Expedientes judiciales que hicieron historia, incluyendo el acta de liberación de un esclavo negro de Manuel Belgrano, el hábeas corpus presentado a favor de Juan Perón el 15 de octubre de 1945 y la denuncia por el secuestro por parte de un comando israelí del jerarca nazi Adolf Eichmann, serán expuestos al público en el marco de los festejos del Bicentenario.
La sorprendente colección será exhibida por decisión de la Corte Suprema y está compuesta por 36 expedientes provenientes de diversos archivos del Poder Judicial, y fue inaugurada en el mediodía de ayer por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, al dejar abierto el año judicial (ver página 10) en el Patio de Honor del cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde las carpetas llenas de folios amarillentos quedarán en exposición de manera permanente.
De la presentación participaron los historiadores Armando Alonso Piñeiro, Juan José Cresto, Lucía Gálvez, María Sáenz Quesada y Horacio Salas, quienes habían trabajado junto al fallecido historiador liberal Félix Luna en un detalle histórico sobre cada trámite judicial.
Uno de los expedientes más notables es el hábeas corpus presentado a favor del detenido y destituido coronel Juan Perón, 48 horas antes del “acontecimiento que cambió el destino de la Argentina, la jornada popular del 17 de octubre” de 1945, escribió la historiadora Lucía Gálvez.
El recurso, contenido en un desteñido cartapacio rojo con el número de causa 1.634, fue desestimado por el juez federal porteño Horacio Fox a raíz de la falta de legitimación activa del peticionante, el diputado cordobés Enrique Badesich, cuyas actitudes estrafalarias hicieron sospechar a los contemporáneos que había sido impulsado por enemigos del coronel para desprestigiarlo, según aseguró Luna en su clásica obra “El 45”.
También integra la colección el recurso presentado a comienzos de 1933 por Regina Pacini a favor de su marido, el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear, para que pudiera abandonar el país de su encierro en la isla Martín García luego de que comandos radicales tomaran algunas comisarías de Santa Fe, trámite que entró en la vía muerta de recursos y apelaciones.
Llevado también a la isla adonde ya en 1930 había sido confinado el derrocado Hipólito Yrigoyen, a favor de Arturo Frondizi se presentó la abogada María Marta Peltzer, quien reclamó su restitución, aduciendo que se había consumado un “agravio a la soberanía del pueblo”, trámite desechado por el juez federal Leopoldo Insaurralde invocando doctrina de la Corte Suprema.
Fue el mismo juez que dio curso a una denuncia de Verónica Liebel de Eichmann, el 12 de julio de 1960, luego de que el premier israelí David Ben Gurión reconociera que el inventor de las cámaras de gas para exterminar judíos en la Segunda Guerra Mundial había sido secuestrado dos meses antes por un comando israelí en Buenos Aires, donde vivía bajo identidad falsa.
A fines de 1962 el magistrado archivó el expediente luego que, tras reiterados exhortos diplomáticos, protestas y reclamos en Naciones Unidas, considerara que se habían agotado las vías legales para reponer al jerarca nazi, quien ya había sido juzgado y ejecutado en Tel Aviv.
Al fallecido Félix Luna le tocó glosar el contenido de un acta que remonta a los orígenes de la actividad forense: en 1808, cinco años antes de la Asamblea del Año XIIII, que consagró la libertad de vientres, Manuel Belgrano dictó ante un escribano la liberación de su esclavo mulato “Roque Belgrano”, que le dio en recompensa por sus buenos servicios.
Luna también revisó el expediente 56.093/1964 del Juzgado Federal de Salta donde se recogen los testimonios de los miembros apresados por la Gendarmería del Ejército Guerrillero del Pueblo que, bajo órdenes del periodista Jorge Ricardo Masetti, intentó crear en 1963 en Orán un “foco” según el modelo cubano, y las condenas de hasta 18 años de prisión aplicadas a los sobrevivientes “sin necesidad de leyes especiales ni de procedimientos que no fueran estrictamente legales”.
Bajo las vitrinas se almacenan también juicios sucesorios, como la del patricio presidente Manuel Quintana, muerto a los diecisiete meses de asumir; la millonaria herencia de Carlos Juárez Celman y el expediente tramitado ante el Juzgado Nº1 en lo Civil de la Capital, “Mitre, Don Bartolomé, s/sucesión”, iniciado el 19 de junio de 1906, y en el que sus herederos donan su biblioteca “a la Nación Argentina” según era su público deseo.
La causa por el tiroteo que estalló en la Plaza Congreso el 6 de septiembre de 1930 prueba, definitivamente, que el asalto al poder del general José Félix Uriburu del 6 de septiembre de 1930 no fue un simple paseo de los cadetes del Colegio Militar: produjo 23 muertos y 154 heridos.
Quienes visiten la muestra podrán ver también los folios de un proceso contra el editor Jacobo Timerman promovido por el empresario italiano Oberdan Sallustro dos años antes de ser secuestrado y asesinado por el ERP, en 1972, junto a la carta de ciudadanía argentina otorgada en 1929 del magnate griego Aristóteles Sócrates Onassis.
Otos expedientes cuentan historias de Lisandro de la Torre, Hipólito Irigoyen y hasta del juicio por desacato iniciado contra el entonces radical Oscar Alende en noviembre de 1951 por tildar al presidente Perón de “mal hijo y mal padre”.
En breve se sumarán a las vitrinas conteniendo la ficha de afiliación de Perón a su partido, y las fichas electorales de Ernesto Che Guevara, recuperados de los archivos de la Justicia electoral.
Comentarios