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Cruce de poderes

Juego clandestino: nuevo round entre el senador Traferri y los fiscales que lo investigan

En medio de las acusaciones cruzadas, el legislador aprovechó la sesión de la Cámara baja para acusar fraude judicial en la pesquisa en su contra


El senador Armando Traferri arremetió este jueves en una sesión de la Cámara Alta de la provincia contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que lo tienen en la mira en una investigación por asociación ilícita dedicada al juego clandestino. El legislador habló ante sus pares sobre la actuación de los funcionarios y dijo que están cometiendo un “fraude judicial y espionaje ilegal” y remitió la documental de la que se valió en su elocución a la comisión de Acuerdos de Asamblea Legislativa para su evaluación. Ante esta situación, el fiscal general Jorge Baclini salió en defensa de sus subalternos y dijo que la investigación en contra del senador sigue perfectamente los cánones normales.

Según publicó el protagonistaweb.com.ar, Traferri dijo que el 18 de diciembre de 2020 “denuncié públicamente y en esta Cámara de Senadores que el ex ministro (de Seguridad provincial, Marcelo) Sain había montado un sistema de espionaje ilegal en la provincia. También que los fiscales (Matías Edery y Luis Schiappa Pietra), de estrecha y reconocida relación con Sain, estaban cometiendo irregularidades y tenían un ensañamiento contra mi persona”.

En ese sentido, el legislador cuestionó el acuerdo abreviado al que llegó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien en su declaración lo involucró en el caso, y agregó que los fiscales accedieron ilegalmente al tráfico de datos de una línea telefónica que tenía asignada por el Senado. Además, aseguró que los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) falsificaron pruebas al cambiar contextos y manipular evidencia entre lo declarado por el empresario Leonardo Peiti –condenado en un procedimiento abreviado, tras ser considerado imputado colaborador, a tres años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal– y lo transcripto de esa declaración.

Por disposición del presidente de la comisión de acuerdos, Joaquín Gramajo se pidió la remisión de la documental expuesta para ser analizada.

Respecto a esta exposición en el Senado, el jefe de los fiscales de la provincia Jorge Baclini dijo, en declaraciones a LT8, “lo que sabemos es que la investigación está perfectamente por los cánones formales, y más allá de los fallos judiciales que avalaron a Traferri, lo que es la consideración lógica que tenemos, lo más adecuado es que cualquier persona, en virtud del principio de igualdad ante la ley se presente a prestar declaración”.

En otro tramo de la declaración dijo que “la mejor garantía que tiene que tener un legislador es la inmunidad de arresto y no la inmunidad de proceso” y agregó que para preservar el ejercicio de su cargo debería tener la inmunidad de arresto. “De allí que los fiscales han propuesto la inconstitucionalidad de las normas respectivas para poder convocarlo al senador a prestar declaración imputativa, que es lo que argumentan en la investigación que llevan a cabo”, señaló.

Además, el fiscal General contó que presentaron un anteproyecto para modificar la norma que le da el contralor a la Legislatura sobre la actividad fiscal, una norma sumamente cuestionada por el MPA. Dijo que el anteproyecto fija cómo debería manejarse el control disciplinario de los Fiscales que hoy lo tiene la Legislatura.

“Proponemos que se vuelva un poco al sistema anterior, a través de un jury de enjuiciamiento compuesto de un diputado, un senador, un fiscal Regional, un representante del colegio de abogados y el fiscal General”, señaló para remarcar “creemos que es el sistema más adecuado en lo que hacer al funcionamiento de las instituciones y la división de la independencia y autonomía de los fiscales”.

Baclini aclaró que cualquier organismo público tiene que tener un organismo de control, “lo que se objeta es que el control esté en manos de un poder político, como en este caso es la Legislatura. Eso afecta la independencia y la autonomía porque la Legislatura hace un control político mientras que el fiscal desarrolla una actividad jurídica”.

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