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Inspectores de la Ansés saldrán a combatir el trabajo en negro

Se trata de unos 800 agentes, según lo anunció el ministro Carlos Tomada en una reunión con sindicalistas y empresarios.


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El ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada anunció ayer que 800 inspectores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) se sumarán para combatir el trabajo no registrado. El funcionario aseguró que en la lucha contra el trabajo no registrado se apuntará contra las empresas registradas y no registradas que tengan empleados en negro, como también los empleos en el servicio doméstico.

El ministro se expresó de este modo ayer al encabezar en la sede de la cartera laboral una reunión con empresarios y sindicalistas, para abordar la problemática del empleo en negro, como lo anticipó la presidenta Cristina Fernández en el marco del diálogo social.

Las tareas de fiscalización, según indicó Tomada, “las llevan adelante inspectores del propio ministerio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. El ministro aclaró que “una cosa es el trabajo en negro en empresas registradas”, que requiere un “abordaje de inspección y fiscalización”, y otras medidas serán necesarias para el caso de las “empresas no registradas”.

Tomada se expresó de este modo durante el encuentro en el que participaron la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el titular de la Afip, Ricardo Echegaray; y el titular de la Ansés, Diego Bossio.

A la cita concurrieron alrededor de treinta invitados, muchos de los cuales estuvieron reunidos con la presidenta en la Casa de Gobierno, como el caso de Daniel Funes de Rioja por la Copal, Osvaldo Cornide por la Came, y representantes del sector bancario. Por el lado de los dirigentes gremiales, entre otros, participaron el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, y Pedro Wasiejko (CTA).

Tomada destacó los trabajos de “inspección, concientización de los actores sociales y la simplificación registral”, como ejes del primer retroceso del trabajo no registrado. En ese contexto, puntualizó que la precariedad laboral “retrocedió en 18 puntos porcentuales”.

En esta etapa, el ministro indicó que “las medidas tienen que ver no solamente con que hay trabajo informal en empresas no registradas, sino también en empresas formales y un nivel importante de trabajo no registrado en casas particulares”.

Tomada aclaró que hay dos sectores “críticos” en cuanto al nivel de trabajo no registrado, como el rural y el doméstico, y aclaró que “para esas actividades se van a generar ámbitos especiales para tratarlos”.

Indicó que “la informalidad es notable en las unidades productivas pequeñas, con menos de cinco empleados” y se buscarán las respuestas específicas para estos problemas.

Y anticipó: “Vamos a poner en consideración un conjunto de medidas, como el fortalecimiento de las facultades del ministerio en materia de inspección; un registro de empresas recurrentes en uso de trabajo no registrado y una unidad de control en materia de tercerización fraudulenta”.

Según destacó Tomada, “entre 1980 y 2000 la informalidad laboral se duplicó. La Argentina llegó a tener el 50 por ciento del trabajo no registrado”.

Además, sostuvo que “solamente a partir de septiembre de 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner lanza el programa de trabajo registrado, empezó el diseño de políticas públicas para hacer retroceder el trabajo no registrado”, hasta llegar al 32 por ciento actual.

Repercusiones del encuentro

Sindicalistas y empresarios coincidieron ayer en la necesidad de luchar contra el trabajo no registrado, y mientras el titular de la CGT, Antonio Caló, adelantó su voluntad de “colaborar con el Ministerio de Trabajo”, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, pidió “no pensar sólo en sanciones”.

Al término de la primera reunión de la comisión contra el trabajo no registrado, Caló calificó como “una muy buena medida formar una mesa tripartita para tratar de evitar este flagelo”. El metalúrgico agregó: “El 32 por ciento de informalidad es mucho, pero en los 90 estábamos en el 50 por ciento”.

Por su parte, Funes de Rioja dijo que es preciso “crear las condiciones para la formalización de los empleados no registrados”, y pidió “analizar los problemas específicos de cada sector”.

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