Por: Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
Mañana volverán a reunirse en la capital provincial los intendentes del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS). Se habían encontrado el 20 de abril, convocados por el santafesino Mario Barletta, para discutir alternativas de recaudación que les permitieran afrontar la política salarial acordada con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram). Ahora, de la reunión también participarán legisladores oficialistas y presidentes comunales.
El intendente santafesino espera reunir unos 200 dirigentes del FPCyS: los 20 intendentes, los 33 legisladores provinciales y los 155 presidentes comunales de toda la provincia. El objetivo, de nuevo, será analizar la situación financiera por la que atraviesan los municipios y comunas y avanzar en el reclamo que los mandatarios dejaron sellado en un documento emitido tras el primer encuentro, cuya primera exigencia es la discusión de una nueva reforma tributaria.
“Solicitamos la urgente revisión de la política fiscal que exime del pago de Ingresos Brutos a los sectores más concentrados de la provincia, la coparticipación de Ingresos Brutos y del Fondo de Emergencia Educativa por parte del gobierno provincial y el apoyo a los reclamos que la provincia realiza ante la Nación por los fondos coparticipables”, enumeró Barletta en un comunicado difundido el pasado sábado.
Además de la discusión por los fondos provinciales, los intendentes y presidentes comunales buscarán acordar propuestas para plantear ante el gobierno nacional por una distribución más equitativa de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que a la provincia llegan en escaso volumen –de 100 millones de pesos aportados en 2009, Santa Fe apenas recibió 2,7 millones– y, en la gran mayoría de los casos, destinados exclusivamente a ciudades y comunas administradas por el kirchnerismo.
La reunión se realizará mañana en el Centro de Convenciones Los Silos, ubicado en el Complejo del Puerto de Santa Fe, a partir de las 16. Allí estarán, entre otros, el intendente Miguel Lifschitz, quien acuerda con el reclamo por la reforma tributaria, tres veces negada por la Legislatura. “No solamente le han generado una dificultad económica a la provincia y a todos los municipios sino que además dejan a Santa Fe en una situación de inequidad contributiva y tributaria que realmente es muy negativa”, opinó Lifschitz consultado sobre la postura de los senadores justicialistas.
“Vamos a seguir reclamando la reforma tributaria y vamos a instalar nuevamente en la agenda política de la provincia los temas que, entendemos, son importantes para los municipios”, apuntó el intendente. Después del último rechazo legislativo –cuando se discutió en marzo el llamado “Fondo salarial”, cuyo objetivo fue dotar de recursos al Estado provincial para pagar aumentos salariales–, el gobierno de Hermes Binner anunció que no intentaría por cuarta vez la modificación de la política fiscal.
Ahora, la cruzada parece haber quedado a cargo de los intendentes y presidentes comunales. El líder de la Festram –que logró para el sector municipal un aumento idéntico al que Binner otorgó a estatales y docentes– coincide en parte con el reclamo, pero tiene sus diferencias. “Yo creo que el argumento no es muy real”, definió Claudio Leoni. “No es progresista responsabilizar a un aumento salarial por la situación financiera. Eso retrae a pensamientos del pasado”, agregó.
Sin embargo, Leoni coincidió con el fondo del planteo: “Es necesario que en la provincia paguen los que más tienen. Lamentablemente, gran parte de la Legislatura no lo interpretó así”. Y acusó: “Entiendo que hay sectores de la Legislatura pueden estar vinculados con determinados intereses económicos, que hoy son los más importantes de la provincia y que están exentos de pagar impuestos. Me parece injusto porque pagamos los trabajadores, pagan los pequeños y medianos empresarios, los sectores de servicios, pero las empresas líderes, las más concentradas, están exentas de pagar Ingresos Brutos. Y eso es un acto de injusticia”.
Tres veces Binner intentó gravar a la industria y a la construcción –y, en el último caso, el kirchnerismo dio su apoyo a cambio de que también se grave la producción oleaginosa– y las tres veces el Senado lo rechazó y acabó imponiendo su estrategia. En la segunda ocasión, cuando se discutió el presupuesto 2010, la oposición aceptó la suba de los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano y la de Patente. En ambos casos, lo recaudado se gira en un 90 por ciento a municipios y comunas, hecho del que Leoni desprende la conclusión de que no es urgente el debate por un nuevo esquema impositivo si el único motivo son los salarios municipales.
“La posición de los intendentes es errática en el sentido en que han sido los más beneficiados del proceso de reforma tributaria”, explicó el secretario general de la Festram. “No nos olvidemos que el aumento del impuesto Inmobiliario impacta directamente en las arcas de los municipios, lo mismo el aumento de Patente. Si no, los senadores, con responsabilidad territorial, no hubieran votado nada en contra de los intendentes”, razonó Leoni. “Me parece que hay que ser honestos y legitimar los números, porque además hay una perspectiva muy importante de crecimiento en la Argentina y la coparticipación nacional ayudará en ese sentido”, indicó.
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