En un comunicado de prensa el Secretario General de Sitraju, Agustín Bruera, se quejó del levantamiento de la feria judicial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia mediante una acordada del 20 de Julio. El documento explica que el Poder Judicial funcionó durante la cuarentena por el compromiso de los trabajadores y esta decisión del máximo tribunal “en la práctica, conspira contra el funcionamiento del sistema judicial y la eficaz prestación del servicio de Justicia”.
El comunicado expresa que la acordada “dispone a las apuradas el regreso de la actividad judicial a partir del 27 de julio, sin prever las condiciones en las que habrán de abrirse nuevamente las oficinas. Desgraciadamente, la decisión parece más un mensaje de oposición política al gobierno nacional que una decisión madura y responsable de uno de los tres poderes de la República”, expresó.
“La medida contradice todas las acordadas anteriores, y transfiere a cada Cámara la responsabilidad que le compete a la Corte como máxima cabeza del Poder Judicial y administradora de sus recursos económicos. Algo similar resolvieron las autoridades de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación: se alinean con el levantamiento de la feria y, si bien dictan un criterio general favorable al trabajo remoto, otorgan facultades de superintendencia a cada magistrado o titular de las dependencias”, dice el documento.
Bruera explicó que se definió en forma unilateral y en una semana lo que no se definió en 120 días de cuarentena. Contó que los trabajadores hicieron su aporte y hace más de dos meses pusieron en consideración de las autoridades un protocolo de cuidado sanitario en los lugares de trabajo y no obtuvieron respuesta.
“Ante la situación de extremo riesgo que supone el regreso a las oficinas, surge la alternativa del teletrabajo. Pero esa modalidad laboral, que antes de la pandemia no se había puesto nunca en práctica en la Justicia, se abordó a las apuradas, sin regulaciones ni las previsiones que requieren esta tarea; recayendo una enorme responsabilidad en cada trabajador o trabajadora que en muchos casos hasta debieron adquirir computadoras y servicios de internet para hacer frente a las presiones laborales. Sin horarios, ni derecho a la desconexión, atendiendo niños o familiares a cargo”, dice el documento.
Y agrega “como si fuera poco, en el camino la Corte también decidió suspender la feria judicial, sin definir tampoco la compensación de los días trabajados durante la feria extraordinaria, y desdoblar en cuotas el pago del aguinaldo cuando sabemos que las partidas ya estaban asignadas”.
Los judiciales queremos trabajar en condiciones seguras para nosotros y la ciudadanía que debe tener garantizado el acceso a la justicia. Sin medidas de cuidado, sin ejecución de recursos para prevención, sin políticas sanitarias tomadas por todos los organismos, complementarias una de las otras, y no por cada uno, reabrir los tribunales es una invitación al suicidio, concluye.
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