Sergio Fernández Novoa (*)
No hacía dos meses que había asumido la presidencia de la Nación la noche del 4 de junio de 2003 en que Néstor Kirchner miró las cámaras y pidió “con toda humildad, pero con coraje y firmeza”, que el Congreso preserve “a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias”.
Los que no estaban a la altura de la circunstancia eran los ministros de la Corte Suprema de Justicia que conformaban la “mayoría automática” que el menemismo había construido –ampliación de cinco a nueve miembros mediante– para garantizar el festival privatizador y las políticas de ajuste.
Estaba claro, ayer como hoy, que no hay posibilidades de construir un país más justo e igualitario sin ministros de la Corte que “estén a la altura”. También que, en contra de cierto sentido común que insisten en instalar las corporaciones mediáticas, son los gobiernos neoliberales (Carlos Menem en los noventa, Mauricio Macri hasta hace poco) los que menos respetaron la independencia de la Justicia y la probidad de sus máximas autoridades.
Estar a la altura
La decisión política de Néstor Kirchner hizo posible que den un paso al costado los cortesanos Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López y que otros dos, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano se convirtieran en los primeros jueces de la Corte en ser destituidos por juicio político en la historia judicial argentina.
Consciente de que si la Justicia no se democratiza se convierte en rehén del poder económico y mediático, el entonces presidente impulsó volver a una integración de cinco miembros y avanzó en una decisión histórica: autolimitar al Poder Ejecutivo a la hora de designar a los jueces de la Corte.
A través del Decreto 222/03 dispuso que se publiciten los antecedentes de los aspirantes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar objeciones a las candidaturas y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
Por este camino llegaron al máximo tribunal del país Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, conformando una Corte Suprema plural e idónea que terminó con el espectáculo bochornoso brindado por la “Corte de la mayoría automática”.
Fue Cristina Fernández de Kirchner quien decidió profundizar este camino impulsando una reforma judicial por la que fue atacada sistemáticamente por el poder mediático y por una oposición que se reserva sólo para los discursos los principios republicanos de transparencia y participación.
En dicha reforma la ahora vicepresidenta propuso que los miembros del Consejo de la Magistratura se eligieran a través del voto popular y que en su integración no haya sólo abogados sino ciudadanos procedentes de otras disciplinas o ciencias, como ya ocurre en distintas provincias.
Además impulsó transparentar y difundir los actos, resoluciones y fallos de todos los tribunales (incluida la Corte), la creación de un registro público donde se asienten las causas que lleva la Corte, la democratización del ingreso en todas las instancias del Poder Judicial y el respeto a la carrera judicial para acceder a los cargos de mayor responsabilidad, entre otras medidas.
Atendida por sus dueños
La reforma judicial naufragó por la acción concertada de los poderes corporativos (económico, mediático, político y judicial), creando las condiciones para que un nuevo gobierno neoliberal, el de Macri entre 2015 y 2019, vaya incluso más allá y vuelva a avanzar sobre la Corte Suprema de Justicia.
Es que a sólo cuatro días de asumir Macri designó, por decreto y sin aprobación del Senado, dos jueces en comisión para cubrir los cargos vacantes que había en la Corte. En lo que fue un verdadero escándalo político y jurídico, apenas disimulado por los medios hegemónicos, barrió de un plumazo la política democratizadora iniciada en 2003.
Sin ponerse colorado y “olvidando” la tan mentada “falta de independencia del Poder Judicial” que la derecha había agitado durante más de una década, Macri iba por la Corte propia con la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Cabe aclarar, que tras el alboroto tuvieron sus pliegos aprobados por el Senado.
Es una Corte sinuosa, como quedó claro con la aceptación por unanimidad del per saltum interpuesto ante el máximo tribunal por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para impedir el retorno a sus juzgados de origen.
Sin embargo, en una sentencia de 4 votos a 1, el alto tribunal expresó que los jueces y juezas sólo pueden ser nombrados/as por concurso, con intervención del Poder Ejecutivo (que elegirá una terna) y acuerdo de la Cámara alta del Congreso nacional.
El único voto para mantener el espíritu de la decisión anterior a favor de Bruglia, Bertuzzi y Castellil, fue el de Rosenkrantz. Repasar su trayectoria explica mucho mejor que cualquier discurso encendido “en defensa de las instituciones” qué Corte, y, en definitiva, qué Justicia necesitan garantizarse los poderes fácticos en la Argentina.
El hoy presidente de la Corte fundó en 1992 un estudio jurídico junto con su ex socio, el abogado Gabriel Bouzat. Especialistas en defensa de la competencia, representaron a cientos de empresas, entre ellas a algunas del Grupo Clarín y a Farmacity y Pegasus, estas dos últimas vinculadas al ex vicejefe de Gabinete macrista Mario Quintana.
También litigaron a favor de Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural, Carbap, McDonald’s y asesoraron a los Fondos de inversión GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus.
Rosenkrantz además, tuvo un pleito contra el Estado nacional cuando fue patrocinante de la provincia de Santa Fe, y logró que la Corte le reconociese la validez del reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable.
Justicia perseguirás
El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que no se expone a la voluntad popular. Esto facilita que su funcionamiento, muchas veces, se parezca más al de una casta que al de un Poder de un Estado social y democrático. Y cuando esto ocurre ganan siempre los mismos: los que ya lo tienen todo.
El sistema judicial argentino está configurado de manera vertical. En su punto más alto se encuentra la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros deben garantizar conocimiento y equidad. Y también independencia, que no es sólo del poder político sino también del poder económico y mediático.
Es imprescindible que la Señora Justicia no sea ciega a las necesidades de cada ciudadano, pero también que mantenga la venda sobre sus ojos para resolver sin favoritismos ni privilegios.
Tal como están las cosas la actual Corte solo ve lo que le conviene e interesa a los poderes permanentes. Es hora de recuperar la senda democratizadora iniciada en 2003 y pedirle a Rosenkrantz y compañía estar “a la altura de las circunstancias”. El pueblo argentino, agradecido.
(*) Periodista. Diputado provincial del Frente de Todos de Neuquén. De vaconfirma.com.ar
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