Ezequiel Nieva
“No puede ser que no encontremos acuerdos en una provincia donde siempre los encontramos. La peor señal que la política le puede dar a la gente es que sea incapaz de lograrlos”. En esos términos, el intendente Pablo Javkin les reclamó a los legisladores del Frente Progresista un entendimiento con el oficialismo para sancionar la Ley de Necesidad Pública que reclama el gobierno de Omar Perotti.
La delicada situación financiera de los municipios y las comunas de toda la provincia puso a los intendentes en modo lobby. En esa línea, el propio Javkin asumió el compromiso de convencer a los diputados del Frente Progresista, que tienen mayoría en la Cámara baja, para que acuerden con el PJ una ley posible que ayude tanto a la provincia como a las ciudades y las comunas a superar la crisis económica.
“La oposición debe entender el momento, que es lo que he pedido y logrado, en mi caso, en el Concejo Municipal y, puntualmente, me parece irresponsable que los diputados opositores (del Frente Progresista) digan que los ingresos van a crecer por la coparticipación. Eso no va a suceder y no se puede plantear. Es imprescindible el endeudamiento externo”, reclamó el intendente de Rosario en un mensaje directo al presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz y los representantes del Frente Progresista, que tienen la llave para darle tratamiento al proyecto que la semana pasada tuvo media sanción en el Senado.
La posición de Javkin no es una novedad. En febrero, junto a su colega de Santa Fe Emilio Jatón, mantuvo reuniones con diputados y senadores de la UCR, que forman parte del Frente Progresista, para tratar de avanzar en un acuerdo con el oficialismo que habilite la sanción de la Ley de Necesidad Pública remitida por el Ejecutivo a la Legislatura, por la cual se declara la emergencia hasta fin de año en seis áreas del Estado: social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.
Sin embargo, las negociaciones ente el oficialismo y la oposición en el Senado, monitoreadas desde la Casa Gris, no llegaron a buen puerto. La semana pasada, el bloque de senadores del PJ le dio media sanción al proyecto original enviado por Perotti, mientras que dos senadores de la UCR se abstuvieron y otros cuatro votaron en contra. La iniciativa con media sanción ingresará formalmente este jueves a la Cámara de Diputados y desde el bloque mayoritario del Frente Progresista ya avisaron que no están dispuestos a darle un tratamiento exprés como pide el gobierno, ya que necesitan tiempo para estudiar el alcance de la ley.
Disconforme con la postura de los diputados de su propio espacio, Javkin les envió un mensaje claro este miércoles, a pocas horas de la sesión: “Necesitamos herramientas extraordinarias en materia financiera para enfrentar esta crisis”. El mandatario municipal hizo el reclamo en nombre de los 170 intendentes y jefes comunales del Frente Progresista, que atraviesan en sus localidades dificultades similares a las de Rosario.
Las declaraciones de Javkin fueron después de su participación en las actividades que compartieron el gobernador Perotti y el ministro de Salud de la Nación Ginés González García.
En ese marco, en declaraciones a la prensa, el intendente de manifestó a favor de “encontrar acuerdos” entre oficialismo y oposición y avaló las críticas que hicieron los ministros Esteban Borgonovo y Rubén Michlig a los legisladores del Frente Progresista, a quienes tildaron de “mezquinos” por no darle al gobernador las herramientas que viene reclamando desde diciembre.
“Santa Fe tiene una buena historia en este tipo de cuestiones”, dijo Javkin en relación a la posibilidad de lograr un acuerdo de gobernabilidad entre el PJ y el Frente Progresista. “Esta es una provincia que, aún con mayorías opositoras o gobiernos de otros signos, siempre encontró acuerdos. Si salimos de esta discusión sin consensos, ¿cuál será la situación para todos los que estamos al frente de los ejecutivos?”, se preguntó.
Luego, agregó que “el Frente Progresista gobierna en 170 localidades” y en su rol de vocero de los intendentes y presidentes comunales añadió: “Pregúntenle a cada uno de ellos cuál es la situación financiera y les dirán que es delicada, por eso necesitamos acordar”.
“El panorama económico es grave, es grave por la situación de la deuda y el déficit, es complicado a partir del lunes por lo que está pasando a nivel global con el coronavirus. Hay que ser responsables. Nadie puede discutir que los ejecutivos necesitamos herramientas extraordinarias en materia financiera para esta crisis. Eso no va a significar superpoderes ni facultades extraordinarias”, continuó el intendente.
“El reclamo es para todos los bloques y para el Frente Progresista. No tendrá la emoción de un gran título, pero puntualmente me preocupa mucho que alguien crea que los ingresos están mejorando por la coparticipación. Están cayendo la recaudación del IVA a nivel nacional y la de Ganancias. Desde el lunes el impacto global (por el coronavirus) golpea particularmente a los países emergentes como Argentina. Estamos haciendo desde los ejecutivos un esfuerzo para ver cómo afrontar los compromisos, estamos en medio de una paritaria en todos los órdenes, hay que reactivar la obra pública porque afecta el empleo, entonces creo que la política tiene que estar a la altura de discutir soluciones a estos temas”, remató Javkin.
Acuerdo lejano
Este miércoles por la noche, los intendentes de Rosario y de Santa Fe tenían previsto reunirse en la sede del PDP, en la capital provincial, con diputados y diputadas del Frente Progresista para plantearles de manera directa la necesidad de que avancen en un acuerdo con el oficialismo para lograr las declaraciones de emergencia que pide el gobierno.
El tema viene trabado por falta de consenso entre los dos espacios mayoritarios de la política provincial. Las diferencias tienen que ver con el nivel de endeudamiento que autorizaría la Legislatura y el destino de esos recursos. El lobby de los intendentes se explica en sus propias necesidades financieras. Pero el acuerdo político, de acuerdo a las declaraciones realizadas esta semana de uno y del otro lado, aun parece lejano.
El proyecto original de Perotti, que tiene media sanción, declara de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y establece un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, refinanciamiento de deudas y reasignación de partidas presupuestarias. Entre los puntos centrales del proyecto con media sanción se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.
Se faculta además a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que asciende a 2700 millones de pesos. Y para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8000 millones y luego dos tramos de 4000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
El proyecto original también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3200 millones), el 60% (1900 millones) se distribuirán entre Rosario (1400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.
En cambio, el dictamen de los senadores de la UCR, que el Frente Progresista pretende aprobar en la Cámara de Diputados, limita el endeudamiento a un máximo de 22 mil millones de pesos de los cuales 9000 millones de pesos serán destinados al congelamiento de las tarifas, el boleto educativo gratuito y el pago de deuda flotante, otros 5000 millones para obras, 2000 millones para el pago deudas con municipios y comunas y 6000 millones para asistencia financiera a municipios y comunas, casi el doble de lo que propone el PJ.
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