Carina Ortiz
Desde hace casi dos años es la jefa del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Hizo su carrera en el centro-norte de Santa Fe, donde además tuvo una fuerte injerencia en el Centro de Capacitación del Poder Judicial. Allí logró adquirir herramientas que volcó en su rol de titular de la defensa pública. “No concibo una forma de trabajar diferente sin capacitación judicial, sin perspectiva de género y sin principios de justicia restaurativa”, explicó la defensora General Jaquelina Balangione.
Su condición de mujer sólo se la hicieron sentir cuando tuvo que concursar para el cargo, donde aseguró que fue discriminada por género y destacó que a los cargos judiciales más altos son pocas las mujeres que llegan: el famoso techo de cristal. En diálogo con El Ciudadano contó su recorrido hasta hoy, con qué se encontró en el Servicio Público de la Defensa, las relaciones que restauró tras la salida de su antecesor y la situación de la mujer privada de la libertad en la provincia, un número que se incrementó exponencialmente en los últimos años, donde un gran porcentaje no cuenta con condena.
Balangione recibió a El Ciudadano en la oficina que posee la defensa pública en el primer piso del Centro de Justicia Penal. Fue un clima de cordialidad que dio lugar a una charla informal que dice mucho de esta mujer que ocupa el cargo más alto dentro del SPPDP. Viene del centro-norte provincial, donde su último cargo fue vocal de la Cámara Penal de la capital provincial, del que decidió salir para enfrentar un nuevo desafío.
Contó que fue una de las primeras replicadoras –como se llama a funcionarias y funcionarios que se capacitan en diversos temas y transfieren ese conocimiento en sus lugares de trabajo– de la Corte Nacional en el tema violencia y perspectiva de género, incursionó en el Centro de Capacitación, donde llegó a ser directora. Trabajar sin capacitación, sin perspectiva de género y sin principios de justicia restaurativa no está dentro de sus parámetros, explicó.
“La mujer de”…
Su condición de mujer no le impidió hacer carrera judicial, aunque debió abrir espacios y sintió discriminación por su género en el último concurso en el que se presentó al cargo de defensora General de la provincia. Explicó que su condición de esposa del ministro de la Corte Rafael Gutiérrez se utilizó para una campaña en su contra: “A mí, se me maltrató, se me discriminó por género, porque siempre se me consideró como «la mujer de» y nunca en cuanto a mi currículum”, remarcó y agregó que la descalificación fue como persona y como profesional. “Como que a mí me ponían, me colocaban acá. Como si fuera un objeto, al servicio o bajo las sombras de un varón, que sería mi marido”, y aclaró que esa circunstancia que se intentó instalar dista mucho de la realidad.
Después de ese mal trago, Balangione decidió aceptar el desafío, ya que para ella lo importante son los hechos. “Sabía que si llegaba al cargo sería por mi capacidad, mis méritos y no por otra cosa y si accedía al cargo me iba a dar la posibilidad de demostrarlo y creo que es lo que pasó”, aseguró.
Balangione valoró que la Defensoría General es la culminación de su carrera judicial: “Es como un broche, no porque el cargo sea alto sino por el tipo de trabajo que tengo. Veo coronada la realización de mi vocación, porque siempre tuve una inclinación y una formación vinculada con los derechos humanos”.
“Trabajar con las áreas de los más vulnerables es lo que me llevó a estudiar Derecho. Acá tengo la posibilidad de ver realizada mi vocación; además este cargo tiene mucho de gestión”, remarcó.
Funcionamiento de la defensa pública
Balangine repasó la gestión que lleva adelante desde el primero de los días que ingresó al SPPDP. “Me encontré con una estructura semiarmada, atada con alambres. Llegué sola a la defensa, no nombré asesores, no traje ninguna persona de afuera, no saqué, ni le pedí a nadie que se vaya”, dijo y agregó que así comenzó a trabajar.
“La estructura que encontré estaba idealmente armada; en la realidad no había nada. Había un esquema, una estructura con cajones vacíos con la mayoría de los cargos de primera, segunda y tercera línea cubiertos y es con la gente que trabajo hoy de maravillas”, destacó.
—¿Qué hizo con esa estructura?
