Luciana Mangó
Omar era uno de los alumnos que en 2016 asistía a los talleres que el colectivo Bemba del Sur dictaba en la Unidad 3. Había terminado el secundario y quería seguir estudiando. Les contó a los docentes y junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) armaron un proyecto de educación en cárceles. Al año siguiente Omar empezó a estudiar diseño equipacional en el Iset 18, con permisos especiales y acompañado por docentes y estudiantes de la UNR. Como Omar, otros 20 jóvenes privados de la libertad se anotaron para estudiar una carrera universitaria desde las cárceles del sur provincial. A ellos se sumaron otros 220 que participan de los cursos de oficios en el marco del programa Nueva Oportunidad.
“El objetivo es que puedan correrse de la idea de ser preso para estar preso como algo transitorio. Cuando empiezan las carreras, piensan que no van a recibirse porque nunca se pensaron como estudiantes. La paradoja es que puedan estudiar desde la cárcel cuando no lo hubieran pensado estando afuera”, dijo a El Ciudadano Mauricio Manchado, docente de la UNR y miembro de la Bemba del Sur.
Desafíos
El programa de inserción a la Educación Superior a Personas Privadas de su libertad empezó en junio de 2017 a partir de un proyecto de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto con la Bemba del Sur, un grupo de docentes que trabaja con personas presas desde hace una década.
Mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, los detenidos accedieron a los denominados cursos de competencia específica. Tienen certificados emitidos por la Facultad de Ciencia Política y los habilitan a ciertos beneficios, como adelantar la salida transitoria. En paralelo, la facultad firmó otro convenio con el programa Nueva Oportunidad a mediados de junio del año pasado. Más de 220 jóvenes se capacitaron en oficios dentro de cinco unidades penitenciarias de toda la provincia y de dos del sistema de pos-penitenciaria.
“El desafío transversal de todo el programa es disputar los sentidos que construye la prisión. Las personas detenidas que provienen de sectores populares son jóvenes que no tuvieron acceso a estudios regulares. Creen que están ahí para permanecer y que no tienen otro destino más que salir y entrar en el circuito delictivo o en trabajo informales. Instalamos la posibilidad de otros horizontes y de interpelar los estereotipos dentro de la cárcel”, contó Manchado.
En la Unidad 6 hay talleres de audiovisual, comunicación y cooperativismo. En la Unidad 11 hay cursos escritura, encuadernación, filosofía y audiovisual; en la Unidad 16 de encuadernación; en la Unidad 3 de narrativa, rap, cumbia, comunicación y arte; y en la Unidad 5 de agrocosmética.
Pero además de los cursos y talleres, cerca de 20 jóvenes fueron por más y decidieron comenzar una carrera universitaria dentro del penal. Y en la unidad 6 de Rosario ya hay dos alumnos de Ciencia Política y uno de Comunicación Social que terminaron primer año.
Este año ingresará otro grupo a las carreras de Comunicación Social, Ciencia Política, Farmacia, Administración de Empresas, Psicología, Trabajo Social, Paisajismo y Abogacía.
“Se vinculan con carreras que conocen de primera mano a través de docentes y acompañantes. Antes de anotarse, les hacemos entrevistas para ayudarlos a elegirla. Tienen las expectativas y los temores de cualquier estudiante universitario. Una vez que empiezan a cursar los miedos desaparecen y se reafirman como estudiantes universitarios”, señaló Manchado.
La modalidad de estudio depende de las condiciones de cada detenido. Si tienen permisos de la Justicia van a cursar a la Facultad. De lo contrario, estudian desde la cárcel en aulas universitarias creadas especialmente dentro de los penales. Los docentes van a las unidades a dar clases de consultas y a tomar examen que los estudiantes rinden “libres”. El objetivo, contaron los organizadores, es ampliar el programa y que los detenidos puedan cursar dentro de las cárceles.
Además, desde la Facultad de Ciencia Política hicieron un acuerdo con la fotocopiadora para que los estudiantes accedan a copias de cada materia. Según los penales, también cuentan con una computadora, sin acceso a Internet o con filtros, para leer materiales en digital.
“En algunas cárceles no hay escuelas o las dinámicas no les permiten acceder al estudio. El Estado tiene que garantizar el acceso a la educación como un derecho para las personas privadas de su libertad. Queremos sociedades más inclusivas y justas, que no reduzcan presupuestos en educación. Los que participan del programa y salen en libertad construyen otros horizontes que no están ligados a lo delictivo o lo informal. Pedimos políticas estatales más sólidas y expandidas”, concluyó Manchado, y dijo que según un informe de la UBA de 2015 un 85 por ciento de las personas detenidas que estudiaron no volvieron a reincidir.
Ampliar horizontes
Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencia Política también señalaron que el programa surgió del deseo de los detenidos.
“Hubo una decisión de nuestra secretaría de ampliar las áreas de incumbencia. Buscamos a los que venían trabajando en las cárceles del sur de la provincia y articulamos convenios con los Ministerios de Seguridad y Educación para un crecimiento institucional”, dijo a El Ciudadano la secretaria de Extensión, Paula Contino.
“Los estudiantes son actores decididos y protagonistas. No son beneficiarios ni destinatarios de la tarea. La educación es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. El conocimiento es un bien público y social. Es una puerta de acceso para elegir. Es emancipatorio, genera libertad y permite construir una ciudadanía diferente y una democracia sustantiva. En este programa le agregamos al pensamiento crítico la sensibilidad que estuvo disociada de la producción científica para generar conciencia en estudiantes”, añadió.
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