El ministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó duramente al PRO por impulsar un proyecto para vender acciones que el Estado tiene en empresas privadas y aseguró que es una idea «ruinosa y vendepatria».
«Quieren privatizar de nuevo. Tienen un proyecto y quieren reventar todo a los extranjeros para que ellos pongan un director», advirtió ante la comisión del Senado, donde se analiza un proyecto del Ejecutivo para que la venta de acciones sólo sea autorizada por ley.
Acusó a economistas del PRO de pretender «vender las acciones en bloque a fondos especulativos para que ellos pongan los directores y conseguir dólares».
«Quieren liquidar activos estatales en dólares y esta es una discusión de fondo: qué hacemos con el patrimonio argentino», sostuvo y agregó que «es una propuesta vendepatria y ruinosa».
«Es el modelo de los 90, cuando ya privatizaron una vez y ahora quieren vender hasta las tenencias minoritarias», fustigó.
El Senado comenzó a debatir en comisión el proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo para declarar de interés público la protección de las participaciones sociales en empresas privadas del Estado Nacional, que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantías Sustentables (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La iniciativa es tratada durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social que se llevará a cabo en el Salón Illia de la Cámara alta. Del encuentro participan el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, en la reunión.
El proyecto fue anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina de Kirchner, y declara de interés público la protección de las acciones que el Estado posee en empresas privadas y que forman parte del FGS del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De ese modo, se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros. Esa cláusula obliga al oficialismo a aprobar ahora la iniciativa con la misma cantidad de votos.
De acuerdo con el proyecto ingresado ayer al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y «promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional» para «resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias».
Para ello, se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee) como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los «derechos políticos» inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
De ese modo, se busca «contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria».
La nueva agencia se integrará con un Directorio y un Consejo Consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.
El Directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de Anses; dos directores designados por el PEN y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría. Se conformará a los 30 días de promulgada la Ley.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos, podrán ser reelegidos por otro período y sólo podrán ser removidos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones por decisión de las 2/3 partes de los miembros de la Bicameral.
Entre otras facultades, los directores podrán impartir instrucciones a los administradores designados por el Estado a fin de que «la administración de los negocios sociales resguarde el interés público comprometido en la actuación de la Sociedad».
Una de las novedades que se conoció ayer es que la ley no alcanza a las acciones del Estado en YPF o YPF Gas.
