Carina Ortiz
Con números en la mano, la camarista penal Carina Lurati habló del trabajo del Poder Judicial en feria y refutó los dichos del Poder Ejecutivo. En los primeros 18 días del año hubo 142 audiencias, 86 de las cuales fueron imputativas. A lo que sumó que el 100 por ciento de los pedidos de medidas investigativas, como allanamientos e intervenciones telefónicas, que pidió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fueron autorizados por los magistrados. “Lo más importante es que la gente sepa que el tribunal no cierra de vacaciones, el fuero penal funciona exactamente igual en la feria que resto del año ante el delito cometido durante la feria”, apuntó la magistrada.
El Poder Judicial no tardó en salir al cruce de los dichos del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en cuanto a la actuación de la Justicia durante la feria y el aumento de los homicidios desde que arrancó el año. El camarista Gustavo Salvador, el coordinador del Colegio de Jueces de primera instancia Luis María Caterina y ahora la camarista penal Carina Lurati defendieron la labor de los jueces.
Lurati explicó que en feria el Tribunal no cierra de vacaciones. Los delitos que se comenten en feria tienen exactamente el mismo tratamiento que los que se cometen el resto del año. Se quejó que se diga que la feria tenga que ver con la seguridad y que los jueces, por ser menos durante la feria, no estén atendiendo las medidas investigativas de la Fiscalía o la Policía.
“Los datos de Oficina de Gestión Judicial (OGJ) indican absolutamente lo contrario”, refutó. El Sistema de Justicia es un servicio al ciudadano por parte del Estado y tiene que conocer cómo funciona. El nuevo sistema tiene tres patas: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el defensor y el juez. El que investiga el delito es el MPA y se vale de la Policía para investigar, detalló. Lleva adelante, con la Policía, toda las medidas investigativas. Sólo requiere del juez cuando constitucionalmente necesita invadir la propiedad o la privacidad, en un allanamiento o en una intervención telefónica.
Los registros de OGJ muestran que todos los pedidos de allanamientos e intervenciones telefónicas fueron atendidos por un juez y evidentemente al juez le pareció correcto porque en el 100 por ciento de los casos fueron autorizados por el juez de feria.
“El juez tiene la obligación de velar por la constitucionalidad de lo que pide el fiscal, es su tarea. Lo que se planteó desde el Poder Ejecutivo, es que no fue mirado. Cómo no hay jueces nadie le dio curso. El 100 por ciento de las medidas solicitadas fueron revisadas por el juez y le pareció correcto y ordenó lo que el fiscal le pidió. En ningún momento se dejó de lado una audiencia por falta de jueces. Cuando los jueces de Rosario no dan abasto traen al juez del interior para que colabore. En caso de no ser suficiente hay jueces que, a pesar de estar de vacaciones, están en una especie de banco de suplentes. Está todo previsto y hasta ahora no hizo falta, solo un día el juez Juan José Tutau colaboró por la cantidad de audiencias”, precisó Lurati.
No hubo afectación para el ciudadano en el servicio de justicia de parte de los jueces, aclaró. En cuanto a los detenidos con salidas transitorias que no vuelven dijo: “En el momento que la jueza de ejecución advierte que no volvió de la transitoria, libra la captura”. A partir de allí es la Policía la encargada de buscarlo y es muy fácil porque en general las personas con salidas transitorias suelen tener un mismo ámbito de relación que con un mínimo de inteligencia pueden establecerse, dijo. En cuanto a los arrestos domiciliarios tienen un régimen de control también policial que lo ordena un juez, explicó.
Respecto a las audiencias que tuvieron lugar en los primeros 18 días, dijo que el número escaló a 142 y que en 86 casos fueron imputativas. A lo que sumó que en la Cámara Penal tuvieron lugar 13 audiencias. En cuanto a los pedidos fiscales de medidas investigativas fueron ordenadas el 100 por ciento –aseguró- y sumaron 53 entre intervenciones telefónicas y allanamientos.
En cuanto a las 200 capturas semanales que habló el Ejecutivo, la camarista explicó que esas detenciones son analizadas en primera instancia por la Fiscalía. La Policía puede detener por hechos que no son delitos o por una captura que lo único que tenía que hacer la persona era comparecer para notificarse de una resolución. Por eso la Fiscalía decide cuántas quedan detenidas hasta la imputativa. Cuando la Fiscalía lo lleva al juez, ahí es una decisión del magistrado.
“Si sólo nos quedáramos con el criterio policial, sería un estado policial fuera de la ley. Si debiéramos quedarnos con el criterio policial habría que eliminar al MPA y a los jueces y quedarnos con las 200 detenciones policiales”, concluyó.
