Un debate en torno de la legislación de un Código Procesal Penal Juvenil para Santa Fe tuvo lugar el pasado jueves 31 de julio en el Colegio de Abogados de Rosario, a sala llena, donde fueron expuestos dos proyectos de ley que buscan restituir los derechos vulnerados de jóvenes y adolescentes judicializados. Fue antes de que se conociera la decisión judicial de ordenar el desalojo del Irar y el traslado de los adolescentes a cárceles comunes, lo que disparó un áspero debate. El encuentro, organizado por el grupo de trabajo para las infancias y juventudes Pido Gancho y la Coordinadora de Trabajo Carcelario, se inició con una charla exponencial de los autores de cada modelo. Por un lado, el ministro de Justicia santafesino, Juan Lewis; y por otro, el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli. El panel lo completó Julián Axat, responsable del Programa Nacional de Acceso Comunitario a la Justicia (de la Procuraduría General de la Nación) y ex defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, y Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur y consultor de Unicef.
“Básicamente lo que estamos proponiendo es volver a pensar las políticas de niñez para poner arriba de la mesa un debate que nos parecía que estaba un tanto invisibilizado, que tiene que ver con la reforma del código penal juvenil. Hay dos proyectos que todavía no han sido debatidos. Y este espacio es para eso. La idea es sumar a esta reflexión a organizaciones que trabajan en el día a día con los jóvenes y no sólo pensar en la letra de la ley, en la cosa más formal, sino también en cómo impacta en el trabajo cotidiano. Estamos discutiendo la restitución de derechos para los niños y los adolescentes y tratando de abordar integralmente cuestiones de la niñez. En realidad, lo que estamos obligados a debatir es si queremos un sistema punitivo, o un sistema que realmente termine incluyendo a los pibes. Ese es el trasfondo del debate”. Así explicó Fabiana Fernández, antropóloga e integrante de Pido Gancho, en lo que fue la actividad inaugural de la agrupación kirchnerista que reúne a profesionales de las ciencias sociales que trabajan con esa problemática.
“Apoyamos el espíritu del proyecto de Toniolli”, dijo a su turno Matías Somi, también antropólogo de Pido Gancho, quien aclaró que la base de la discusión es que en la actualidad “no hay garantía para juzgar a los niños y en eso coinciden los dos proyectos”. Pero mientras uno “prevé una Justicia totalmente garantista e igual que la de adultos, el otro propone un código especializado para jóvenes. La diferencia tiene que ver justamente con eso: creemos que la posibilidad, después de ser juzgado, de transitar esa pena yendo a la escuela, haciendo algunas cuestiones lúdicas o deportivas, puede ser parte de restitución del derecho a ese niño, derecho que le fue vulnerado. Ahí hay una diferencia de espíritu y de paradigma entre los proyectos”, dijo Somi.
Menores con menos garantías
Hoy en día, un menor acusado de cometer un delito tiene menos garantías jurídicas que un adulto. La situación se debe a que Santa Fe tiene una legislación procesal juvenil inaplicable porque se enmarca en el paradigma tutelar que quedó derogado, virtualmente, con la sanción de la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la ley provincial 12.967 –que reglamenta a nivel local la normativa nacional–, además de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución nacional con la reforma de 1994. Los dos proyectos en discusión coinciden en ese punto, aunque difieren en cuestiones relacionadas a cómo sería el procedimiento de enjuiciamiento de los menores.
El anteproyecto presentado por el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, toma como base el código de adultos, que haría de piso de garantías para los adolescentes que enfrentan causas penales y que, en la actualidad, según asumió el funcionario, están en peores condiciones que un mayor.
“Nuestro proyecto tiene mucho que ver con lo que sucede en el Código Procesal Penal de adultos, cuyo rendimiento ya todos conocen. Se trata de un proyecto que legisla la especialidad respecto de la materia penal juvenil para adolescentes infractores. Esto significa que la línea procedimental en la investigación de una infracción cometida por un adolescente es la misma que para los adultos, solamente que este código regularía aquellas cuestiones que hay que hacer de manera especial, en atención a la situación de una persona en desarrollo, que es el infractor menor. Se toma como base el Código de adultos y se regulan algunos institutos de manera diferente en atención a la materia específica penal juvenil”, explicó Lewis.
En ese sentido, mencionó que hay algunas instituciones que no pueden ser iguales que la de los adultos porque existe un mandato de la Convención de los Derechos del Niño que establece la reacción, el juzgamiento y la investigación respecto de los jóvenes. Entre ellas mencionó los plazos, “que indudablemente tienen que ser más cortos”, la excepcionalidad de algunas medidas cautelares que son “muy restrictivas” y otras cuestiones como la reserva de las actuaciones de las audiencias.
Por ultimo aclaró que “un Código Procesal Penal no regula la ejecución de ninguna sanción socioeducativa. Lo que regula es la forma en que se investiga y se enjuicia a una persona acusada de cometer un delito”.
Por el contrario, el proyecto del diputado provincial Eduardo Toniolli propone “un fuerte rol de las medidas socioeducativas, no como previas o parte de la discrecionalidad del juez, sino como posibles sanciones sustitutivas de la pena del encierro”. Al respecto, el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja expresó que “la alternativa al tradicional patronato no es imponer una reforma de carácter neoliberal donde se establezca igualdad en los procedimientos entre menores y mayores, sino un plus de derechos y garantías para los menores, porque fundamentalmente lo que hay que reconocer es la especificidad de la edad, en lo que tiene que ver con los jóvenes de 16 hasta 18 años”.
En ese sentido, Toniolli aclaró que lo que debería regir a los sistemas de Justicia penal juvenil es “la rehabilitación del joven, porque en última instancia un joven, como ningún otro actor, es producto de lo que la sociedad hizo con él”.
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