

Mujeres enrejadas

La Bonaerense llevó presa a la secretaria general de Ammar

Georgina Orellano, titular del gremio de Trabajadoras Sexuales, fue detenida junto a tres compañeras y llevada a una comisaría de Burzaco. De inmediato se convocó a una campaña y se logró la liberación. Denuncian persecuciones por una norma derogada


Foto: Gentileza Radio Gráfica / Georgina Orellano

La Policía bonaerense detuvo, y luego liberó este sábado poco antes de la medianoche, a tres trabajadoras sexuales y a la secretaria General a nivel nacional del gremio Ammar, Georgina Orellano, a las que presuntamente acusaron del “delito” de prostitución y de repartir preservativos en la calle “alentando a la prostitución”. Así lo denunciaron desde el gremio de Trabajadoras Sexuales que de inmediato articuló una campaña de llamados para interesarse por las detenidas, hasta que en la comisaría 2ª de la localidad de Burzaco descolgaron los teléfonos. Finalmente la acción rindió resultados, aunque las integrantes del sindicato y militantes feministas que las acompañan denunciaron la persecución de los uniformados pese que hace una año se derogó un artículo del Código de Faltas que penalizaba el trabajo sexual como una contravención.

Activistas dieron cuenta de la situación y apuntaron a tres patrulleros que hacían una recorrida por la ruta provincial 4 en el Gran Buenos Aires, más conocida como Camino de Cintura, y se llevaron a las mujeres presas. “Luego de labrarle un acta por una supuesta contravención diciendo que el artículo 68 sigue vigente y que están cometiendo un delito, se las están llevado injustamente y quitándoles el celular para que no se puedan comunicar”, difundió una de las integrantes del sindicato.

“Las compañeras están ahora apartadas en una celda. Esto es lo que sucede cuando las trabajadoras sexuales no estamos reconocidas ni contamos con derechos. De esto hablamos todos los días”, expuso y lamentó una de las militantes que apoyan al sindicato de Trabajadoras Sexuales.

El artículo 68 al que se hizo referencia es una pieza que data de la última dictadura –está compuesta por tres decretos-ley de 1977 y 1979– que está suspendido en el aire, ya que en julio de 2017 el Senado provincial sancionó la ley que derogó la sanción de arresto y económica por prostitución, al entender que derivaba en “una mayor vulneración contra quienes hoy siguen siendo reprimidas por la Policía a la vez que son víctimas del sistema prostituyente”. Empero, los uniformados entienden que quedó en pie una parte que refiere a la oferta pública de sexo “dando ocasión de escándalo o molestando”.

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