Una investigación por juego clandestino contra el ahora condenado Leonardo Peiti abrió una investigación secundaria cuando se conoció que el empresario tenía vinculaciones en la Fiscalía Regional Rosario, en donde obtenía información y protección a cambio de abultadas sumas de dinero.
Quedaron en la mira el entonces fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini. Con este último la fiscal Melisa Serena mantuvo una conversación y sus pares Matías Edery y Luis Schiappa Pietra la acusaron de que en esa charla obtuvo información que la obligaba a iniciar una investigación y no informó a sus superiores.
La funcionaria del MPA quedó a un paso del juicio oral pero una revisión de Cámara, a cargo de la jueza Bibiana Alonso, determinó el archivo fiscal al entender que la escasa evidencia no alcanza para llevar el caso a debate.
El origen de la investigación en contra de Serena fue una escucha telefónica de febrero del 2020, cuando mantuvo una conversación con Ugolini. Durante la charla el empleado judicial le dijo que “para tocar” al senador Armando “Pipi” Traferri había que pasar por el entonces fiscal Ponce Asahad y por el ex jefe de los fiscales rosarinos, en referencia a Serjal. Y ella hizo una referencia al peligro que implicaba para el MPA investigar al senador, quién luego quedó vinculado a la pesquisa por juego ilegal aunque no está imputado por la inmunidad de sus fueros.
Serena enfrentó una investigación disciplinaria y una imputación. En diciembre pasado la Justicia admitió el señalamiento fiscal y se allanó el camino al juicio oral y público, además rechazaron una recusación planteada por la defensa de la fiscal de San Lorenzo, “por temor de parcialidad”.
Los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman habían dicho que el tribunal compuesto por los jueces Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni era el mismo que había presidido la audiencia preliminar de Nelson “Coqui” Ugolini, y habían admitido la acusación por lo que habían adelantado opinión ya que ese señalamiento fiscal tiene la misma base fáctica que el que se llevaba adelante contra Serena.
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Sobreseimiento
Además, entre otras cuestiones procesales la defensa de Serena había pedido el sobreseimiento al entender que no había cometido un delito. En cuanto a este punto el tribunal hizo una pormenorizada explicación del objeto de la audiencia preliminar.
El tribunal explicó que tiene que haber una certeza negativa para dictar el sobreseimiento y a partir de allí evaluó el caso puntual. En esta oportunidad la evidencia se centró en una conversación telefónica que la funcionaria mantuvo con el empleado Ugolini. Para la acusación, Serena incurrió en dos delitos que fueron no haber iniciado una investigación tras conocer la información transmitida por Ugolini, y no haber cumplido con el deber de dar aviso a sus superiores de la conducta de un empleado que aparecía al menos irregular, mientras que para la defensa no había comisión de hecho ilícito.
Para la jueza Alonso no está controvertido que la conversación existió y que la fiscal Serena recibió la información, por lo que la evaluación giró en torno a la calidad de esa información recibida.
Dijo que es evidente que Serena estaba interesada en la opinión del condenado fiscal Ponce Asahad, quien trabajaba en consonancia con el entonces fiscal regional Serjal y -según Ugolini- tenía relación con el senador Traferri.
“De todos estos datos el único que tiene relevancia para la construcción del tipo -o podría gravitar sobre el mismo -, es el conocimiento relacional de Ponce Asahad con Traferri, los demás ni siquiera son datos llamativos”, aseguró.
Para esta conversación “Serena tenía un motivo que la movilizaba de gran manera: averiguar sobre un sumario administrativo en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, órgano que ostenta el poder de evaluar el desempeño de los fiscales y que era integrado por el senador Traferri.
En este marco de situación Ugolini, quien aparece locuaz en demasía, comienza a hablar sobre diversas cuestiones que incluyen al senador en el medio de lo cual desliza la frase “hacete la boluda y pará la oreja”.
Luego, Serena comenzó a contestar siguiendo la conversación y preguntó una serie de dudas sobre distintos posicionamientos del entramado político de Santa Fe y señaló que el tema del juego clandestino y puerto seco no se habían tocado en la zona en la que trabaja y que ni siquiera habían ingresado denuncias”, dice el fallo.
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“Más adelante, y con la misma locuacidad, Ugolini sigue mencionando una serie de cuestiones del entramado policial, de la relación de Ponce Asahad con Traferri y Serjal, a todo lo cual Serena respondió, en primer lugar, sobre la función del fiscal Aquiles Balbis, sin comprender muy bien adónde se dirigía la conversación, para concluir -refiriéndose a perseguir penalmente al senador-“. Y agregó: “me parece que es una jugada peligrosa hasta para el MPA completo, para el MPA de San Lorenzo por lo pronto”, refiere el documento.
La camarista Alonso concluyó que Serena siempre recibió información de parte de Ugolini, hombre que tenía una vinculación con Ponce Asahad y éste con el senador Traferri. Además que Ponce Asahad trabajaba con Serjal, consigna la resolución.
Necesitaba de los contactos de Ponce Asahad en la causa disciplinaria y en la conversación recibió un montón de información que no llegaba a entender del todo, mucha de ella política. A lo que Serena manifestó la dificultad de perseguir al senador y lo peligroso que era ello para el MPA. La jueza Alonso refirió además que esta conversación ocurrió varios meses antes de que se dé a publicidad la investigación por coimas en los que todos quedan involucrados, indicaron.
La jueza Alonso entendió que si bien toda la conversación pudo haber estado “rara” para Serena en ese momento no develó datos certeros que infieran la comisión de un delito. “Surge dudoso que Serena haya pretendido colaborar no denunciando, porque parece no entender ciertamente que estaba en conocimiento de alguna acción para denunciar”.
La decisión
Evaluado el caso la camarista explicó que dentro de la regulación legal no existe una solución expresa o explícita que regule el supuesto. No hay una certeza negativa absoluta para sobreseer pero tampoco alcanza la probabilidad de la existencia de un hecho delictivo y de su participación en él por parte de la fiscal, explicó.
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Para Alonso existen serias dudas que Serena actuó con el dolo necesario para que se configuren los delitos endilgados y aunque sostengamos que la conducta de la fiscal Serena no fue del todo correcta y ello haya sido pasible de una la sanción impuesta por la Legislatura de ninguna manera, habilita esta razón a seguir el camino del proceso, llevando una acusación dudosa a juicio, refirió.
Ante este panorama, la jueza Alonso resolvió confirmar parcialmente la decisión, rechazar una recusación al tribunal de primera instancia, revocar la imposición de costas y si bien rechazó el pedido de sobreseimiento dispuso el archivo jurisdiccional de la causa atento a que “la hipótesis sostenida sobre argumentos explicativos y escasas evidencias efectuadas por los fiscales en una investigación que se informa agotada, no alcanza el grado de probabilidad necesaria como para poder elevar la causa a juicio, dictando en función de ello el archivo jurisdiccional de las actuaciones”.
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