El gobernador Omar Perotti se reunió este miércoles con los presidentes de todos los bloques de la Cámara baja con el objetivo de acordar políticas de seguridad, frente a la escalada de violencia que golpea de manera especial a Rosario y la causa de espionaje ilegal que estalló la semana pasada. La pretensión del gobierno era lograr consenso para agilizar el trámite parlamentario de las distintas normas vinculadas a la seguridad, al menos la declaración de la emergencia. Pero desde la oposición, aunque valoraron la convocatoria, fueron a pedir respuestas del gobernador frente a la causa de espionaje ilegal que involucra al ex ministro Marcelo Sain y a varios de sus funcionarios, y que motivó allanamientos en el Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe. El reclamo no cayó bien en el Ejecutivo provincial: aunque la oposición valoró el inicio de un sumario ordenado por el gobernador en el Ministerio de Seguridad, impulsa a la vez una comisión investigadora.
Perotti presidió la reunión junto a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; los ministros de Seguridad, Jorge Lagna; de Gestión Pública, Marcos Corach; de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; y distintos funcionarios provinciales. También estuvieron presentes los presidentes de todos los bloques de Diputados.
Según se informó, el gobernador hizo una breve introducción en el inicio de la reunión, para luego dar paso a los legisladores. El primero en salir del encuentro fue el presidente del bloque del Frente Amplio Progresista, Joaquín Blanco, quien, aunque valoró la apertura al diálogo, consideró que “se perdieron dos años”.
“El gobernador planteó que comenzaba una nueva etapa, se confirma que se perdieron dos años”, dijo Blanco y aclaró que “esta nueva etapa tiene que empezar con un amplio acuerdo político”.
“Esperemos salir del diagnóstico y pasar a lo concreto”, señaló en otro pasaje de su exposición frente a la prensa, y advirtió que “al Ejecutivo le toca designar el equipo y poner un plan de seguridad”.
También valoró como positiva una propuesta del gobernador para presentar un proyecto en el Congreso de la Nación para reformar la Justicia federal.
En relación a la causa de espionaje ilegal, dijo: “El gobernador dijo que se puso a disposición de los fiscales y que los iba a acompañar, y que todo el resultado de la auditoría que le encargó ayer al fiscal lo iba a poner a disposición de la Justicia”.
Por último, se refirió a la propuesta de la oposición de armar una comisión investigadora por la causa de espionaje ilegal: “Le dejamos la sugerencia al gobernador, no se pronunció al respecto, tiene que ser una comisión independiente que investigue uno de los hechos más graves que pasó en la provincia de Santa Fe, que es la causa de espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad”.
“Fue un clima de muchas propuestas, todos los bloques trajeron ideas concretas”, remató Blanco, quien ofició de vocero de la oposición.
En la previa del encuentro, el ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, señaló: “Hace dos años que los índices de inseguridad pública vienen aumentando en la provincia de Santa Fe, y siempre desde la oposición pedimos un diálogo institucional entre los poderes del Estado que lamentablemente no se había dado y se da en el peor momento, con récord en todos los índices de inseguridad: homicidios, robo calificado, hurto, entraderas, temas muy complejos para la provincia de Santa Fe, y lo que sucedió el viernes, que todavía estamos atónitos, porque que allanen el Ministerio de Seguridad, que secuestren los teléfonos celulares a los funcionarios de primera línea, que deberían estar cuidándonos, por la fuerte presunción de que éramos muchos, por el sólo hecho de pensar distinto, investigados de manera ilegal, que había una empresa criminal dentro del Estado provincial, del Ministerio de Seguridad, dedicada a la extorsión, la verdad es que nos llama poderosamente la atención y por supuesto vamos a pedir explicaciones”.
Al mismo tiempo, y con la firma del presidente del partido, Carlos Fascendini, la UCR emitió un duro comunicado, en el que expresó “profunda preocupación ante la situación que se genera en torno a la investigación que se lleva adelante sobre una red de obtención ilegal de información sobre distintas personas, que habría funcionado con recursos del Ministerio de Seguridad de nuestra provincia”.
Lo que se investiga -según las informaciones que se dieron a conocer- constituye un hecho gravísimo e inédito que merece nuestro repudio: estos hechos de espionaje ilegal nos retrotraen a las más oscuras épocas de dictadura militar y resulta inadmisible que se den en democracia”, advirtieron los radicales, al tiempo que expresaron que “el gobierno provincial no puede permanecer en silencio, sin ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía”.
Comisión investigadora
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, adelantaron que propusieron una Comisión Investigadora que trabaje para llegar a los responsables de las escuchas a periodistas y empresarios durante la gestión del Ministro Sain. “Utilizar las herramientas del Estado para escuchar y espiar de manera ilegal, es de una gravedad institucional sin precedentes. Tenemos que investigar y localizar a los responsables”, señalaron.
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