Los diputados del Frente Progresista apuntaron sus cañones a la Justicia provincial por el nulo avance de la causa que investiga posibles sobreprecios en la compra de 140 motoniveladoras de origen chino por parte del gobierno de Jorge Obeid. El socialista Raúl Lamberto criticó al juez Julio César Costa –que lleva adelante el proceso– y al fiscal Jorge Andrés, a la vez que deslizó sus dudas sobre la Corte Suprema de la provincia, que hasta el momento no ha intervenido para colaborar con el juez. Por su lado, el radical Hugo Marcucci aseguró que las falencias demostradas por Costa “garantizan la impunidad” de los funcionarios que llevaron adelante la compra, en particular del ex director provincial de Vialidad Antonio Grbavac.
Los hechos ocurrieron en 2005. Ese año el gobierno de Obeid compró de una sola vez 140 motoniveladoras a la firma Austral Construcciones, del santacruceño Lázaro Báez, un empresario cuyos vínculos con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido no son un secreto para nadie. Según Marcucci, se trató de una operación hecha por encargo del kirchnerismo, que redundó en un gran negocio para Báez. La preocupación de los legisladores no sólo radica en los posibles sobreprecios, que según calculan habrían superado los 4 millones de dólares; también por la calidad de las máquinas –de las 140, 88 ya no funcionan, según denunció el titular de Vialidad Jorge Placenzotti– y por el hecho de que la empresa nunca pagó la multa por haber hecho la entrega fuera de término: más de 800 mil pesos que dejó de percibir el Estado santafesino.
La causa judicial por los posibles sobreprecios se inició en octubre de 2006 con una denuncia de Marcucci, Lamberto y Alicia Gutiérrez ante el fiscal Héctor Millen. Éste dio curso a la presentación y la causa recayó en el juez Costa. Pasaron más de tres años y medio y aún no se registraron avances. “La falta de personal y de infraestructura nos obliga a abocarnos casi exclusivamente a resolver cuestiones del día a día”, intentó justificar el juez en una entrevista publicada el lunes por el diario uno en la capital de la provincia.
Al diputado Lamberto, las declaraciones del juez le resultaron “preocupantes”. “Si una causa emblemática no tiene impulso procesal teóricamente por no haber personal o infraestructura estamos ante una situación de desidia”, dijo ayer en diálogo conEl Ciudadano. “Un juez que tiene una causa emblemática y necesita personal, peritos o infraestructura, debería haberlo solicitado formalmente a la Corte. Esto merece ser investigado. Y si el juez le ha solicitado a la Corte personal o infraestructura y la Corte no se lo ha dado, también merece ser investigado. Una causa tan importante para las finanzas del Estado no puede dejar de investigarse por motivos externos”.
Lamberto reivindicó la actuación del primer fiscal de la causa, que investigó y determinó la apertura del proceso, pero no tuvo conceptos similares para el actual acusador, Jorge Andrés. Y menos aún para el juez. “Debió haber continuado la investigación para determinar si hubo un delito y, en ese caso, las responsabilidades. Y el fiscal debió haber controlado la causa, porque su papel es justamente ése: instar a que no se detengan las investigaciones”, agregó el socialista.
Las máquinas compradas por la gestión de Obeid estaban valuadas en 59 mil dólares cada una. Con impuestos, derechos de aduana, fletes y otras cargas, el precio por unidad trepaba a 91 mil dólares. Pero la provincia terminó pagando más de 120 mil dólares cada una. Es decir: un supuesto sobreprecio de más de 4 millones de dólares en la operación global, que hasta el momento la Justicia no ha determinado. Para Lamberto, hay un “claro perjuicio contra el Estado” no sólo por las cifras abonadas sino porque la firma no se especializa en motoniveladoras sino en construcción.
Sobre las 88 motoniveladoras que Placenzotti asegura están fuera de funcionamiento, el diputado radical Hugo Marcucci opinó: “Esto es la muestra más extrema de que fue una compra malísima para la provincia. Y no fue casual: no existe ninguna compra en la historia de la Argentina de 140 motoniveladoras. Y tampoco existe que justo un proveedor tenga en disponibilidad 140 motoniveladoras”.
“Si además sabemos que es una empresa santacruceña, obviamente que es una compra que se hizo por encargo. Y compramos una porquería”, concluyó el diputado radical.
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