El ministro de la Corte Suprema de Chubut Alejandro Panizzi estuvo en Rosario para integrar el jurado –junto al ministro local Daniel Erbetta y el camarista Ernesto Pangia– en el concurso para seleccionar el futuro director de la Oficina de Gestión Judicial, organismo que, define, “será el corazón” del nuevo sistema de Justicia penal. El magistrado habló con El Ciudadano de los beneficios de la reforma procesal penal que en Santa Fe está en etapa de implementación y que Chubut puso en marcha hace algunos años. Aquí se explaya sobre el cambio cultural necesario, de las dificultades que debieron superar, las trabas y las resistencias dentro del mismo Poder Judicial.
“El nuevo sistema acusatorio hacia el que se marcha es muy novedoso, porque hay dos divisiones principales: una es la del organismo de investigación, separado del organismo de juicio; y al mismo tiempo el organismo de juicio queda desprovisto de toda tarea administrativa, que queda a cargo de una Oficina de Gestión Judicial a partir de ahora el corazón del proceso penal, que va a ser quien gerencia los procesos desde el principio al fin”, describe.
—Es un cambio profundo en relación a lo actual.
—Se pasa del proceso penal basado en el trámite (expediente escrito), a este nuevo sistema basado en el resultado. Es un cambio de paradigma copernicano, donde se incluyen las más modernas herramientas de gestión, nuevos procesos de trabajos, otra concepción del trabajo judicial, trabajo en equipos y con objetivos cumplibles, se requiere también una planificación estratégica y de una administración estrategia. La ideología de este nuevo sistema requiere una capacitación inicial y una calificación continua. Es un proceso mucho más democrático, porque es público. Todo transcurre en una audiencia y cualquier ciudadano puede acceder a la información a través de una página web. La celeridad del proceso es clave porque apunta a que todo se haga en el menor tiempo posible y con el menor costo y menor empleo de recursos financieros tecnológicos y humanos. Va de la mano de las más modernas tecnologías de la información y de la comunicación, si no fracasa.
—¿Se podría decir que requiere un cambio cultural?
—Sí, muy importante, porque se desbarata la cultura del expediente. Todo se hace en forma oral, por ejemplo las audiencias de una ciudad a la otra se realizan por videoconferencias, ya no necesitamos que el patrullero vaya a buscar al testigo; declara desde su ciudad por videoconferencia y todo se registra de un modo audiovisual, a esta altura de la tecnología el proceso penal no puede prescindir de ella.
—En Chubut la experiencia tiene varios años. ¿Cuáles fueron los beneficios y las dificultades?
—Las dificultades más que nada son de implementación. El cambio cultural, como se dijo, es muy grande. Nosotros recibimos objeciones de casi todos los sectores al momento de la implementación, que allá estuvo a cargo de la Cámara Penal de la Corte provincial y realmente la objeción era unánime. Los jueces se oponían porque creían que iban a perder su poder, cuando el poder de los jueces está sólo en su sentencias, no en si le pueden dar una licencia a un empleado. Los fiscales se oponían porque decían que no iban a poder hacerse cargo de la investigación que hasta entonces tenían a su cargo los jueces de instrucción, cuando en rigor los fiscales tenían una dotación mucho más amplia que la del juez. El sindicato se oponía porque creían que iba a haber un perjuicio para sus afiliados, pero ninguna de estas objeciones tenía un fundamento jurídico. El sindicato llegó a decir que se trataba de un plan del Banco Mundial para perjudicar a los empleados. Hoy uno ve que las cosas van. No es la panacea, porque también tenemos problemas presupuestarios, hay vacantes que no se cubren, pero hemos avanzado muchísimo.
—¿Se usan métodos alternativos de solución al conflicto penal?
—Claro, el sistema los permite porque se basa en el resultado. Una disputa de vecinos no se va a dirimir con una sentencia sino que bastará con que uno le pida disculpas al otro ante el juez al poco tiempo que ocurrió esa disputa. Una de las ventajas, al ser un proceso tan breve, es que impide que una persona acumule muchos procesos pendientes sin que recaiga en ellos una sentencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de homicidio de un remisero que ocurrió un domingo y el viernes siguiente ya tenía sentencia. No siempre es así, pero sí es un proceso que tiene un plazo máximo de 3 años, si no se resuelve el proceso caduca, por lo que el fiscal tiene la obligación de esclarecer el hecho, coloca en un saco todas sus pruebas, se las presenta al juez, el defensor se defiende, presenta sus pruebas, y el juez, que es tercero neutral, dirime todo en una audiencia oral y pública, ése básicamente es el nuevo sistema.
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