Manuel Parola
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) informó que durante el operativo de desarme que accionó en Santa Fe se receptaron e inutilizaron 120 armas de fuego y 2.482 municiones. En diálogo con El Ciudadano, las autoridades de la Agencia comentaron la historia y la importancia de esta política pública que ya lleva 15 años de implementación y condecoraciones alrededor del mundo por su eficacia pero que todavía deja un debate importante en el seno de la dirigencia política: cómo regular la circulación, el uso y tenencia de armas de fuego en la población civil.
Desde 2007, a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, las autoridades recibieron e inutilizaron alrededor de 210 mil armas de fuego y más de dos millones de municiones. Cada persona que se acercó voluntariamente entre el 30 de enero y el 3 de febrero en el barrio Empalme Graneros de zona norte, en el club Reflejos (Génova 2402) a entregar sus armas recibió una remuneración económica, de carácter simbólico, que es definida según el tipo de arma entregada.
“La persona que comete un delito no va a ir a entregar ese tipo de materiales junto con el resto de la ciudadanía”, comenzó diciendo a El Ciudadano Natasa Loizou, directora ejecutiva de la Anmac, el organismo que se encargó de llevar adelante el operativo de desarme voluntario en la provincia de Santa Fe, que continúa una historia de 15 años de funcionamiento y aplicación de una política pública.
La titular de la Agencia confió que se destruyeron 9 toneladas de municiones sólo en el 2022, mientras que, entre los meses de enero y mayo, se llevaron adelante 1.318 inspecciones en 19 provincias, en las cuales se secuestraron un total de 1.147.338 materiales controlados que se encontraban en infracción a la normativa vigente.
“Argentina mantiene hace más de 30 años sus registros (de tenencia y portación de armas de fuego). El arma se registra, se procesa en términos técnicos y luego en una última etapa se pasa al proceso de destrucción. La inutilización es con una prensa hidráulica, la destrucción es en una planta metalúrgica donde se funde y luego se pasa por una trituradora, las armas terminan siendo chatarra y se utilizan para hacer caños”, explicó la funcionaria.
Ciudadanía para desarmar
Las políticas de desarme son una realidad gracias a que los diferentes gobiernos prorrogan la ley que habilita a la agencia a llevar adelante este tipo de operativos en todo el país: “Nuestro sistema de desarme voluntario y el control de armas se sostiene sobre cinco leyes y un corpus normativo que deriva en un Frankenstein cuyo origen es la falta de debate serio para la reglamentación del uso de armas de fuego”, acusó Loizou. Sin embargo, destacó el régimen de control de armas respecto de las políticas de control de armas en países latinoamericanos cercanos: “El régimen de control es único en la región”.
El programa de desarme requiere de la amnistía penal, que no es una figura permanente sino que requiere de un proyecto de una ley que la prorrogue, lo cual es necesario dado que de otra forma estaríamos pasando por encima del Código Penal.
“Nos preocupó, porque claramente para la oposición, no es tema de prioridad o de interés, la cuestión del desarme. Se utilizaron una diversidad de tergiversaciones, de excusas, para que se devolviera a la Comisión de Seguridad y que no se pudiera aprobar”, a lo cual la titular de la Anmac le agregó otro dato: es la primera vez desde el 2006, primer año de la aplicación del programa de desarme, que hubo más cantidad de abstenciones que votos: “La ley se solía votar por unanimidad de los diferentes sectores políticos”, recordó la especialista en gestión tecnocientífica, la cual cree que el mencionado cambio de humor frente a las políticas de desarme es una cuestión de ideología: “Nos llamó muchísimo la atención que tardara tanto que se trate el proyecto de ley de prórroga de amnistía penal, que no es una figura permanente. Creemos que es una cuestión de ideología política”.
