La Justicia provincial se declaró incompetente en la investigación sobre el paradero de Valentín Ezequiel Reales y ordenó que la causa sea remitida al fuero federal como desaparición forzada de persona. El adolescente se encuentra desaparecido desde finales de 2006, cuando tenía 15 años. Su madre fue la última persona que lo vio con vida y cuando quiso radicar la denuncia en la subcomisaría 18° no quisieron tomársela. Finalmente, la búsqueda quedó en manos del fiscal Guillermo Apanowicz quien no logró resolver el caso. Centró su pesquisa en los Cuatreros, la banda delictiva de la que Valentín había formado parte, con la hipótesis de que sus miembros tomaron venganza cuando el menor quiso salir. Pero el fiscal nunca ahondó en los indicios que ponían a los agentes policiales bajo sospecha de estar involucrados en el encubrimiento de la muerte del menor. Indicios que para la jueza María Trinidad Chiabrera son “serios” y dan cuenta de “una serie de irregularidades que surgen en primer término de los lugares en los cuáles habrían estacionado móviles de la policía que prestaban servicios en la subcomisaria 18° de Pérez el día 30 de noviembre de 2016, fecha en que se llevó a cabo el primer rastrillaje que derivó en el hallazgo de la zapatilla y media reconocidas por la progenitora del niño Reales como pertenecientes a él y de restos de sangre humana”.
Sin embargo, fue el propio fiscal Apanowicz quien solicitó que la causa pase al fuero federal como desaparición forzada de persona, bajo aclaración que realizaba el pedido no por creer que existan elementos para vincular al personal policial en la causa, sino por expreso pedido de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Es que el caso fue llevado ante dos instancias internacionales, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, desde la que se realizaron pedidos de informes y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a la Justicia santafesina en tres oportunidades, la última en noviembre pasado, donde se califica el caso como desaparición forzada de persona, tal como lo había solicitado el entonces Defensor Público de Santa Fe, Gabriel Ganón.
Sin embargo, para el fiscal Apanowicz los indicios contra de agentes policiales no fueron suficientes para ahondar por allí la investigación. En su informe detalla el secuestro de los libros de guardia de la subcomisaria 18° en junio de 2018 y advirtió que de ellos surgieron “una serie de inconsistencias entre dichos, registros y la información que surge de los GPS de los móviles policiales”.
Así hace referencia a la ubicación del móvil C5834 que estuvo estacionado el mismo día del rastrillaje en un descampado de Pérez, entre las 13.42 a 14.37 del 30 de noviembre de 2016, en un campo inhóspito donde fue localizado un pozo con la zapatilla y una media del menor, sin que esté constando en el libro de guardia alguna incidencia en ese lugar que justifique la presencia policial.
Para la jueza no puede descartarse que Reales haya sido víctima del tipo penal de desaparición forzada de personas. Al respecto aclara que aunque no exista certeza hay indicios suficientes como “la intervención en las numerosas medidas investigativas de la misma subcomisaria 18° de Pérez, la posible alteración de los restos de sangre hallados en el pozo que imposibilitó realizar la pericia correspondiente y las inconsistencias e irregularidades encontradas por parte de personal de esa misma seccional policial que fue quien básicamente llevó adelante las primeras medidas de investigación”.
La jueza resalta que pese a todas esas inconsistencias, y pese a que la Fiscalía tenía bien identificados a los agentes que se encontraban dentro de esos móviles, “no se profundizó la investigación en este sentido, a lo que también se adiciona que, en más de dos años la investigación no pudo avanzar”.
Con todo, resuelve declinar la competencia de los jueces de primera instancia de la 2da. Circunscripción Judicial y ordena que la causa sea caratulada como desaparición forzada de persona, por lo que remite las actuaciones a la justicia federal de Rosario.
Lo torturaron
Valentín se encuentra desaparecido desde el 15 de noviembre de 2016. Nació y se crió en Cabín 9, el barrio límite entre Pérez y Rosario donde fue visto por última vez. Sus allegados temieron lo peor desde un inicio porque antes de desaparecer había denunciado que desde muy joven participó en una banda criminal que lo comenzó a hostigar cuando quiso salir. Así se refirió a los Cuatreros a los que mencionó en el negocio del narcomenudeo y las usurpaciones de viviendas cometidas con connivencia de la subcomisaría 18° con jurisdicción en esa zona. Algunas de las personas que el muchacho mencionó fueron detenidas, en su mayoría adolescentes como él, quien quedó desprotegido.
Tras su desaparición, los rumores del barrio decían que a Valentín lo torturaron, lo mataron y escondieron su cadáver en un campo. Esos relatos llegaron a la Justicia que realizó un rastrillaje en la zona mencionada, pero en las excavaciones sólo encontraron una zapatilla con sangre. Esa medida fortaleció la hipótesis de que el menor fue asesinado y que la noche anterior al hallazgo el dato se filtró, permitiendo que lo desentierren y hagan desaparecer su cuerpo nuevamente.
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