Un fiscal federal imputó este lunes al intendente de la localidad de Aguaray, del norte salteño, Jorge Prado, a su secretario de Hacienda y a un empresario por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Es por lo que calificó como el robo de caños del gasoducto del NEA pertenecientes a la empresa Enarsa que fueron vendidos a una firma privada.
Fuentes judiciales informaron que, en una audiencia realizada, a través de videoconferencia, la Fiscalía Descentralizada de Orán, representada por el fiscal general Eduardo Villalba, imputó a Prado, a su secretario de Hacienda, Freddy Marcelo Céspedes, y al empresario Diego Alos, titular de la firma Osypsa, por fraude en perjuicio de la administración pública. Se trata de un delito para el que se establece una pena de dos a seis años de prisión.
La imputación surgió del trabajo realizado por una comisión especial creada y dirigida por Villalba en representación de la Fiscalía de Distrito Salta. El cuerpo fue integrado por la Sede Descentralizada de Orán y el fiscal de Tartagal, Marcos Romero.
La audiencia se realizó bajo la dirección del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ante quien el fiscal consideró que la imputación a los acusados surge de “haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios”, por entender que Prado “autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea” que pasan por Aguaray.
Para el fiscal, hubo una desafectación de las cañerías para introducirla en el comercio y venderla a la empresa Osypsa.
En este sentido, el fiscal Villalba hizo referencia a la resolución municipal firmada por Prado, el 23 de diciembre pasado, a días de asumir como intendente, mediante la cual resolvió, junto a su secretario de Hacienda, “disponer en favor de Osypsa los caños que eran parte del gasoducto”. La empresa había sido creada un año antes.
Para el fiscal, esta conducta “constituye fraude a la administración pública, por realizar actos en claro detrimento y perjuicio del Estado Nacional”.
“A juicio de esta fiscalía -dijo-, el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también está comprendido Alos, que aparece como el adquirente de los bienes de propiedad del estado nacional”.
En su relato, Villalba describió como primer hecho el sucedido el 7 de febrero pasado, cuando en la Sección Aguaray, de Gendarmería Nacional se denunció que dos camiones transportaban al menos 30 caños de acero de 24 pulgadas pertenecientes al gasoducto.
“Uno de los conductores de estos rodados exhibió como documento que lo autorizaba al traslado de los caños, la resolución de la Municipalidad de Aguaray”, reveló el fiscal.
Luego, comentó que el 14 de abril pasado, por otra denuncia, personal de Gendarmería Nacional del Escuadrón 52 de Tartagal pudo establecer nuevamente la presencia en la zona de dos camionetas que llevaban once caños cada uno.
Ante ello, la fiscalía avanzó en la investigación e individualizó a los presuntos autores de este hecho -dos hombres-, en este caso calificado como robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda; uno de ellos cuenta con antecedentes por el delito de estafa.
El fiscal solicitó al juez que ordene la captura de esas personas, entre otras medidas, porque en principio no fueron halladas en su domicilio.
Otro hecho relacionado ocurrió en Alto La Sierra, en el norte salteño, en el que actuó la justicia provincial y se ordenó la detención de Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez, quienes habrían participado de la adquisición de 77 caños, todos pertenecientes a la empresa Enarsa, por robo calificado.
Tras los pedidos de la fiscalía, el magistrado cedió el tiempo a los imputados y sus defensores, pero decidieron no prestar declaración indagatoria ni realizar planteos.
Parece todo planeado desde el principio
El Ministerio Público, en su resolución, destaca que “esta maniobra se despliega apenas se produce la asunción del nuevo intendente“. Y explica: “El mismo día que asume Prado, ya aparece en escena (el empresario) Alos. Y lo hace con una nota con fecha del 10 de diciembre de 2019. Así, y cuando aún no se habían acabado de acallar los aplausos por la asunción del intendente, la nota que tenía como virtud facilitar la entrega de los caños, es presentada formalmente. Obviamente, se trata de una acción que señalamos como indebida”.
El texto resalta que trece días después, el 23 de diciembre, Prado “concreta su parte” y emite la resolución 1215/19, en la cual “se aducen razones ambientales que, aún en el caso de estar acreditadas o no, ello tampoco autorizaría a la disponibilidad de esos bienes”. Por otra parte, hubo desacuerdos en el gabinete municipal con la decisión de Prado respecto a los caños: entre ellos mencionó a un funcionario municipal que por disentir al respecto se vio obligado a renunciar.
Medio ambiente y juegos para niños
Por último, y respecto a la contraprestación por esta maniobra, señalada por las mismas partes, el fiscal Villalba reveló que “más allá de que haya sido plata o una fortuna, de ninguna manera esto modifica o enerva la gravedad del delito al que hago referencia”. Explicó, en ese sentido, que a cambio de la resolución que permitió la desafectación de los caños se acordó una contraprestación consistente en el arreglo de una plaza y juegos para niños e iluminación, todo con el fin de mejorar un espacio de recreación en beneficio de los vecinos. “Esta contraprestación, así planteada en estos términos, se presenta como inadmisible, como un insulto a la inteligencia, pues entregar bienes del estado nacional a cambio de juegos para niños es muy loco, es totalmente inexplicable”, aseveró.
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