—Lo primero fue establecer un circuito administrativo interno, generar el reglamento del personal, conseguir el trabajo de practicantes, pasantes, prosecretarios que no había y empecé a cubrir los cargos vacantes. Me encontré con que la mayoría de los empleados eran contratados; entonces, si bien con los contratos seguimos y no echamos a nadie, eso naturalmente se fue terminando y comenzamos a cubrir todavía con concursos esa estructura. Establecimos una nueva vinculación con la Corte Suprema de Justicia, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Consejo General de Defensores Públicos, Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Servicio Público de la Defensa de la República Argentina (Adepra), con el Colegio de Magistrados y Funcionarios, con el gremio. Es decir, aposté mucho al fortalecimiento institucional, porque la defensa estaba totalmente excluida de protocolos. A la defensa no se la invitaba a los actos, no estaba en ningún protocolo oficial del Estado, situación que está totalmente zanjada.
—Si bien hay muchas mujeres trabajando en el Poder Judicial son pocas las que ostentan altos cargos. ¿Cómo ve esta situación desde su lugar?
—En (la ciudad de) Santa Fe, la sociedad es mucho más conservadora; allí fui la primera jueza penal concursada. Antes sólo había habido una subrogante y en la Cámara Penal las dos primeras mujeres que ingresamos por concurso fuimos la doctora (Martha) Feijoó y yo. No obstante dentro del Poder Judicial ha habido un cambio. Por ejemplo, antes había dos listas para cubrir vacantes: una de varones y otra de mujeres. Hace ya un tiempo, por obra de Rafael Gutiérrez, eso cambió. Se armó una sola lista y al que le toca, le toca. Antes, si se daba una vacante en el fuero penal, mandaban a varones y si la vacante era de (el fuero de) Familia mandaban a una mujer, es decir, muy vinculado con los roles por estereotipo de género,
Balangione aclaró que sí se cumple la famosa teoría del techo de cristal: “Esto es común en todo el país. En la base, en cuanto a los empleados, la mayoría son mujeres pero a medida que va subiendo en cargos va creciendo el número de varones y decreciendo el de mujeres. El ejemplo más contundente está en la Corte: una mujer, cinco varones; en la Secretaría de Gobierno hay un varón. Nosotros en la defensoría estamos 50 y 50. Los cargos más importantes: defensoría general, en mi caso, y en las cinco regionales hay tres varones y dos mujeres. Respecto del total de integrantes del SPPDP en toda la provincia más del 60 por ciento son mujeres: 203 son defensoras y 134 defensores”.
La situación de las mujeres en conflicto con la ley penal
La jefa de los defensores públicos hizo un análisis sobre el servicio que la defensoría presta a personas con conflicto con la ley penal, en especial con las mujeres que están privadas de su libertad.
“La selectividad del sistema penal en la República Argentina por lo general recae en varones, jóvenes, analfabetos o que rayan el analfabetismo y muchos de ellos comprometidos con el consumo problemático de estupefacientes. Hoy tenemos alrededor de 6.000 detenidos en la provincia, de los cuales 230 son mujeres”, dijo.
En Santa Fe y Rosario se encuentran las Unidades Penales 4 y 5 –esta última inaugurada a mediados del año pasado–. Balangione explicó que tienen una muy fuerte presencia en todos los penales de la provincia pero remarcó que reforzó las tareas que realizan en las cárceles de mujeres.
“El año pasado se creó un programa de asistencia a las personas bajo encierro, tiene unos 6 meses de vida. Este programa ya visitó en 25 oportunidades la Unidad 4 y diez veces la Unidad 5. A lo que se suman las visitas que se hacen desde el SPPDP con las inspecciones que realizan por el régimen de torturas y el que realizan los defensores de la etapa de ejecución de la pena”, explicó.
“El hecho de que ahora las mujeres detenidas estén bajo la órbita del Servicio Penitenciario –antes estaban privadas de su libertad en comisarías– no garantiza que vayan a la escuela, que tengan acceso a la salud, recreación, educación como correspondería, eso es todo una lucha”, contó y describió: “Permanentemente estamos planteando habeas corpus. Tenemos una intervención muy cotidiana y muy marcada y tenemos un éxito judicial que a veces no se refleja instantáneamente en un éxito en la gestión, porque eso también hay que pelearlo con el Poder Ejecutivo”.
