El Concejo Municipal aprobó por unanimidad en la sesión de ayer un proyecto que reconoce el derecho a una jubilación ordinaria a todos aquellos empleados municipales que hayan estado presos por cuestiones políticas durante la última dictadura, siempre que hayan prestado 25 años de servicio y tengan como mínimo 50 años de edad. El autor de la iniciativa, el concejal Héctor Cavallero, dijo en el recinto que “de poner en vigencia está ordenanza, el municipio de Rosario será el primero de toda la República Argentina en reconocer a sus empleados municipales que estuvieron presos por cuestiones políticas el derecho a una jubilación ordinaria”.
Antonio Ratner, secretario adjunto del Sindicato de Municipales, celebró la aprobación y la calificó como una “reparación histórica”, de carácter inédito: “No hay ninguna caja de jubilaciones del país que haya pensado en una medida parecida”, dijo Ratner, quien estimó en cerca de 20 los empleados que estarían en condiciones de acogerse al beneficio de la jubilación anticipada.
El gremialista aclaró que los que decidan acogerse al reconocimiento dispuesto en la ordenanza gozarán, como el resto del los empleados municipales, del 82 por ciento móvil de los salarios de los trabajadores en actividad.
Ratner enmarcó la sanción de ayer en un proceso que “se inició con la lucha por la reincorporación de los trabajadores cesanteados durante la dictadura, y que luego siguió con el reconocimiento de los años de aportes no realizados durante las cesantías”.
En el final del diálogo con El Ciudadano el dirigente informó que el diputado provincial Luis Rubeo se comprometió a llevar un proyecto similar a la Legislatura provincial para los empleados públicos del Estado santafesino que estén en la misma condición.
El proyecto, impulsado por el Sindicato Municipal, y llevado adelante por el concejal Cavallero, regirá, una vez puesto en vigencia por el Ejecutivo, para los “ex presos políticos que con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, y/o privada de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles, que hayan prestado veinticinco años de servicio y tengan como mínimo cincuenta años de edad”.
“Es nuestra tarea ser los voceros de los que no tienen voz, solidarizándonos con el dolor de aquellos que padecieron las cárceles o que vivieron y sufrieron el exilio”, dice en uno de sus pasajes el proyecto aprobado, y luego agrega: “Éste es el momento de llevar adelante otro tipo de reparación a los sobrevivientes de tan aberrante dictadura que padecieron y padecen huellas imborrables producidas como consecuencia de lo vivido”. Por último, agrega que la ordenanza es una “forma de paliar y reconocer lo que difícilmente se pueda reparar íntimamente, en el alma, allí donde se imprimen los dolores de la prisión, la tortura y el destierro”.
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