Prof. Fabio Gentili
Cuando asume Néstor Kirchner la presidencia del país el 25 de mayo del 2003 lxs jubiladxs representaban el 66% de los adultos mayores, el 34 % de nuestrxs viejxs no tenían otra alternativa que ser una carga para sus familiares o padecer de indigencia, sin ingresos y sin obra social. Lo primero que se hizo con respecto al sector pasivo fue aumentar por decreto las jubilaciones planteando que el incremento fuera mayor en los haberes mínimos para achicar la diferencia entre los mismos y los más altos. Pero sin duda la acción revolucionaria y reparadora fue la implementación de la primera moratoria previsional del año 2005, la cual le permitía a las personas que habían llegado a la edad jubilatoria (60 años la mujeres y 65 los hombres) comprar años desde el día de su mayoría de edad a setiembre del 1993, paralelamente a esto también se tomó la decisión trascendental para millones de mujeres.
Por primera vez en nuestra historia se consideró al ama de casa como trabajadora por lo cual también ellas pudieron acogerse a la oportunidad de jubilarse. Después de décadas de políticas neoliberales que destruyeron el trabajo formal el Estado argentino se hacía cargo y le daba la oportunidad a quienes se habían quedado desempleados, o quienes habían trabajado en forma no registrada de obtener su beneficio previsional.
Consecuencia de dicha moratoria la tasa de cobertura llegó al 2010 al 93,8% de la clase pasiva con cobertura previsional, más de 3 millones de personas se jubilaron gracias a esa decisión política y nuestro país logró tener la tasa más alta de inclusión de esta franja etaria en el continente.
El 20 de noviembre de 2008 se sancionó la Ley 26.425 a partir de la cual se reestatizó la Seguridad Social en Argentina recuperando los fondos previsionales por parte del Estado nacional, regresando al sistema solidario. Con ésta acción se crea el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) con el capital, bonos y acciones que administraban las AFJP, fortaleciendo así el sistema previsional argentino. Es importante tener en cuenta que la seguridad social cuenta con dos fondos:
1) el FGS que tiene como objetivo garantizar que nuestro pueblo tenga un respaldo ante cualquier crisis económica y financiera que ponga en riesgo el sistema previsional, por lo que la función de cualquier gobierno sería fortalecerlo:
2) el fondo con que mes a mes Anses paga sus prestaciones, que no son solo jubilaciones y pensiones sino también asignaciones familiares, subsidios por casamiento, nacimiento o adopción, licencias por maternidad, escolaridades, AUH, AUE, becas Progresar, etc. Dicho dinero viene de aportes patronales y de lxs trabajadorxs pero se completa en más de un 40% con impuestos, gran parte de los impuestos a las ganancias, al cheque, IVA se destinan a la seguridad social y la totalidad del impuesto al tabaco, con esto decimos que también es incompleta la consigna tan gastada que dice que la plata de Anses es de lxs Jubiladxs, la misma se queda corta, la plata de Anses es de todas y todos ya que en casi todas las familias alguien cobra alguna prestación de la Seguridad Social y todo el mundo pone a través de sus aportes previsionales o impositivos para que el sistema pueda cubrir las necesidades dinerarias. Por lo que podríamos decir que es de extrema justicia que si todxs ponen está bien que todxs se beneficien.
En el año 2008 comenzó a aplicarse la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece dos aumentos anuales semestrales y cuya fórmula se basa en los aumentos salariales fijados por paritarias y la recaudación impositiva. La misma permitió el crecimiento paulatino de los ingresos a los adultos mayores. Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández en 2015 el haber mínimo rondaba los 450 dólares frente a los 110 del 2003.
En el año 2014 el gobierno consideró insuficiente la moratoria previsional vigente y envió al Congreso un proyecto de Ley con una nueva moratoria previsional que extendía el plazo que posibilitaba comprar años para lograr los 30 años necesarios a para jubilarse a diciembre de 2003. Es necesario tener en cuenta que el período 1993/2003 fue dónde los índices de desocupación e informalidad, producto de las políticas neoliberales, fueron los mayores de nuestra historia. Por otro lado, a diferencia de la moratoria del 2004, ya no todxs los adultxs mayores podían acogerse a la misma. A partir de su implementación se estableció un análisis socioeconómico por el cual solo podían adherir al beneficio las personas con vulnerabilidad social, o sea que se jubilaron gracias a la moratoria quienes no tenían recursos para recorrer su ancianidad en forma digna. Gracias a ésta decisión política el porcentaje de inclusión previsional hacia 2016 alcanzaba a más del 95%.