Balangione analizó las políticas públicas sobre las personas privadas de su libertad y las cárceles. “A veces los privados de libertad son el último orejón del tarro; no digo que el Estado santafesino no invierta, porque ha puesto, ha construido las cárceles, pero falta una vuelta de tuerca, coordinar las cosas y tener una mirada más clara. A mí me preocupa sobre toda la población carcelaria: ¿Qué hacemos con los presos? ¿Cuándo salen? ¿Qué quiere la sociedad?”, fueron algunos de los interrogantes que planteó.
“Lo podés ver desde la solidaridad o desde el egoísmo; me pueden decir: no quiero una sociedad donde haya motochorros, que te puedas sentar a tomar un mate en la vereda. Eso lo comprendemos, pero nos toca trabajar con la defensa de los imputados y una vez que están condenados nos toca velar por toda la etapa de la ejecución. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo salen de la cárcel?”, redobló.
Balangione explicó que hay un incremento de mujeres encarceladas. “Esto tiene que ver con una cuestión de género porque el campo del delito es el campo de lo público, entonces la mujer no salía al campo del delito”, dijo y señaló: “Había estructuras en las cuales la mujer no penetraba, pero en la actualidad la mujer ingresó y además es utilizada por el crimen organizado para ser la mal llamada mula o soldadita. Por ejemplo, en el expendio de narcomenudeo muchas veces son mujeres o son las que pasan en un colectivo de un lugar a otro droga o que van con el bebé y cometen un delito. En toda esa cadena son las más vulnerables y para la mujer es un delito que les viene bien, porque pueden seguir cumpliendo con su rol. Es uno de los estereotipos de género: estar en su casa, cuidar a sus hijos, cocinar, esperar marido. Generalmente el 90 por ciento de las mujeres que ingresan a la Justicia federal es por estupefacientes y el 92 por ciento de ellas es el primer ingreso que tienen, porque son fungibles. Una vez que la capta el sistema, el narco busca otra y ésa se queda en la cárcel”.
Género y número
La funcionaria detalló los números y también se refirió a su situación procesal: “En Rosario tenés detenidas 154 mujeres, de las cuales 69 son presas federales. De ese total, sólo 53 están condenadas. Mientras que en Santa Fe son 68 las mujeres privadas de la libertad, 13 de ellas están bajo la órbita de la Justicia federal y del total 32 tienen condena, es decir menos de la mitad”.
La defensora explicó que si bien en comparación con los hombres el número de mujeres presas es considerablemente menor el crecimiento de las detenidas en los últimos años fue significativo. A modo de ejemplo dijo: “Si en 10 años las mujeres encarceladas treparon al 20 por ciento, el porcentaje de varones fue del 3 por ciento”.
—¿Qué pasa con los niños menores de edad cuya madre está privada de la libertad?
—Los chicos viven en el encierro y el día que cumplen 4 años se lo sacan (a la madre). En este momento, no hay tantos pero en un tiempo el 13 por ciento de la población carcelaria eran niños. Ahora hay entre 9 y 10 chicos en toda la provincia que viven con sus madres en las cárceles. El día que cumple 4 no hay miramientos, se van. En el mejor de los casos son aceptados por la familia ampliada, pero generalmente, si están viviendo con la mamá, es porque no tienen a dónde ir. En su mayoría se van a la Subsecretaría de Niñez, a Casa Cuna. Por ejemplo, en Santa Fe había una chica que estaba con sus tres hijos y, de a uno, se lo fueron sacando.
Cerró la defensora General: “La ley en Argentina establece que la madre que tiene que ir presa y tenga hijos menores de 5 años debe cumplir domiciliaria. No está a favor de la mamá sino del niño, no es un beneficio de la madre, sino es un modo de atravesar la pena. La mayoría de estas chicas son pobres y excluidas del sistema, la mayoría entra por delitos o vinculados a la prostitución o al narcomenudeo, que son delitos de tipo doméstico como medio de ingreso: un trabajo para ellas. La mayoría son víctimas de violencia de género que siempre responden a un varón, entonces generalmente no tienen a dónde vivir para estar en prisión domiciliaria. Tienen que tener otra persona con quien vivir, que los lleve a la escuela. Se debe plantear una gestión general: entonces, el Estado, aunque esa chica haya tenido una conducta disvaliosa, debe buscar un programa integral, un mecanismo donde pueda cumplir la pena y criar a su hijo, porque de la otra forma estás haciendo trascender la pena al chico, violando uno de los principios básicos del derecho penal: la intrascendencia de la pena.
Comentarios