El juicio por la explosión de Salta 2141 tiene fecha de inicio. La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fijó el 12 de noviembre para el comienzo del debate oral y público en el que se juzgarán las responsabilidades de 11 personas en la fuga de gas que el 6 de agosto de 2013 provocó la explosión y que dejó 22 muertos y más de 60 heridos. El tribunal quedó formado por los jueces Julio Kesuani, Edgardo Fertita y Rodolfo Svala. Fuentes judiciales aclararon que esa integración es frágil: Fertita y Svala se excusaron de participar y Kesuani está a punto de jubilarse. Las partes tienen tiempo hasta este miércoles para presentar recursos de queja y la Justicia deberá determinar la situación de los magistrados, por lo que la fecha podría variar.
Los 11 imputados están acusados por el delito de estrago culposo agravado. Son tres gasistas, tres administradores del consorcio y cinco trabajadores de la distribuidora del servicio en Santa Fe, Litoral Gas.
La tragedia Salta 2141 fue el 6 de agosto de 2013 a las 9.38. Una fuga de gas provocó una explosión que hizo desplomar el segundo cuerpo del edificio y destruyó gran parte de los dos restantes. Bomberos y voluntarios de toda la ciudad trabajaron durante una semana entre los escombros para buscar sobrevivientes y los cuerpos de las 22 víctimas. La investigación de la fiscal Graciela Arguelles, a cargo del juez Ismael Manfrín, culminó con la imputación de 11 personas por el delito de estrago culposo agravado, que contempla penas de hasta cinco años de prisión. Los más complicados son el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes esa mañana trabajaron en las instalaciones del edificio. Un tercer reparador, José Allala, también quedó acusado porque manipuló los equipos días antes de la explosión. También se sentarán en el banquillo los tres administradores del consorcio –Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli– y cinco trabajadores de la empresa Litoral Gas: los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.
La Justicia recibió en junio pasado el resultado de la última prueba que pidió la fiscal y el juez: un peritaje de la Policía Judicial de Córdoba sobre la cañería, el regulador de presión y el gabinete del edificio.
Los únicos querellantes son los familiares de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas. El resto llegó a un acuerdo económico y desistió de la acción judicial. “Como parte de la causa, todavía no fuimos notificados de la fecha”, lamentó un familiar de Gianángelo.
Un grupo de familiares de las víctimas pidió a su vez que los magistrados sean elegidos por sorteo. “Tenemos la información de que fueron designados a dedo. Venimos exigiendo otras carencias. La pericia que se mandó a hacer a Córdoba tiene información crítica y escasa. Fue una prueba que esperamos mucho. Sentimos que no nos podemos relajar en ningún momento y que tenemos que estar encima de la causa todo el tiempo. Lo único que queremos es que haya verdad y justicia”, explicó Marcela Nissoria, ex pareja de Hugo Montefusco, uno de los fallecidos.
Quieren que se vaya Litoral Gas
Un grupo de familiares de víctimas de la explosión de Salta 2141 se reunió este viernes con la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese. Le pidieron que interceda para que la empresa Litoral Gas deje de prestar servicios en Rosario. “Por las irregularidades constantes, queremos que vean la forma para que no esté más en la ciudad. Que el servicio lo maneje la provincia y no una multinacional que no responde a ningún pedido o reclamo”, dijo Nissoria.
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