El gobierno de Mauricio Macri significó un gran retroceso para el sector pasivo. Por un lado en período 2015/2019 el poder adquisitivo en dólares se redujo a la mitad, llegando a los mismos valores del 2001, esto fue así pues se cambió la ecuación para calcular los aumentos de los haberes tomando cómo determinante la recaudación impositiva, que se derrumbó en dicho período y la inflación. Pero además prorrogó, sólo para mujeres, la Ley 26.970 (2014) no cambiando el límite de tiempo en el cuál se puede acoger a la moratoria, es decir que en la medida que pasa el tiempo ésta va quedando corta e imposibilita a más personas a jubilarse, por ejemplo, una mujer que hoy cumple 60 años solo podría comprar 23 años, teniendo que tener 7 años de aportes después del 2003 para lograr su beneficio. Si no pueden lograrlo tendrían que esperar a cumplir los 65 y junto a los hombres que no tienen los aportes necesarios, tramitar la Pensión Universal para Adultos Mayores (Puam), por lo que las mujeres, en dicha situación, aumentan su edad en 5 años para tener un beneficio y el mismo sería 20% menor que el haber mínimo y además no sería transferible al cónyuge, conviviente o hijx con discapacidad en forma de pensión por fallecimiento.
Desde la asunción del Frente de Todos en 2019 se anuló la ley de movilidad macrista restableciendo el cálculo de aumento al sector pasivo con la fórmula establecidas en el gobierno de Cristina haciendo que lo percibido por jubiladxs no pierda ante la inflación, también se dictó una ley por la cual las mujeres pueden sumar años de aportes para lograr jubilarse por cuidado. Por la misma pueden sumar un año por hijx, si cobró AUH 3 años. Si bien esto posibilitó a miles de mujeres completar los años necesarios para jubilarse la mayoría con 60 años o más no logran hoy tener su beneficio y además la extensión de la moratoria se vence el próximo 23 de julio por lo cual, de no haber cambios, las posibilidades de jubilarse se van a achicar drásticamente. Se calcula que sólo una mujer y tres hombres cada diez lograría jubilarse.
Por lo antedicho el FDT se enfrenta a una disyuntiva impostergable. O cumple con su esencia basada en la Justicia Social, o no hace nada y conforma al FMI con sus exigencias de ajuste y a la derecha vernácula.
Sosteniendo la consigna DONDE HAY UNA NECESIDAD, EXISTE UN DERECHO hay un proyecto cuya autoría es de lxs senadorxs nacionales Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, que se titula “Plan de Pago de la Deuda Previsional” por el cual las personas que tengan la edad jubilatoria pero no alcancen a los 30 años de aporte podrán cancelar con cuotas, que pueden llegar a ser hasta 120, que se descontarían de su haber jubilatorio. Además crea la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales por las y los trabajadores y las trabajadoras en actividad a los que le falten hasta 10 años para llegar a la edad para jubilarse, 50 las mujeres y 55 los hombres, y no lleguen a los 30 años de aportes al Sipa ( Sistema Integral Previsional Argentino) puedan completar los mismos.
Hay que tener en cuenta que el promedio de años aportados por personas en edad de jubilarse y no completan la totalidad de aportes ronda 15 años, por lo que la crítica de sectores de la oposición que dice que es INJUSTO que personas que no aportaron se jubilen, se contrapone a nuestra visión que nos indica que es injusto que los aportes realizados se pierdan. Pero también la propuesta Kirchnerista atiende la necesidad de fortalecer la Seguridad Social. La cuota que se pagaría, lxs jubiladxs y trabajadorxs en actividad que se descontarían de sus ingresos, tendría el mismo monto que paga un trabajador en actividad, 29% de la remuneración mínima imponible consistente en $ 10, 989. El 29 % es $ 3,187 por mes, de acuerdo a la deuda previsional que tenga el plan de pago será de 30, 60 o 120 cuotas.
Éste proyecto tiene un objetivo a corto plazo, ya que el período de implementación se limita a 2 años, con la posibilidad de extenderlo 2 años más y otro a mediano plazo, ya que le permitiría a personas jubilarse hasta dentro de 10 años. Los aportes de éstas últimas harían sustentable financieramente la aplicación de dicha política y significarían Justicia Social para alrededor de 800.000 argentinas y argentinos que sin tener esta herramienta no podrán jubilarse.
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