El suspendido juez federal Federico Faggionatto Márquez se declaró ayer “totalmente inocente” de las imputaciones en su contra y consideró que no debe “ser destituido” del cargo por “mal desempeño de sus funciones”, como reclamaron los fiscales del jury que se le sigue en el Consejo de la Magistratura y que se basa, a su vez, en más de 40 expedientes contra el magistrado de Zárate-Campana. Además, el acusado dijo que las imputaciones sobre él fueron “urdidas” por “algunos funcionarios” y promovidas por el “narcotráfico”.
Durante los alegatos en la última jornada del jury de enjuiciamiento, Faggionatto hizo uso de su opción de hablar y vinculó las acusaciones con la causa del narcotráfico que comandaba hasta ser suspendido.
“Respeto pero no comparto nada de lo que dijeron sobre mi persona. Soy absolutamente inocente de todo lo que se me acusa”, aseguró. “Iban a atentar contra mi vida por investigar el narcotráfico, que me quiere desbancar”, agregó en su exposición el juez, que dirigía entre otras causas la de la denominada “mafia de la efedrina”.
“A mi consideración las acusaciones no tienen sustento. Todo es una mentira muy bien urdida, que ha contado con la ayuda de varios funcionarios”, continuó.
El magistrado fue suspendido el 15 de octubre pasado por decisión del Consejo de la Magistratura, donde se abrieron más de 40 expedientes en su contra. Pese a un intento previo de los representantes kirchneristas del Consejo por sostenerlo –en momentos en que había vinculado al entonces candidato del peronismo disidente Francisco De Narváez con el narcotráfico– finalmente el oficialismo le soltó la mano y pudiendo hacer uso de su poder de veto para voltear el jury no concurrió a la reunión donde se decidió iniciar ese proceso, dejando el camino libre a los acusadores.
Ayer, el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, y el senador radical Ernesto Sanz, quienes ofician como fiscales en el jury, reclamaron la remoción del juez por sus “resoluciones absurdas, arbitrarias, la caótica situación de su tribunal y desconocimiento del derecho vigente”. Ambos opinaron que se trata de un “mal juez”, que “transa con lo peor de la Policía”.
En su acusación, Cabral y Sanz le endilgan a Faggionatto ejercer demoras injustificadas en varios expedientes, apropiarse de una plantación de soja e intentar extorsionar (con un pago de 400 mil dólares) a un imputado de secuestro extorsivo a cambio de concederle la excarcelación. Por su parte, el defensor del magistrado, Marcelo Brito, pidió que se desestimen los cargos.
Ya finalizados los alegatos, el veredicto se dará a conocer el próximo 25 de marzo.
El jurado que designó el Consejo de la Magistratura para definir si remueve o mantiene en su cargo a Faggionatto es presidido por el camarista Juan Giúdice Bravo, y lo integran los senadores Mariana Riofrío y Juan Marino, los diputados Juan Irrazabal y Rubén Lanceta, el juez de cámara Jorge Villada y el abogado Daniel Medah.
Durante el jury, que se inició el 23 de febrero pasado, quedaron en claro las posiciones de ambas partes: los ex empleados del suspendido juez defendieron su labor, mientras que otros funcionarios judiciales, letrados y hasta el ex ministro bonaerense Carlos Arslanian lo criticaron seriamente.
Entre los críticos, el fiscal Orlando Bosca reconoció haber tenido “dificultades” para seguir los trámites de causas en las que suponía que el juez “amparaba a delincuentes”. Otro de los testimonios importantes fue el del abogado Enrique Villarreal: confesó que dos de sus clientes, imputados por secuestro extorsivo, lograron la libertad luego de que vendieran un campo en territorio bonaerense a la décima parte de su valor.
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