La posibilidad de que el fiscal Adrián Spelta sea sancionado por 90 días por su presunto mal desempeño al otorgar una prisión domiciliaria en 2018 provocó alerta entre los familiares de los dos rosarinos fusilados por policías provinciales a mediados de 2017, David Campos y Emanuel Medina, quienes esperaron más de tres años para sentar en el banquillo a 19 uniformados implicados en el doble homicidio y su posterior encubrimiento, y de los cuales dos enfrentan pedidos de prisión perpetua.
La preocupación es más que entendible. No sólo porque los legisladores emitieron el pedido de dictamen disciplinario a días de comenzado el debate oral, sino porque se trata de uno de los juicios más importante de la provincia de Santa Fe en materia de violencia institucional letal y tanto la suspensión del debate como el reemplazo del fiscal Spelta provocarían otro daño irreparable para las dos familias ya mutiladas.
Para ellos, la sola idea de que el juicio sea suspendido o que el fiscal que lo lleva adelante desde el inicio de la investigación sea reemplazado –por otro que no conozca los vericuetos de una causa tan compleja y con tantos policías imputados– afectaría gravemente la búsqueda de verdad y justicia además de sus derechos como querellantes.
“Es imprescindible que el fiscal mencionado pueda terminar su desempeño en este debate en particular, en el que el Estado provincial es responsable por las muertes de nuestros hijos y para garantizarnos justicia y sanción adecuada efectiva de los responsables. Insistimos: la medida disciplinaria de suspenderlo en este momento afectaría irreparablemente el juicio”, dijeron los familiares de las víctimas en un comunicado dirigido a la Legislatura provincial.
En el mismo le solicitan que “independientemente de las sanciones que decida aplicar sobre el fiscal Adrián Spelta se le permita terminar su labor en esta causa” y que los convoquen “para ser oídos y se atienda esta delicada y grave situación para evitar agravar aún más la responsabilidad del Estado provincial ante graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde la querella, tanto el abogado Santiago Bereciartua como su colega Federico Garat aclararon a este diario que el petitorio tiene como fin garantizar el normal desarrollo del juicio oral que comenzó el pasado 4 de septiembre –y que ya sufrió varios cuartos intermedios por motivos diversos como una imputada que se quedó sin defensor y una asistente de la Fiscalía que debió ser hisopada por Covid– pero para nada intrometerse en el la situación particular que atraviesa Spelta y los coletazos políticos que desencadenó.
“¿Justo ahora tenía que ser?”
“Si lo tienen que sancionar que lo hagan, pero después del juicio. Nosotros no nos vamos a meter con el tema de la suspensión porque esa investigación no tiene nada que ver con la causa de David y Emanuel. Pero tuvieron un año y medio investigándolo y justo ahora tenía que ser. Justo ahora lo quieren suspender”, ser preguntó Germán, el hermano de David Campos, quien junto a su familia hace más de tres años espera que se haga justicia.
“Lo que nosotros exigimos es que si lo suspenden lo hagan después del juicio, porque creemos que no se puede suspender a un fiscal cuando está llevando adelante un juicio de estas características. Además él conoce la causa como nadie porque estuvo desde el primer momento. No se lo puede reemplazar”, explicó.
En ese sentido dijo que están conformes con la investigación que llevó adelante Spelta y que terminó con 19 policías acusados que en estos momentos están siendo juzgados.
“Sabemos que no todas las causas de violencia institucional son tratadas como esta. El fiscal entendió que éramos dos familias de trabajadores y que lo chicos no estaban haciendo nada malo. Esperemos que todo este tiempo que llevamos en lucha sirva para algo, que todos sean condenados y los chicos puedan descansar en paz”, concluyó.
Fusilamiento
David y Emanuel fueron asesinados por balas policiales la mañana del 23 de junio de 2017 cuando ambos circulaban en un auto Volkswagen Up y comenzaron a ser perseguidos por la policía motorizada. Las víctimas se asustaron y continuaron la marcha.
La persecución, a la que se unieron móviles del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT), terminó en Callao al 5700, donde el auto en el que iban los jóvenes se despistó e impactó contra un árbol. Fueron baleados por agentes policiales que llegaron al lugar. Ambos murieron dentro del habitáculo del coche.
Por el hecho hay dos policías, Alejandro Bustos y Leonel Mendoza, acusados del homicidio calificado de David y Emanuel y enfrentan un pedido de pena de prisión perpetua.
Los otros 17 están involucrados por la comisión de distintos delitos: Marcelo Adolfo Escalante por abuso de arma calificado, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada, para él la acusación pidió 16 años de cárcel y 32 años de inhabilitación especial.
Hugo Daniel Baroni, Fernándo Hernán Varela, Paola Lorena Cano, Leandro Javier Cardozo, Claudio Sebastián Canclini, Aldo Ricardo Benítez, María de los Angeles Ramírez, Roxana Ramírez, Jésica Lezcano, enfrentan cargos por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica.
Con solicitud de penas de 12 años de cárcel y el doble del tiempo de inhabilitación, salvo para Lescano y Ramírez, para quienes el pedido es de 7 años de prisión y el doble de inhabilitación especial.
El resto llega al debate acusado por los mismos delitos. Ellos son: Walter Marcelo Ocampo, Alexis Iván Tanneur, Alejandro Luis Bolanios, Germán Jesús Mareco, Daniela Carolina Abraham, Pablo César García y Rosa Elena D´Angelo aunque para ellos las penas pedidas son de 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación, excepto para los dos últimos, para quienes la inhabilitación que reclamada es de 10 años.
Suspensión en suspenso
El dictamen de los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos que pidió suspender por tres meses a Spelta, jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario, no llegó a ser votada porque un fallo judicial le puso freno a la polémica ley que habilita a los legisladores a investigar el desempeño de fiscales y defensores públicos, por invadir la división de poderes.
De esa manera, un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario declaró inconstitucional la cuestionada ley 13.807, aprobada en diciembre de 2017 sin debate previo ni en el recinto, que le otorga a los legisladores poder sancionatorio.
Con ese fallo, la Legislatura quedó momentáneamente inhibida para avanzar con el sumario administrativo contra el fiscal Spelta por una decisión judicial de 2018.
En su dictamen, senadores y diputados de la Comisión Bicameral de Acuerdos solicitaron a las cámaras la suspensión por 90 días y sin goce de sueldo para el fiscal rosarino, a partir de una denuncia de Lisandro Enrico por haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al célebre y ya fallecido “Ema Pimpi” Sandoval, condenado en su momento como instigador del atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti e imputado por una triple tentativa de homicidio al momento en que fue asesinado.
Para el tratamiento de ese dictamen, la vicegobernadora y presidenta del Senado Alejandra Rodenas convocó a una sesión conjunta para este jueves 1º de octubre en la cual los senadores y diputados debían expedirse sobre el futuro de Spelta.
Pero esta semana se conoció el fallo de la Justicia Laboral que declaró la inconstitucionalidad de la ley y este jueves desde la Legislatura emitieron un comunicado en repudio de esa resolución, defendieron la ley y adelantaron que apelarán la resolución de la Cámara Laboral.
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