Los trabajadores del hospital Italiano se hamacan entre la angustia por el atraso en el cobro de salarios y la esperanza de que la semana próxima el juez Civil y Comercial Nº 7 pueda definir el nombre del gerenciador que se hará cargo de administrar el histórico centro de salud de Virasoro y Entre Ríos al menos por los próximos 20 años.
Anteayer, el personal cobró otro 5 por ciento del salario correspondiente a enero, alcanzando así el 75 por ciento del sueldo de ese mes. Los pagos se hacen en cuentagotas y en la medida que aparecen recursos. Les adeudan los últimos dos aguinaldos, febrero, marzo y ahora abril, además del aumento, ya que el año pasado no se incorporó el 32 por ciento de la paritaria. Aun en ese contexto, el gremio, artífice de que el hospital evitase la quiebra con continuidad por la que muchos interesados presionaban, sostiene que está esperanzado en que este proceso “llegue a buen puerto”.
Sale uno, entra otro
Mientras tanto, ayer hubo movimiento en el expediente que lleva adelante Marcelo Quiroga, juez que en septiembre pasado dispuso la intervención del centro de salud.
Un escueto comunicado de prensa indicó que “de los tres grupos empresariales interesados en gerenciar, se retiró el que lideraba el doctor Rafael Díaz, mientras que se presentó como nueva interesada una asociación civil en formación denominada Iniciativa para la Salud”.
Díaz se había presentado bajo la figura de una asociación civil en formación denominada Nuova Medicina. Sin embargo ayer comunicó al juez que se bajaba de la carrera, lo que supone el retiro de uno de los grupos privados importantes de la salud de Rosario.
En su lugar aparece otra “asociación civil en formación”, constituida para pelear este negocio. Si bien ayer nadie dio precisiones, fuentes consultadas creen que detrás de Iniciativa para la Salud juegan actores de la segunda línea del negocio privado de la salud de Rosario. Y que su entrada a la subasta está vinculada con otro de los ofertantes.
Negocio estratégico
Se trata de La Casa del Médico Mutual, detrás de la cual está el empresario de la salud con origen en Rafaela Carlos Tita. Es una mutual que llama la atención que no tiene una página web propia. Su sede en Rosario es a la vuelta del sanatorio Los Alerces (ex Julio Corzo). Cuando este centro de salud quebró, Tita lo reactivó para hacer pie en Rosario, mercado donde hasta entonces no había entrado. Su pretensión posterior fue quedarse con el hospital Ferroviario, de Presidente Roca y Ocampo, pero le cerró el paso el grupo Oroño de Roberto Villavicencio, uno de los dos gigantes de la salud privada. Hace tiempo que Tita busca ganar mercado en Rosario, y ahora lo intenta con el Italiano. Es un jugador de peso en la salud de la provincia, con aceitados vínculos con obras sociales sindicales y, al menos en otros tiempos, con quien hoy es presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
El tercer oferente es la Asociación Mutual Argentina, manejada por Fernando Riccomi, propietario de la prepaga local Medycin SA y de Droguería Argentina SA, entre una diversidad de emprendimientos. Es el único que tenía una relación institucional y comercial con el hospital durante la cuestionada gestión que encabezaba Pablo Melvin y que fue desplazada por la Justicia.
Cómo sigue la película
El juzgado informó que “los tres grupos presentaron sus respuestas al cuestionario que les hizo llegar el juez Quiroga sobre distintos tópicos vinculados con la futura administración que pretenden conducir, con especial interés en la situación del personal”.
El próximo paso es enviar las tres propuestas, en primer lugar, al trío de interventores que ejercen como administradores del establecimiento. También le dará participación al síndico de la convocatoria y al sindicato de la Sanidad.
El frente penal
Mientras se dirime en la justicia civil y comercial el futuro del hospital, el fiscal penal regional Jorge Baclini dictaminará en las próximas horas sobre el pedido de reconsideración que hizo la intervención del hospital Italiano a una presentación para que se investiguen una serie de supuestos delitos cometidos por el consejo de administración desplazado en los últimos años. Si Baclini hace lugar al pedido, el escrito, más detallado en esta oportunidad en cuanto a los hechos y las responsabilidades que se intentan dilucidar, irá a parar a la unidad fiscal de delitos económicos.
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