La Justicia avanza en el juicio a dos agentes de Policía acusados de ocultar pruebas, abusar de su poder y faltar al deber de funcionario público durante la investigación de un siniestro vial en el que murieron dos jóvenes a principios del 2014. Uno era el jefe de la comisaría 14ª, que trabajó en el siniestro por razones de jurisdicción. El otro es una agente de la antigua Brigada de Homicidios y madre del conductor del auto, condenado a tres años de prisión condicional. Ambos están sospechados de manipular pruebas para beneficiar al joven. El juez Luis María Caterina decidió dar lugar a la imputación de la Fiscalía y la querella, desde donde pidieron penas de 18 meses de prisión, inhabilitación y multa para un agente, y de un año de prisión más inhabilitación y multa para el otro. Familiares de las víctimas adelantaron que si los tiempos se cumplen a mitad del 2017 puede desarrollarse el juicio oral y público.
Por tapar
Liana Sonia G., de 49 años y agente de la ex Brigada de Homicidios, y Fabián F., de 42 años y ex jefe de la seccional 14ª, enfrentan una triple acusación: faltar al deber de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), abuso de autoridad (artículo 249) y por alterar elementos probatorios (artículo 255). De acuerdo con la imputación del fiscal Aníbal Vescovo, la mujer asistió a su hijo Federico G., la madrugada del 22 de febrero cuando había chocado el auto Fiat Uno blanco contra un camión en Pellegrini y Perú, al bajar del viaducto Che Guevara. En el impacto fallecieron Facundo Aguirre y Emiliano Cáceres, compañeros de colegio de Federico, que volvían de una fiesta de fin de curso en el Liceo Aeronáutico de Funes. El caso fue el primero dentro del nuevo sistema de juicios orales y públicos en tramitar una acusación de homicidio culposo en Santa Fe. Durante el debate la querella y la fiscalía advirtieron irregularidades en la investigación que empezaron a minutos del hecho y fueron parte de la nueva causa.
Ayer Vescovo acusó a Liana de traspasar el cerco perimetral esa madrugada y llevarse pruebas del lugar. Los familiares declararon que fue “para atenuar la posible condena a Federico”. Vescovo acusó a al comisario de ocultar otras pertenencias de los fallecidos y entregarlas erradamente a Liana.
En funciones o no
Uno de los delitos de los que se acusa a Liana es haber usado su condición de agente policial para entorpecer la investigación. Desde la defensa, Jorge Bedouret, negó los cargos y ofreció como prueba el libro de actas policial donde un superior dejó establecido que la mujer debía trabajar ese día pero desde las 14, y que antes había estado acompañando a su hijo después del choque. Entonces, siempre según el abogado, no estaba cumpliendo funciones como policía. Sin embargo, un testigo ofrecido por la misma defensa dijo lo contrario: que la había visto trabajar esa mañana. Se trató de un compañero de la Brigada.
Sobre el comisario, que trabajó bajo las órdenes del fiscal Walter Jurado en el lugar del siniestro, caen las mismas acusaciones. En particular, por entregar pertenencias de Emiliano y Facundo que estaban en el auto a Liana en vez de a sus familias. Según explicó la defensa, a cargo de Patricia Guzmán, se trató de un error cometido por un sumariante, quien ayer prestó declaración y dijo no recordar nada. Guzmán y Bedouret insistieron que las pertenencias (un par de lentes, un celular con manchas de sangre y unas zapatillas) no tenían valor probatorio.
Todo para el juicio
Uno de los testigos en la audiencia de ayer fue el fiscal del caso por el choque, Jurado. Según explicó el funcionario, llegó entre las 6.45 y las 7 al lugar, donde vio a la madre de Federico en el cantero que divide la avenida Pellegrini. Negó que le faltaran elementos probatorios para ir a juicio. “Hay elementos que no fueron recolectados porque G. alteró la situación antes de que llegara Jurado al lugar”, insistió Vescovo.
Desde la querella, Ignacio Carbone recordó que existieron pruebas manejadas por la Policía, fuerza a la pertenece la acusada, que no fueron parte del juicio. En particular, la muestra de sangre y orina de Federico, que hubiera aportado claridad al estado del conductor en el momento del choque. Si bien el enfermero que las sustrajo dijo que había sacado suficiente, los peritos químicos señalaron que al abrir los envases no encontraron lo necesario para hacer su trabajo. Durante el debate hubo testigos que señalaron que Federico estaba ebrio, lo que nunca se pudo constatar.
El nuevo proceso
Según fuentes judiciales, desde ayer corre un plazo de 10 días donde las defensas pueden pedir la revocatoria y evitar la llegada del juicio. Mientras tanto, la Fiscalía pidió ubicar a testigos, varios que prestaron testimonio en el juicio por la muerte de Emiliano y Facundo. También requirieron una pericia de Asuntos Internos, el libro de guardia, distintas actas de procedimiento, entre otros elementos. La querella pidió llamar otros testigos, entre ellos, el enfermero y el bioquímico. La defensa pidió que se anexen las pruebas usadas en el juicio anterior.
“El balance es positivo. La mayoría de las pruebas que presentaron fueron rechazadas. Los testigos no sabían qué decir. Si apelan nos llevará hasta mitad del año que viene”, explicó la madre de Facundo, Valeria Stortoz, a El Ciudadano. “La falta de sangre y orina son parte de las irregularidades que reclamamos desde el primer momento. Lo mismo por los elementos que sustrajeron del auto. Eran (por F. y G.,) los principales interesados en que esas pruebas no estén”, agregó Valeria.
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