La funcionaria advirtió que se encuentran “preocupados por la falta de responsabilidad de referentes políticos” que tienen declaraciones como Patricia Bullrich, quien alienta la tenencia y portación de armas en la vía pública: “Tener una credencial de legítimo usuario y portador de armas no es un derecho, es un privilegio”, sentenció Loizou, y agregó: “El Estado lo otorga a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a ella. Es un privilegio. Las sociedades se desarrollan y deben dar sus discusiones. No negamos el debate, demos la discusión, pero seriamente”.
Trabajo de hormiga
“Hay un peso muy grande sobre la Anmac para hacer trabajos que otras agencias del Estado deberían hacer”, dijo Loizou, pero “tienen un ida y vuelta constante con la Agencia”. Según la funcionaria, el organismo que ella lidera controla el mercado legal de estos materiales, es decir que sólo regula para registrar, reempadronar y categorizar tanto los elementos consignados (armas, pirotecnia, químicos peligrosos, chalecos antibalas, vidrios blindados, entre otros) pero “no es su tarea la investigación criminal, policial o judicial”.
A su vez, la agencia también controla las agencias de seguridad privada, las armas y elementos blindados que manipulan las agencias de transporte de caudales, los agentes de custodia personal privados, entre otras entidades de esas características que manipulan armas de fuego. Actualmente, Argentina no tiene una ley que regule a los servicios de seguridad privada, lo cual hace que cada provincia tenga la potestad de regular estos servicios a discreción.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado por la ley 26.216, en el año 2007, mediante un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Loizou destacó: “En 2013 fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una de las políticas del futuro”.
“La entrega de un arma en un operativo de desarme es una acción y decisión anónimas y voluntarias: el arma se presenta ante puestos fijos que son las delegaciones de la Anmac. Se reciben tanto armas como municiones”, comentó Loizou brevemente acerca del desarme.
“La ciudadanía que no desea tener esas armas en sus espacios cotidianos puede venir a dejarla. Suele pasar cuando muere algún familiar y encuentran este tipo de materiales y no saben qué hacer con ellos. No te piden ningún dato, venis y la dejas” explicó.
Además, añadió: “El arma se inutiliza inmediatamente delante de la persona. Si tiene pedido de secuestro se separa, tiene un tratamiento apartado. No se destruye por estar en proceso de investigación. Se le entrega un acta comprobante a la persona y se le entrega un incentivo económico dependiendo del calibre y tipo de arma, La importancia de esto es reducir el circulante de armas que tenemos en la sociedad. La gente no debería tocar el arma por precaución, como la encuentran, la llevan. Es muy peligroso tocar un arma sin conocimiento”.
Buscar las armas, buscar la paz
Loizou relató que el desarme voluntario es una de las políticas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial para eliminar el circulante de armamento, hasta incluso después de la Guerra Fría. Chipriota de nacimiento, la funcionaria contó que “nacer y crecer en un contexto de postconflicto, en donde uno está rodeado de una situación absolutamente militarizada, con presencia de fuerzas militares de otros países del mundo, de la ONU y, siendo joven, uno quiere vivir, uno busca proyectar su vida en un contexto de paz y en un contexto de que el miedo por la guerra no te atraviesa absolutamente todas las decisiones que vos querés tomar en el resto de tu vida y que no te condicione”.
Los organismos internacionales promovieron dos políticas: el control de armas, que empezó como control de no proliferación de armas de destrucción masiva, pero también las armas convencionales. Para el sector productivo, cuenta Loizou, las políticas de desarme que se implementaron alrededor del mundo generaron una diversificación tecnológica: “Los que producían tenían que generar tecnologías para poder hacer la desmilitarización”.
La segunda política tiene que ver con promulgar, en los Estados nacionales, la promoción de políticas de desarme voluntario y de prevención de la violencia armada.
“Creo en la paz. Soy pacifista, pero también tengo una fuerte convicción de que el Estado Nación debe tener el ejercicio del monopolio de la fuerza, que lo tiene que ejercer a través de sus fuerzas armadas o sus fuerzas de seguridad, pero también el Estado debe tener el control de las armas que circulan en la sociedad y las armas que utilizan las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad”, dijo Loizou a El Ciudadano.
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