La provincia de Corrientes declaró Monumento Natural a un ave que habita exclusivamente en los esteros del Iberá y que se encuentra en peligro de extinción. Se trata de sporophila iberaensis, una especie “nueva” de capuchino, y que ya requiere ser protegida para que no desaparezca. Nueva en razón de que recién fue descrita formalmente hace menos de un lustro, en 2016, por los ornitólogos Adrián Santiago Di Giacomo y Cecilia Kopuchian, quienes practicaron un riguroso estudio mediante el cual se pudo establecer que se trataba de una especie distinta a los restantes miembro de la familia, y que permanecía aún innominada. Su condición de especie plena había sido publicada apenas tres años antes, en 2013.
Di Giacomo y Kopuchian son investigadores del Conicet, y trabajan en el Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal).
Su investigación recibió un reconocimiento este jueves, cuando la Cámara de Senadores de Corrientes le dio la media sanción que le faltaba a un proyecto de ley presentado por el defensor del Pueblo de la provincia mesopotámica, César Vallejos Tressens, para declarar Monumento Natural al capuchino Iberá, como se lo dio a conocer en nombre común.
De acuerdo con lo señalado en esa investigación, publicada en 2016, los capuchinos son un grupo de aves endémicas de Sudamérica, de pequeño tamaño, que alcanzan apenas ocho gramos de peso y habitan en los pastizales y humedales mesopotámicos.
Estas aves se alimentan de semillas de gramíneas nativas y son migratorias, ya que durante la primavera y verano se reproducen en los pastizales de Corrientes, especialmente en el Iberá y sus proximidades y luego migran hacia el norte, hasta el centro de Brasil y el este de Bolivia a pasar el invierno, ya que son regiones con temperaturas más elevadas.
Según se explicó oficialmente la categoría de Monumento Natural que se le concedió por parte de la Legislatura correntina al capuchino Iberá implica una “protección absoluta”.
Así, la norma ordena, con fuerza de ley, que “se dispongan y tomen medidas tendientes a profundizar su estudio y el de su hábitat, para asegurar plenamente su conservación, evitando que por falta de medidas adecuadas se produzca su extinción”.
La norma tiene ocho artículos, en los que, además, prevé que las violaciones o transgresiones que causen daño a la especie “serán sancionadas con multas de hasta mil sueldos del director de Parques y Reservas” de Corrientes, simplemente una fortuna, ya que equivale a los ingresos de nada menos que 83 años y un tercio de trabajo de un jerárquico del Estado provincial.
En tanto, la autoridad de aplicación será precisamente ése organismo provincial, no obstante lo cual se determinó notificar de la medida a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Ministerio de Turismo de la Nación.
También a la Administración de Parques Nacionales, la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, la Universidad Nacional del Nordeste, la Fundación Vida Silvestre Argentina, la organización Aves Argentinas, el Conicet, la entidad Birdlife International, la fundación World Wild-life Fund, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (Cites).
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