Policiales

Antes de una decisión

Jefas regional y general de los fiscales, esta semana a la Legislatura por el escándalo del MPA

La Comisión de Acuerdos citó para este miércoles a la responsable de la Segunda Circunscripción, María Eugenia Iribarren, y un día después a la cabeza provincial del organismo acusador, María Cecilia Vranicich. Las acusaciones cruzadas entre Edery y Socca y Moreno desnudaron la crisis


La Comisión Bicameral de Acuerdo de la Legislatura citó para esta semana a la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y a la jefa de los fiscales de toda la provincia, María Cecilia Vranicich, por el desborde en el Ministerio Público de la Acusación desatado con la acusación de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery durante una audiencia, lo que desnudó además de presuntas irregularidades, rivalidades internas que interfieren en las causas penales.

Iribarren estaba citada para este miércoles a las 10. Es porque el escándalo se produjo en la regional que comanda. A Edery sus colegas le reprocharon una relación comprometedora con la acusada Mariana Ortigala. El fiscal dijo que era su informante, una figura que en la provincia no está del todo definida legalmente. Y afirmó que se lo había comunicado a su jefa. Al mismo tiempo, reprochó a sus acusadores de poner en peligro la vida de la mujer al revelar su condición públicamente.

En base a las conversaciones por whatsapp ventiladas durante una audiencia en el marco de la investigación de extorsiones, ataques incendiarios y balaceras contra el dueño de la cadena de agencias de quinielas El Califa, Socca y Moreno denunciaron penalmente a Edery por “encubrimiento”. Es por el intercambio de información sensible con Ortigala, señalada como testaferro de la banda Los Monos y antes testigo clave para la condena a perpetua del narco Esteban Alvarado. También, por no remitir a sus pares datos relevantes para otras causas surgidos de las conversaciones con la mujer.

Aunque al principio el tratamiento del tema quedó dentro del MPA, luego el Auditor General del organismo, Leandro Mai, decidió inhibirse con el argumento de que las faltas que le adjudican haber cometido a Edery son graves y exceden sus facultades de intervención. El funcionario expuso esas razones el miércoles de la semana pasada en la Legislatura, y entonces la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionela Catallini, anunció que el cuerpo iba a convocar a las jefas de fiscales Iribarren y Vranicich.

La fiscal general está citada para este jueves. En principio, los legisladores no le asignan una responsabilidad directa por la situación de la regional Rosario, como sí lo hacen con Iribarren. Incluso, le conceden la rápida reacción mostrada al ordenar el “monitoreo” –virtual intervención– por 90 días de tres áreas clave de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que encabezaba Edery, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Balaceras y la Unidad de Homicidios Dolosos por “la situación de gravedad institucional que está atravesando” el organismo. También, le reconocen haberle pedido a Iribarren que a los tres fiscales involucrados en las denuncias cruzadas los aparte de las causas en las que pueda sospecharse falta de objetividad. Sin embargo, insisten en que la fiscal general es la cabeza institucional del organismo santafesino puesto en entredicho, y quieren que informe sobre su situación.

Ua vez que escuchen a Iribarren y Vranicich, los senadores y diputados de la Comisión de Acuerdos decidirán si intervienen y en ese caso inician un proceso disciplinario contra Edery y su jefa regional.

 

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