Con el objetivo de impulsar una nueva ley nacional de alquileres que regule y evite el abuso en los contratos, el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular organizó el Primer Encuentro de Inquilinos Autoconvocados, mañana a las 18, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. El encuentro contará con la participación de organizaciones de la pequeña y mediana empresa, organizaciones de la economía social y el frente de inquilinos nacionales que representa a entidades de aproximadamente 14 provincias del país.
“La propuesta de ley sintetiza el pedido de más de 75 proyectos de ley desde 2001 hasta hoy. Se plantea principalmente evitar las indexaciones en los contratos, evitar el anatocismo en los contratos, es decir, que se cobren intereses a los intereses, además de una ampliación de la duración del contrato de alquiler de dos a tres años para garantizar la seguridad familiar, y establecer una participación del Estado, mediante servicios públicos de alquileres en cada una de las provincias”, señaló el presidente de la Concejalía Popular, Nire Roldán.
Según explicó, en la actualidad existen más de 110 mil contratos de alquiler formales, junto con otros tantos informales cuya cifra es imposible de calcular con exactitud. Por ello, la propuesta de la creación de un servicio público de alquiler pretende establecer un registro de la cantidad de contratos locativos en la ciudad, donde figure quiénes son los propietarios y quiénes los inquilinos, junto con un registro de las personas que buscan alquilar y otro con los propietarios de inmuebles en el mercado y de vivienda ociosa.
“Se trata de garantizar el artículo 14 bis de la Constitución, que habla de la vivienda digna, se trata de garantizar los pactos internacionales que nuestro Estado ha suscripto donde habla de los derechos humanos, y choca con el interés irracional de mantener inmuebles ociosos que no son puestos en alquiler. La falta de vivienda se vive como una cosa cotidiana, cuando la constitución habla de defender ese tipo de derechos”, explicó Roldán.
En este sentido, destacó la importancia de establecer un régimen para evitar cláusulas abusivas en los contratos y facilitar la presentación de garantías. “Los números que tenemos indican que todos los contratos tienen entre una y tres cláusulas abusivas. Para evitar ese tipo de abuso es necesario una nueva ley nacional de alquileres que además establezca un fondo específico tomado del sector de la especulación inmobiliaria dirigido a políticas públicas que garanticen contratos dignos que hagan que todos tengan la posibilidad de acceder a un contrato justo”, agregó.
La creación de una ley para regular la actividad inmobiliaria de los alquileres es una lucha que desde la Defensoría Popular vienen llevando adelante hace años, con el consenso de parte de los legisladores, pero que sin embargo aun no logró ver luz verde en ningún recinto.
“Hemos pedido a Marcos Peña (jefe de Gabinete de Ministros) una reunión para que nos atienda a nivel nacional, también hemos pedido reuniones con diputados, pero es una lucha que lleva varios años. Todos los legisladores entienden que esto hay que hacerlo, pero cuando llega el momento en que se transforme en ley, se frenan. Peleamos contra el sector más concentrado que son los que están nucleadas en la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) que entienden que el valor del alquiler es el más bajo en términos históricos, algo que nosotros no compartimos”, advirtió el titular de la Concejalía.
En relación con lo expresado por la intendenta Mónica Fein en el discurso inaugural de las sesiones del Concejo acerca de la creación de un área oficial para trabajar con inquilinos, el ex edil señaló: “Venimos en un avance importante, entendemos que el Estado debe dar respuesta a esto, acompañamos la iniciativa de la intendenta pero queremos garantizar que los dispositivos que estamos planteando estén en esa herramienta: atender la problemática de la demanda, crear un observatorio de la vivienda social que hable de la información de los registros, y que de los mismos fondos existentes por parte de la tributación inmobiliaria se destinen fondos a favorecer un contrato justo”.
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