Enrique Blaksley Señorans enfrenta ahora un pedido de pena de 10 años de prisión por haber estafado a cientos de ahorristas con un esquema de tipo pirámide, pero aunque el ex jugador de rugby es nacido y criado en San Isidro, su nombre resonó en Rosario con escándalo aún antes de que saltara en pedazos el armado de sus ardides económicos: en 2015, el entonces concejal por el PPS Héctor Tigre Caballero denunció al “empresario” cuando intentó instalar en la ciudad una franquicia de Hard Rock Café. Fue a través de la licencia de la marca que había adquirido con su firma Hope Funds, la misma de los masivos fraudes, cuyo domicilio legal había fijado en la cuava fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves una pena de 10 años de prisión y el pago de una multa de casi 300 millones para Blaksley Señorans bajo acusación de estafar durante casi una década a 318 ahorristas. Ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que está a cargo del juicio por lavado de dinero y millonarias estafas cometidas por la quebrada Hope Funds, el fiscal Abel Córdoba pidió la condena para el “Bernie Madoff argentino”.
El apodo es por el financista bursátil estadounidense que cometió el fraude más grande de la historia de Wall Street con un esquema similar, aunque el émulo argentino renegó siempre de esa comparación. “Él engañaba con sus estados de cuenta, diciendo que adquiría ciertos títulos que nunca adquirió. Mintió descaradamente. Yo decidí invertir en la economía real. Simplemente fui un hombre de negocios que creativamente, en vez de solicitar préstamos a los bancos, los solicité a personas físicas que me prestaron plata para que yo adquiera un negocio”, argulló sobre las diferencias.
El ex jugador en el 15 de Cuba pasó de ser un vendedor de seguros de vida a montar una empresa que prometía ganancias insuperables con inversiones en desarrollos inmobiliarios. Construyó una marca que llegó a ser sponsor del prestigioso club de polo La Dolfina y se mostró con figuras del deporte como Roger Federer. Compró departamentos en Miami y promocionó la construcción de un lujoso barrio privado en Luján. No es el único imputado en la causa por las estafas mediante el esquema Ponzi. Hay otros 11, pero para ellos el fiscal solicitó penas de entre tres y seis años y medio de prisión. También en su intento por desembarcar en Rosario con Hard Rock Café tenía socios locales.
Blaksley captaba a sus inversores-víctimas con promesas de rendimientos de hasta 12% anual en dólares, una renta tan elevada y tentadora como digna de sospecha. Los fondos que utilizaba Hope Funds para abonar los elevados intereses, en realidad, surgían del dinero que invertían los nuevos clientes, por lo que las inversiones no tenían un respaldo real para garantizar tamaño nivel de retorno.
Disputa de alcoba, caída libre y aviso en Rosario
El imperio montado por Hope Funds y colaterales se desmoronó en abril 2018, cuando detuvieron a Blaksley. Pero el principio del fin fue un poco antes, con el divorcio de un inversor que intentó ocultarle dinero a su esposa y quedó en la mira de la Afip. La investigación de ese caso puso al descubierto la enorme estructura de captación de fondos , que había montado el ex rugbier, sin autorización para realizar esa actividad y con movimientos financieros poco claros. Su arresto causó impacto mediático por las relaciones que había tejido con personalidades del deporte y la farándula.
En pocos meses, Hope Funds acumuló 25 pedidos de convocatoria y finalmente se decretó la quiebra.
En enero de 2019, meses después de la detención de Blaksley, ya como diputado provincial y poco antes de fallecer, Cavallero reiteró con reproches las denuncias que había hecho cuatro años antes por el intento de montar el negocio gastronómico musical en Rosario.
“Hago saber a las autoridades provinciales que en ocasión de intentar instalarse una franquicia de la marca Hard Rock Café en Rosario por medio de quienes poseían la licencia en ese momento (Hope Funds, y Enrique Blaksley Señorans, junto a inversores rosarinos), denuncié que la misma era no sólo irregular, sino que además buscaría lavar activos con la empresa como pantalla”, escribió El Tigre en ese momento.
Cavallero recordó el escaso acompañamiento con el que se opuso al desembarco, pese a lo cual el negocio se cayó: “Merced a esa denuncia y ante la solicitud efectuada a las autoridades municipales, el proyecto quedó sin efecto, ya que tras las debidas averiguaciones se notificaron que las sospechas eran ciertas y que en ese momento la Unidad de Información Financiera (UIF)”.
El ex concejal e intendente rosarino pasó factura por la liviandad con la que varios estamentos públicos autorizaron en un principio la instalación de la franquicia en la ciudad, no la única bajo sospecha, y que después le pidieron más información sobre los datos que manejaba.
“Estas últimas noticias (por nuevas imputaciones en la causa federal contra Hope Funds)… demuestran que he tenido razón en denunciar estos hechos ante la inacción de quienes hoy me piden que presente información que ellos, por ocupar esos cargos, deberían poseer. Al respecto, debo recordarles que esta sociedad fue aprobada y autorizada tanto por la Nación como por la provincia de Santa Fe, prueba de ello es que su inscripción se halla publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe de ese entonces”. Cavallero murió poco más de un año y medio después, el 2 de octubre de 2020.
Cavallero hizo punta con los reparos, pero otros acompañaron las sospechas que terminaron de dar por tierra con el emprendimiento. Una luz roja llegó del análisis del Boletín Oficial 32.867, en el que figuraba la constitución de la sociedad y la vinculación de algunos de sus integrantes con operaciones financieras investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Mónica Fein, en aquel entonces edila por el socialismo, se reunió con el fiscal federal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, para averiguar el origen de los fondos.
Despegue de la cadena británica
Poco después de que naufragara la intención del negocio por el revuelo en el Concejo, la cadena de restaurantes fundada en 1971 por Isaac Tigrett y Peter Morton en Londres, basada en establecimientos decorados con objetos de culto del rock, en especial guitarras de grupos famosos, salió a desmarcarse de las turbias circunstancias que rodearon a la frustrada sucursal rosarina. “Compraron (la franquicia) de Hard Rock de Recoleta y usaron el nombre como para decir que tenían la marca en Argentina y no era cierto. Cada vez que veo un articulo de Hope Funds, me da dolor de estómago”, se despegó en 2017 Tom Pérez, vicepresidente de la compañía para América.
La detención del presidente de Hope Funds fue ordenada junto a otras tres por parte de la jueza María Servini de Cubríay a partir de unos 38 allanamientos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, correpondientes a domicilios de sociedades, estudios jurídicos y particulares.
Blaksley fue apresado en su casa de Pacheco Golf Club. Otros que corrieron en ese momento igual suerte fueron Alejandro Miguel Carozzino, Verónica Inés Vega y Federico Armando Dolinkue, este último socio minoritario en Hope Founds.
En septiembre pasado, la Afip, en su alegato, había pedido la pena de 12 años de cárcel para Blaksley, a quien acusó de liderar una asociación ilícita. Los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, querellantes en representación del organismo fiscal, lo consideraron “único artífice, líder y organizador” de las maniobras delictivas llevadas a cabo a través de Hope Funds. Este jueves, el fiscal federal Córdoba la bajó en un par de años. El empresario recibió las noticias en la cárcel de Ezeiza por decisión propia: decidió no pagar la fianza de 450 millones de pesos que le habían fijado para seguir el proceso en prisión domiciliaria.
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